¿Alias «el Tractor» puede hacer trasladar a una fiscal? Liliana Velázquez Trespalacios, fiscal seccional 53 de Bolívar, no había hecho nada extraordinario en estos últimos 3 años para combatir los delitos contra la administración pública en el Distrito de Cartagena como en el departamento de Bolívar. Pero, cuando ya tenía un proceso penal por prevaricato contra William Dau Chamat para imputación de cargos y medida de aseguramiento (¡oh, sorpresa!), desde Bogotá, le vino su traslado para la región del Magdalena Medio.
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Nómina paralela. Mientras el alcalde William Dau y su asesora para la Transparencia, Daniela Puello, defienden la lucha contra la corrupción en la administración Distrital, la secretaria del Interior, Ana María González, sostiene supuestamente una nómina paralela en la dependencia a su cargo con miembros de la Fundacion para la Educación Multidimensional, FEM, constituida por la hoy funcionaria pública el 27 de julio de 2007.
La libertad de Dasuki, alcalde de Maicao y del exalcalde Molina Becerra por el contrato de cerca de $3 mil millones para una pavimentación de dos calles de esa ciudad, al parecer, puso al descubierto dos actos de flagrante corrupción. Un descarado tráfico de influencia de altos funcionarios de la Fiscalía de La Guajira. Pero también, una amañada y débil acusación del fiscal Jesús Pertuz que sirvió para que los defensores de los capturados pudieran pedir la libertad de los sindicados.
¿Se les acabó la suerte a Los Intocables, la primera generación de traquetos de la AUC que se vinieron a grandes empresarios? El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, MEBAR, Jorge Urquijo, aumentó la recompensa a $100 millones por el caso de la masacre de La Loma, la misma institución, la Fiscalía y el poder judicial penal protegen grandes empresarios emergentes residentes en Curramba, llamados «Los intocables». La lista es larga. Empezamos hoy con Lo del Matadero. Concretamente con Rafael Matera Lajud, alias «300», sindicado de varios delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado y homicidios.
¿A la cárcel alcaldesa de María la Baja, Raquel Victoria Sierra Cassiani? Es el principal interrogante que se desprende de la incertidumbre jurídica en que se encuentra la funcionaria. ¿La razón? Este 21 de marzo se le escuchará en audiencia de imposición de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía 22 seccional de Turbaco que la sindica del delito de prevaricato por acción.
Hoy quedaron libres «Mariamulata» y Viviana Eljaiek por decisión de última instancia —en sede de impugnación especial— de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Contrario al día triste del mes de abril cuando se presentó de brazo con su marido Arturo Zea, Judith Pinedo Flórez transformó su primer día de libertad en un acto político. Lucía una camiseta negra estampada en letras blancas con los nombres alusivos a los héroes afrodescendientes de la historia colombiana: Biohó, Padilla, Nieto, etc.
El Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá acaba de admitir una acción de tutela mediante la cual el destacado jurista barranquillero, Renzo Montalvo Jiménez, busca que el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, finalmente revoque la autorización concedida al Distrito de Barranquilla para el empréstito de crédito externo por USD 100 millones. Este contrato fue celebrado con el Deutsche Bank AG, en calidad de prestamista, y TMF Group New York, LLC, en calidad de agente administrativo.
En el ocaso de su mandato, la Fiscalía metió en el mismo saco de la corrupción a Caicedo. Si le dictan medida de aseguramiento, jamás regresaría a la gobernación. En efecto, por lo que llamaron Robo al Magdalena, el ente acusador pedirá medida de aseguramiento contra el gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar. Estas irregularidades, presuntamente, las cometió cuando se desempeñó como alcalde de Santa Marta en 2014. Se le sindica de tres delitos: peculado por apropiación para beneficio de terceros, contrato sin los requisitos legales y falsedad. Asimismo, los exgobernadores Luis Miguel «el Mello» Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, quienes presuntamente se robaron $73 mil millones de la «Vía de la Prosperidad».
La empresa petrolera Insurcol viene realizando un papel inverso a lo que hizo la Andian en el siglo pasado. Cerca de 30 hectáreas de tierras públicas que esa empresa donó a la gobernación de Bolívar en Turbana y del área de Pasacaballos, se lo está apropiando Insurcol Ltda. Al parecer, esa apropiación es indebida, ilegal e inconstitucional. Existe varios procesos, uno de los cuales está en el Juzgado 4° Civil del Circuito. Allí existe un proceso de pertenencia espurio. Lo mismo que otros procesos que están tramitando en varios juzgados civiles de Cartagena.
El miércoles 11 de enero, día que asesinaron a Laura Isabel Ortiz Ávila, 31 años, no creía que la pudiesen matar por solo ser amante de «Paty Paty». Ese día, se produjeron dos hechos que nos hace pensar en la guerra total que se vive en el ultramundo de una Cartagena reducida al abandono y a la desidia oficial. Una ciudad caótica y presa de las mafias de diferentes pelambres. Primero, se cumplían las 72 horas de plazo de la amenaza colgada en el cadáver de la víctima de Arroz Barato. Segundo, ¿la asesinaron por ser amante de «Paty Paty»?