El escándalo estalló dentro de la propia Fiscalía. La captura de Abraham Muñoz Guerra, hijo de una poderosa fiscal, es solo la punta del iceberg de un problema más grave de corrupción en Barranquilla. Pero solo el 12 de noviembre ―día de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento― se podrá vislumbrar si el proceso judicial prospera o no, ya que se realiza en medio de una reserva y hermetismo sospechoso. Lo que parecía una acción de autodepuración terminó siendo un choque de trenes que desnuda la podredumbre de la justicia en el Caribe. Ese día intervendrán los abogados Diego Muñetón y Henry del Portillo en representación de los capturados.
La redada del 27 de octubre que sacudió a Barranquilla y al Atlántico no fue contra narcos ni políticos corruptos, sino contra su propio cuerpo de élite. Lo sospechoso es que el juez de la causa haya accedido para que las audiencias sean reservadas sin justificación legal o constitucional.
¿Acaso no es justo y necesario que la opinión pública conozca la actuación torcida de funcionarios que están llamados a perseguir al crimen y a los criminales? ¿Por qué razón la Fiscalía no se llevó este caso para otra seccional? ¿Puede desarrollarse este proceso sin sesgo de amistad, enemistad o intereses de terceros? ¿Por qué no aceptaron al exalcalde de Sitio Nuevo, la víctima, en la audiencia reservada?
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¿Guerra interna de poder?
El operativo, dirigido desde Bogotá por la Dijin, dejó al descubierto una guerra interna de poder: dos fiscales que antes comían en el mismo plato hoy se enfrentan a muerte.
Esta historia resume uno de los capítulos hitos que marca la historia de corrupción del poder judicial en Barranquilla y el Atlántico. Sin embargo, falta verse la libertad del juez municipal Promiscuo de Sitio Nuevo (Magdalena) para decidir en conciencia y no guiado por intereses propios o ajenos al derecho.
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Las dos fiscales
Todo indica que desde hace rato le tenían el ojo puesto a la poderosa fiscal Betzaida Guerra Martínez, la madre de Muñoz Guerra. Como lo señalamos en la entrega anterior, fue reintegrada en 2014 por el magistrado Luis Eduardo Cerra del Tribunal Administrativo del Atlántico como si le estuviera haciendo el mandado al difunto David Name Terán.
Recordemos que Betzaida fue destituida por tener relaciones non sancta con los jefes del hampa, especialmente de la banda de Los 40. De esto daremos cuenta en la siguiente entrega. Pero ¿quién le ponía el cascabel al gato para atrapar a la fiscal que se hizo más poderosa al amparo de David Name y de los Char? ¿Por qué la fiscal Claudia Amorocho no fue directamente contra ella si disponía de suficientes pruebas?
En este choque de trenes, las dos poderosas fiscales, al parecer, cuentan con el mismo respaldo político y la protección de los de arriba. Algunas fuentes al interior de la Fiscalía le dijeron a este periodista que una vez se hizo el operativo donde capturaron a su hijo, la fiscal buscó de inmediato el contacto con los Char.
¿Por qué pelearon las dos fiscales si comían en el mismo plato? Una ordenó las capturas; la otra respondió con amenazas. Ni el Gaula ni la Sijin fueron invitados al operativo. Se sospecha que ambas entidades están infiltradas por la red de corrupción que la Fiscalía dice querer desmantelar.
El Gaula de Barranquilla, al parecer, está penetrado por la red de corrupción. Todo indica que una de las detenidas es pareja de un alto mando de esa institución. Lo saben los jueces. Los fiscales, también. La fiscal Luz Adriana Camargo conoce perfectamente esta situación. ¿Por qué se hacen los de la vista gorda?
Este dato no es de poca monta. ¿Qué imparcialidad puede existir en los operativos del Gaula? ¿Acaso están contaminados con investigaciones y operativos segados?
Fiscal e investigadora
La coordinadora de la operación era la fiscal Claudia Patricia Amorocho Barrangán. Una fiscal que, al igual que Betzaida Guerra, tiene sombras en su trayectoria. ¿Por qué las investigaciones contra funcionarios públicos de la administración de Barranquilla y el Atlántico no han prosperado en estas dos décadas?
Como muestra de lo dicho, ponemos un pequeño ejemplo. Existe una denuncia penal del abogado Renzo Montalvo contra los alcaldes de Barranquilla (Alejandro Char, Elsa Noguera y Jaime Pumarejo) por detrimento patrimonial y prevaricato por acción con beneficios a terceros por el caso del corredor portuario.
Lo curioso, la investigadora que tiene la fiscal Amorocho es paradójicamente Margarita Bula Trujillo, capturada en el citado operativo. ¿Una fiscal trabajando con una presunta delincuente que investiga los casos que ella ordena? En estas condiciones el clima laboral se hace complejo para la productividad y efectividad de la Fiscalía. Lo primero que explotan en mil pesos son los principios de confianza y colaboración. Uno se vuelve enemigo del otro aunque estén comiendo del mismo plato.
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La defensa
Los abogados Diego Muñetón y Henry del Portillo asumirán la defensa de los capturados este 12 de noviembre. Pero detrás de los nombres y las fechas, se agita una historia que huele a repetición.
Conviene recordar que un colega de oficina de Muñetón ya estuvo tras las rejas por el mismo entramado que llevó a la detención de Betzaida Guerra, junto con 23 funcionarios públicos señalados de integrar la banda de Los 40. Aquella operación, celebrada como un golpe certero contra el crimen organizado, terminó siendo un “peo de mariposa”: mucho ruido, poco vuelo. La impunidad, como siempre, se sentó en la cabecera. La mayoría volvió a sus cargos, a seguir haciendo lo que saben hacer —y este nuevo episodio lo confirma.
Vale decir que Muñetón fue absuelto de una sanción disciplinaria mediante fallo emitido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el caso de la exsenadora Aida Merlano.
A simple vista, todo indica que la solicitud de medida de aseguramiento será una puerta abierta: libertad para los capturados. No porque falten pruebas, sino porque el sistema entero parece conspirar para que la impunidad vuelva a reinar. Otra vez.