Cuando un presidente decide consultar al pueblo, en principio, se celebra. Pero cuando esa consulta parece ser un atajo para evadir los frenos del poder, vale la pena detenerse a pensar: ¿Estamos ante un ejercicio legítimo de democracia directa o ante una amenaza a la institucionalidad?
El anuncio de Gustavo Petro sobre convocar a una consulta popular por decreto ha sacudido el panorama político nacional. Mientras los medios masivos enfocan la polémica en la confrontación entre el presidente y el Congreso, ¿Qué está realmente en juego para la gente? ¿A quién beneficia este movimiento? ¿Y por qué hay tanto miedo de hablar de ciertos temas?
Reformas bloqueadas: la raíz del conflicto
Desde el inicio de su mandato, Petro prometió reformas estructurales para transformar tres pilares del país: la salud, el sistema pensional y la educación pública. Hoy, casi a mitad de su gobierno, ninguna de ellas ha sido implementada plenamente: La reforma a la salud fue archivada sin mayor debate técnico, la reforma pensional avanza a cuentagotas, con serias modificaciones y la educativa aún ni siquiera ha sido radicada.
Ante este panorama, el mandatario ha decidido recurrir a una carta de alto voltaje político: la consulta popular, invocando el artículo 103 de la Constitución, que reconoce los mecanismos de participación ciudadana. Pero aquí viene el matiz que muchos prefieren omitir: dicho mecanismo requiere aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional.
Es decir, Petro no puede hacerlo solo por decreto, y lo sabe. Sin embargo, usa el anuncio como herramienta de presión, en lo que él ha llamado “democracia en movimiento”.
¿Y si el Congreso no representa al pueblo?
Muchos medios critican a Petro por “desconocer al Congreso”. Lo que no se dice es que ese mismo Congreso fue elegido con una abstención superior al 50%. Y gran parte de sus integrantes responden a intereses privados, no al mandato popular.
¿Puede llamarse democrático un poder legislativo que no debate las reformas de fondo, pero sí defiende con uñas y dientes los privilegios de EPS, fondos privados de pensiones y sectores financieros?
Este es el verdadero elefante en la sala: la captura corporativa del Congreso. Una verdad incómoda que rara vez se menciona en la prensa tradicional.
¿Dictadura o democracia en movimiento?.
La idea de consultar al pueblo es legítima. Lo preocupante es el contexto y la intención: El presidente ha insinuado que, ante la imposibilidad de avanzar con sus reformas en el Congreso, buscará el respaldo directo de la ciudadanía a través de una consulta popular, mediante un decreto. podriamos interpretar que: ¿Si no lo dejan gobernar, se saltará el Congreso?. Si algo tenemos claro es que esta insunuación no responde a un gobierno de participación democratica. ¿sera entonces una alerta hacia un camino de autoritarismo dirigido por Gustavo Petro?
Si el presidente plantea la consulta como una salida democrática, debe garantizar que: Sea constitucional, no impuesta por decreto; que tenga una pregunta clara, neutra y comprensible y que cuente con garantías de información y debate público real, no solo propaganda oficial.
Las verdades que callamos
Hay verdades incómodas que el debate mediático evita:
Mientras millones de colombianos esperan salud y pensión digna, muchos congresistas solo piensan en cuotas, contratos y cálculos electorales. ¿Por qué nadie expone cómo las reformas se hunden por acuerdos burocráticos y no por debates de fondo?
Las EPS, los fondos privados y gremios empresariales tienen más influencia en las reformas que los ciudadanos. Esa captura del Congreso por intereses privados es el verdadero bloqueo institucional. Pero de eso, casi nadie habla.
Invocar al pueblo no es lo mismo que empoderarlo. ¿Cómo se va a consultar a la ciudadanía sin garantizar primero información clara, pedagogía política y libre decisión? El riesgo de una consulta mal formulada, diseñada como plebiscito pro-Petro, es altísimo.
Mientras los medios caricaturizan la propuesta como dictadura, y el gobierno la pinta como revolución, los ciudadanos quedan atrapados en una guerra de narrativas, no de argumento.
Del lado de la democracia
La democracia no puede seguir reducida a un forcejeo entre élites: las del Congreso que negocian entre bambalinas, y las del Ejecutivo que buscan saltarse las reglas. Ambas opciones ignoran la raíz del problema: el modelo político colombiano no está representando al pueblo.
Petro acierta en denunciar el bloqueo estructural que impide las reformas. Pero falla al usar al pueblo como instrumento para presionar a otras ramas del poder. Y el Congreso, lejos de defender la institucionalidad, la negocia al servicio de intereses corporativos.
El pueblo no necesita una consulta improvisada. Necesita una democracia real, con reformas construidas desde los territorios, con participación incidente, no simbólica.
Encrucijada democrática
No estamos ante una simple consulta. Estamos ante una encrucijada democrática. Petro puede abrir la puerta a una transformación participativa… o a una polarización sin retorno.
Que el pueblo decida, sí. Pero sin atajos, sin trampas, sin propaganda.
Porque si la democracia se convierte en espectáculo, quien termina perdiendo es el pueblo, no las élites.