Las extrañas consignaciones en pesos recibidas por el subintendente de la policía, Ernesto Cogollo, uno de los agentes más activos que quieren expulsar a los campesinos del predio El Socorro (La Ingeniosa), jurisdicción del corregimiento de Pontezuela (Cartagena), podrían ser la cabeza de proceso de un supuesto soborno a funcionario público.
Browsing: Investigación
La Secretaría de Planeación Distrital anunció la actualización del expediente territorial con las mesas de diálogo. Tomando en cuenta el derecho de participación y decisión de la ciudadanía y, en particular, de los medios de comunicación, presentamos 150 preguntas del POT para Camilo Rey Sabogal, Secretario de Planeación Distrital. Esta es una solicitud de información amparada por la Constitución y la ley.
Con la captura y rápida libertad de Álvaro Luis Ospino Illera ―alias «La Negra Dominga», el presunto exterminador del clan Los Vega Daza― sugiere que estamos frente a una Justicia fallida. Con este hecho queda pintada la calidad de los administradores de justicia de Barranquilla y del país. Según la versión de prensa, bastó que lo presentaran ante un juez municipal de garantías que no observó la inconsistencia del permiso del salvoconducto con el proveedor de la pistola 9 milímetros que portaba.
Las evidencias indican que desde el día que la Fiscalía entregó el puerto marítimo a la mafia del narcotráfico y el contrabando, se desató la peor guerra del hampa de Cartagena que ―hasta el 2024― produjo una ola de 1.225 homicidios. Ese día (25 de agosto 2021) también transformó la vida de Álvaro José Barrios Díaz, (50 años) comerciante y productor de la economía popular guajiro con arraigo en Cartagena. Que de respetable comerciante pasó a ser el peor delincuente de La Heroica, gracias a un criminal complot, al parecer, urdido desde el interior de la Policía y Fiscalía.
Hortensia Morales Castilla ―cartagenera de 80 años― sufrió una fisura a raíz de un accidente. Le contó su historia a VoxPopuli Digital. Pero ella desconocía que los tres meses de dolor que padece, sin que la atiendan en Coosalud, es producto del entramado de corrupción de esa organización. Allí tienen embolatados $433 mil millones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo cerebro es Jaime González Montaño con una estructura criminal de su clan familiar. Ellos suelen pasar como exitosos empresarios. Las pruebas existentes, dicen todo lo contrario: unos esquilmadores del erario.
¿Arrepentimiento? ¿Garantía de no repetición? ¡Pamplinas! La puerca pollera nunca pierde el vicio. ¿Este decir costeño aplica para el exjefe…
¿Cómo ricos empresarios estafaron al Estado mediante el despojo violento a nativos propietarios de predios en Barú? No todos los nativos de esta isla vendieron sus predios, como hasta ahora se pretende presentar ante la justicia, el Estado y la opinión pública. Para demostrar esta fehaciente verdad, nos dimos a la tarea de seguirle el rastro al afrodescendiente Otilio Ortega, quien fue el principal calanchín de estas compras dolosas y espurias. Un rastro que nos lleva a «los hombres de atrás», ricos empresarios que amasaron fortunas mediante megaestafas contra el Estado y el despojo violento de los nativos.
Tenga mucho cuidado. Si quiere comprar propiedades en Cartagena, fíjese que no sea tierra despojada que le cause un grave problema y le quite su tranquilidad. Esta historia se refiere al caso de un grupo de usurpadores que se concertaron en una supuesta empresa asociativa de campesinos para despojar a sus legítimos dueños de 12,5 hectáreas de tierra en jurisdicción del corregimiento Arroyo de Piedra (Cartagena). Ahora sus hijos ―continuando con el legado criminal de sus padres― las están vendiendo a terceros sin anotar que es un predio despojado, objeto de dos visitas por una demanda radicada en la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
¿Por qué les llaman «Los hombres de la bolsa o del maletín» a los tres últimos subdirectores de Manejo de Desastres? La confesión más relevante de Olmedo López, exdirector general de la UNGRD, es la apropiación indebida desde la alta cúpula de la administración del presidente Gustavo Petro de $380 mil millones para comprar congresistas con el fin de facilitar el trámite de las reformas y la obtención de créditos oficiales. Como López le dio órdenes para cumplir esa tarea al Subdirector de Desastres, Sneyder Pinilla, fue citado a declarar el próximo miércoles 5 de junio por el magistrado Francisco Farfán de la Corte Suprema de Justicia.
«Atrapasueños» del ICBF, es una Estrategia Intersectorial que, teóricamente es justa y necesaria. Pero, como es inútil callar la verdad, en realidad, «Atrapasueños», sueños son. Tal cual lo dice el cuento de Unamuno. Empezando, porque no tiene monitoreo y seguimiento en sus resultados para establecer su efectividad. Pero el problema fundamental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se origina en el débil proceso de contratación que facilita la corrupción galopante.