En este informe mostraremos cómo compran las consultas previas de la ANI. Fueron convocadas con motivo del Proyecto APP Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

Igualmente, a cada consejo comunitario de las poblaciones afro que serán impactadas por el macoproyecto, la ANI le debe girar la suma de $350 millones, según la resolución No 1619 del 9 de noviembre de 2020. Primero $200 millones y luego cuando presenten el informe, se les hará un segundo giro de $150 millones. Son 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre los afectados. La obra impactará un largo tramo del Canal desde Calamar hasta Puerto Badel, corregimiento del municipio de Arjona.

En el caso de Bolívar y, específicamente, Cartagena, las consultas previas están desprestigiadas por la alta corrupción de los de arriba, pero también de los de abajo. Es el caso de los consejos comunitarios de los territorios afros asentados alrededor del Canal del Dique. En esta zona se va a ejecutar tan magna obra que tiene tiene un costo inicial de  $2.8 billones.

¿Qué son las consultas previas?

De acuerdo a la Corte Constitucional, la consulta previa es un derecho  fundamental. Se concreta a través de un procedimiento mediante el cual el Estado garantiza a las autoridades representativas de las comunidades étnicas la participación y el acceso a la información sobre los proyectos obras o actividades, que se pretendan realizar en su territorio. 

Es decir, esa participación está condicionada siempre y cuando sea susceptibles de afectarlas de manera directa y específica. Se trata de  identificar los impactos generados a sus prácticas colectivas. Así como las medidas de manejo que mitigarán, corregirán o compensarán dichas afectaciones directas.

También  se busca salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el territorio nacional. El proyecto podría afectar todos esos principios.

La sentencia T-479/18 dice:

«La consulta previa es una garantía de reconocimiento de los pueblos indígenas o tribales como sujetos de derecho susceptibles de protección del Estado, siendo imprescindible asegurar su participación libre e informada en la adopción de las decisiones que afecten directamente su subsistencia, integridad y cultura. De ello deriva su carácter ius fundamental, al ser el mecanismo por medio del cual se asegura la protección y preservación de la integridad étnica y cultural de las comunidades como grupo diferenciado».

Lo anterior quiere decir que en el caso particular de las consultas previas realizadas por la ANI en los consejos comunitarios adyacentes al Canal del Dique no cumplieron con los principios estatuidos en la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta aseveración fue hecha en el marco de la audiencia periodística convocada por Vox Populi el sábado 1 de mayo en Pasacaballos.  (Ver la transmisión en el enlace que publicamos).

De lo particular a lo general

En este estudio de caso del Consejo Comunitario de El Recreo observamos que la ANI hizo una transferencia de $350 millones el 23 de noviembre de 2020. Ese dinero estaba destinado para la realización efectiva de la consulta previa. ¿Qué ocurrió?

El 23 de noviembre de 2020, día de la consignación, el representante legal del Consejo Comunitario de la vereda El Recreo, Daniel Caraballo de Ávila, retiró, a las 9:27 de la mañana, la suma de $200 millones. Luego se la entregó al delegado nacional de los consejos comunitarios Henry Guizamano Vivas. Cinco minutos después le hizo una transferencia a la fundación Arca de Sueños representada legalmente por la esposa de Guizamano, Martha Canoles Arenilla, por la cantidad de $60 millones. El resto del dinero transferido por la ANI al Consejo Comunitario, es decir la suma de $90 millones,  se lo repartieron entre varios directivos.

Como se puede apreciar, esa es una de las pruebas reina de que en El Recreo hubo una compra de la consulta previa sin que ésta realmente se hiciera. Lo que se hizo fue un parampampam que desnaturaliza este mecanismo de participación. El objetivo no es socializar las bondades y efectos negativos del proyecto. No. El objetivo es justificar la forma cómo se pueden apropiar del dinero sin cumplir con la finalidad de las consultas previas.

La prueba

Para que no haya duda de lo denunciado en este informe periodístico, presentamos los dos recibos de retiro bancario del Bancolombia que se registraron el 23 de noviembre de 2020. Como lo dijimos, Guizamano al recibir el dinero podría estar incurso en varios delitos penales. Pero lo que se puede observar es que existe una clara incompatibilidad de participar como gestor del contratos de socialización de la consulta, cuando él es delegado nacional de las comunidades afros.

No obstante, Henry Guizamano no sería el único de incurrir en una presunta irregularidad o delitos señalados en el Código Penal. También estaría incurso altos funcionarios de la ANI. Nos referimos concretamente a la vicepresidenta de Estructuración, Diana Cecilia Cardona Restrepo, y el vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entornos, Diego Alejandro Morales Silva.

Además, las autoridades competentes deberán investigar el comportamiento de los funcionarios que proyectaron la Resolución No 1619 del 9 de noviembre de 2020. Ellos demostraron carecer de pudor al momento de hacerle un seguimiento a la ejecución de la consulta previa. Igualmente no le hicieron seguimiento al destino de los recursos que la ANI le giró al consejo comunitario El Recreo.

Conclusión

Pero hay algo más importante en el análisis criminalístico. La ANI expidió la resolución referenciada el 9 de noviembre del 2020. Catorce días después le giró no solo los $200 millones correspondientes al primer pago por el «acta de preconsulta y apertura». Es más, ese mismo día le giró $150 millones correspondiente a la segunda entrega por concepto de «taller de análisis e identificación de impacto y formulación de medida de manejo con la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior». O sea, le hizo en realidad un solo giro por $350 millones.

Esta primera entrega presenta las pruebas de las irregularidades cometidas. En las próximas entregas mostraremos a sus cómplices y a la forma como construyeron la falsedad de las consultas previas.

En un primer momento, podemos colegir que la Consulta Previa de El Recreo fue comprada y no ejecutada. En segundo momento, estamos en condiciones de señalar que las consultas de Leticia, Lomas de Matunilla, Puerto Badel, como otras, tuvieron el mismo comportamiento criminal.

Próxima entrega: Los cómplices de la defraudación.

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