¿Arrepentimiento? ¿Garantía de no repetición? ¡Pamplinas! La puerca pollera nunca pierde el vicio. ¿Este decir costeño aplica para el exjefe…
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¿Cómo ricos empresarios estafaron al Estado mediante el despojo violento a nativos propietarios de predios en Barú? No todos los nativos de esta isla vendieron sus predios, como hasta ahora se pretende presentar ante la justicia, el Estado y la opinión pública. Para demostrar esta fehaciente verdad, nos dimos a la tarea de seguirle el rastro al afrodescendiente Otilio Ortega, quien fue el principal calanchín de estas compras dolosas y espurias. Un rastro que nos lleva a «los hombres de atrás», ricos empresarios que amasaron fortunas mediante megaestafas contra el Estado y el despojo violento de los nativos.
Tenga mucho cuidado. Si quiere comprar propiedades en Cartagena, fíjese que no sea tierra despojada que le cause un grave problema y le quite su tranquilidad. Esta historia se refiere al caso de un grupo de usurpadores que se concertaron en una supuesta empresa asociativa de campesinos para despojar a sus legítimos dueños de 12,5 hectáreas de tierra en jurisdicción del corregimiento Arroyo de Piedra (Cartagena). Ahora sus hijos ―continuando con el legado criminal de sus padres― las están vendiendo a terceros sin anotar que es un predio despojado, objeto de dos visitas por una demanda radicada en la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
¿Por qué les llaman «Los hombres de la bolsa o del maletín» a los tres últimos subdirectores de Manejo de Desastres? La confesión más relevante de Olmedo López, exdirector general de la UNGRD, es la apropiación indebida desde la alta cúpula de la administración del presidente Gustavo Petro de $380 mil millones para comprar congresistas con el fin de facilitar el trámite de las reformas y la obtención de créditos oficiales. Como López le dio órdenes para cumplir esa tarea al Subdirector de Desastres, Sneyder Pinilla, fue citado a declarar el próximo miércoles 5 de junio por el magistrado Francisco Farfán de la Corte Suprema de Justicia.
«Atrapasueños» del ICBF, es una Estrategia Intersectorial que, teóricamente es justa y necesaria. Pero, como es inútil callar la verdad, en realidad, «Atrapasueños», sueños son. Tal cual lo dice el cuento de Unamuno. Empezando, porque no tiene monitoreo y seguimiento en sus resultados para establecer su efectividad. Pero el problema fundamental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se origina en el débil proceso de contratación que facilita la corrupción galopante.
Dentro del viejo conflicto de tierras de la familia nativa de los Girado con el empresario Gabriel Echavarría Obregón, en Playa Blanca (Barú), Cartagena, el inspector de policía de Pasacaballos, Fernán Pérez Saravia, le concedió a los supuestos invasores (los Girado) 5 días hábiles para desocupar el lote del cual hacen posesión en Punta Seca, isla de Barú. Si bien esta decisión despertó un malestar generalizado dentro de la comunidad nativa que podría ocasionar hechos que lamentar, ello reflejaría un presunto tráfico en la Secretaría del Interior de Cartagena como en las inspecciones de policía.
Se cierra el cerco judicial al concejal Aponte. Con el llamamiento a juicio al capitán Iván Darío Cadena Tanganá, condecorado con la Gran Cruz de la Independencia de Cartagena, al parecer, expareja del exconcejal Luis Cassiani Valiente, se está acercando el cerco judicial al concejal sub judice Pedro Aponte García (Cambio Radical). Sería el hombre de atrás del complot que determinó el complot del kilo de droga contra Gloria Estrada Benavides, en la época de los hechos, presidenta del concejo distrital de Cartagena, y su pareja permanente, el empresario Martín Barreto de la Hoz.
Así como están abandonadas física y administrativamente las inspecciones de policía de Cartagena de Indias, no contribuyen a la seguridad de la propiedad sino que amparan el despojo a los campesinos. Por ejemplo, ante la Inspección Rural de Policía de Pontezuela, al norte de Cartagena de Indias, jurisdicción de la Localidad Dos, asistimos a la expedición de un amparo policivo con una presunta motivación falsa. Solo busca legalizar el despojo a los campesinos para entregarle la propiedad a oportunistas del negocio inmobiliario y turístico de Cartagena aliados con inversores foráneos.
Así como hay grandes despojadores en Cartagena de Indias, también hay pequeñas empresas, al parecer, instrumentalizadas para defraudar y despojar a personas que buscan adquirir alguna propiedad. Es el caso de la supuesta Empresa Comunitaria Campesina de Arroyo de Piedra. En su contra tiene una demanda de restitución de tierras y próximamente una denuncia penal contra sus directivos. Las evidencias indicarían que sus miembros estarían incurso en un delito de concierto para delinquir en perjuicio de legítimos y pacíficos poseedores de terrenos que ellos mismos han vendido.
¿Por qué es una cortina de humo la vinculación de Nicolás Petro Burgos con Lost Prevention y, de contera, con el Clan Los Vega? Empecemos por decir que no existe evidencia alguna de dicha relación del hijo del presidente Petro con esa entidad. En primer lugar, los representantes de la empresa desmintieron esa versión. En segundo lugar, así está demostrado en las investigaciones de la Fiscalía Seccional Atlántico con radicados No 080016001055202205531 y 080016001055202201161.