El alcalde Dumek Turbay Paz está pensando en un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para una SuperCartagena. Pensar en Grande…
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La confirmación del fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá contra la fiscal Claudia Elena Lozano Doria, comprueba la tesis que VoxPopuli Digital viene exponiendo con pruebas desde hace años: «Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) son dueños de la Fiscalía. La fiscal del paramilitarismo condenada por falsedad al presentar diploma de abogada falso, también garantizó impunidad a criminales de lesa humanidad. Al mismo tiempo, persiguió a los enemigos de ellos. Su caso, no es aislado, demuestra cómo el paramilitarismo cooptó a la Fiscalía hasta encubrir estas falsedades en un organismo, cuyo protocolo de ingreso debería ser uno de los más rigurosos del país. Esta conducta sistemática en el período 1998 a 2010, provocó ―desde arriba― una falla de Estado en la administración de justicia.
Un mes después de sancionar la ley 2379 de 2024 que modifica la ley 617 del 2000, el presidente Gustavo Petro declararía en la plaza pública: «Palenque ¡libre de Mahates!». Por segunda vez, este pueblo de negros libres, probará la libertad, ya no del yugo español, sino del polvoriento y olvidado Mahates, que corre la misma suerte de pobreza de los otros 45 municipios de Bolívar.
«Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) y los oficios perdidos de la Fiscalía garantizaron dos décadas de impunidad. Ellos no creen en la justicia, porque lo demuestran con su propio ejemplo de impunidad. Solo creen en el poder de su dinero y de sus armas. En el período más enlutado del paramilitarismo ―1996 a 2003― manipularon con su dinero malhabido a la Fiscalía General de la Nación hasta cooptarle. Ninguno de los fiscales que precedieron a Luz Adriana Camargo Garzón cogieron por los cachos al toro de la impunidad.
La creación de Air―e y Afinia fue un mal negocio para los usuarios y el Estado colombiano. ¿Ahora se prepara otra estafa en la que participan todos los estamentos que tienen que ver con la prestación del servicio de energía eléctrica domiciliaria? Hoy, 17 de agosto, se deben reunir los comercializadores con los generadores para buscar una salida a los problemas que la región Caribe afronta: mal servicio y altas tarifas. Hace una semana hubo una cumbre de gobernadores costeños con los empresarios y el ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho.
La nueva veeduría de Observa Público viene preparando la artillería legal para una auditoría forense. Tiene como fin establecer la trazabilidad y el destino de más de un $1 billón con que Findeter y la nación financiaron 126 proyectos de infraestructura social ―algunos inconclusos― en 21 municipios de Bolívar en los últimos 5 años. Pero, dicha inversión, no se tradujo en desarrollo, porque la gente sigue pisando boñiga de vaca. En realidad es un desarrollo cangrejero. Su atraso y retraso salta a la vista. Para un ejemplo evidente, el caso de Villanueva, al norte del departamento, a 30 minutos de Cartagena. El alcalde Eurípides Velasco Mendoza («Ipe» y su «olla podrida»), constatan lo dicho.
Cuando retornó al país el legendario «Jorge 40» de pagar su pena por narcotráfico, el presidente de la época de Palmeras de la Costa S.A, era Alfonso Macías Azuero (hijo de Alfonso Macías Vargas), sindicado de paramilitarismo. Para esa época, sospechosamente desapareció más de $30 mil millones en un robo continuado sufrido por la empresa. Lo cierto de esta trama, es que los sindicados de delitos de lesa humanidad aún conservan el 10% de esas acciones dentro de dicha compañía sin que la Fiscalía actúe.
Morir bajo las balas del sicario en un día caluroso de Cartagena, ya hace parte del paisaje. La particularidad del…
¿Hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio? Hablemos de evidencias y no de percepción.…
Por difamador, la junta directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico-Adea- filial de Fecode, expulsó fulminantemente al expresidente y actual directivo de ese sindicato, Alberto Ortiz Saldarriaga. acusado de difamador y calumniador. Este hecho sin precedentes, ocurrió a 6 días de la Asamblea General de afiliados prevista para el 31 de julio.