Defraudar y despojar no solo es propio de los ricos. Hay abogados con cero en conducta que instrumentalizan a organizaciones comunitarias para enriquecerse. Arroyo de Piedra
Defraudar y despojar no solo es propio de los ricos. Hay abogados con cero en conducta que instrumentalizan a organizaciones comunitarias para enriquecerse. Ejemplo, el caso de Álvaro Perea Castro en los años 80 y 90 en predios de Arroyo de Piedra, Cartagena.

Así como hay grandes despojadores en Cartagena de Indias, también hay pequeñas empresas, al parecer, instrumentalizadas para defraudar y despojar a personas que buscan adquirir alguna propiedad. Más de 40 personas fueron estafadas por la supuesta Empresa Comunitaria Campesina de Arroyo de Piedra. Se alió a un supuesto abogado para vender por lotes unas tierras que pertenecían a Eddy Marina Aguacha de López.

Por esa razón, tienen en su contra una demanda de restitución de tierras y próximamente una denuncia penal contra sus directivos que los prodrían conducir a la cárcel por estafadores. Las evidencias indicarían que sus miembros estarían incurso en un delito de concierto para delinquir en perjuicio de legítimos y pacíficos poseedores de terrenos que ellos mismos vendieron.

Por ejemplo, ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) cursa una demanda de restitución contra la Empresa Comunitaria Campesina de Arroyo de Piedra y sus directivos. Allí aparece como víctima la señora Aguacha de López, de 70 años. A ella la quieren despojar de 11,5 hectáreas ubicadas en Arroyo de Piedra colindante con la vía al mar.

Dentro de esta historia para defraudar y despojar a los incautos compradores, Renzo Zúñiga Gómez (hoy muerto) jugó un papel fundamental, al lado del controvertido y desaparecido abogado Álvaro Perea Castro. Su hijo Renzo Zúñiga Núñez, continúa con el legado dejado por su padre. De tal palo, tal astilla.

Defraudar y despojar, sus orígenes

Esta fue la escritura de compra del lote que los miembros de la Empresa Campesina Comunitaria de Arroyo de Piedra le arrebató a Eddy Aguancha.

En 1990, la pareja de esposos Faustino López Mora y Eddy Marina Aguancha de López, llevados por un deseo de cultivar y vivir un ambiente de campo, le compraron un predio de 11,5 hectáreas a la Empresa Comunitaria Campesina de Arroyo de Piedra representada legalmente por Clemente Teherán Noriega. Ellos ofrecieron ese lote de terrenos de un lote mayor que le habían adquirido a la Fundación San Pedro Claver. La compra se protocolizó a través de la escritura No 381 del 5 de febrero de 1990 registrada en la Notaría No 3 de Cartagena de Indias.

Una vez protocolizada la compra de la posesión, la pareja de esposos hicieron posesión y comenzaron a construir una casa y a cultivar algunos productos de pancoger. Contrataron un vigilante para que cuidara por las noches.

Sin embargo, en la noche del 22 de marzo de 1991, un año después de esa compra, se presentó un grupo de individuos llegó violentamente y pasó a quemar el rancho y destruyó el cultivo. La pareja de esposos reconstruyó el rancho. Pero, posteriormente, el 4 de abril, o sea, 12 días después, el mismo grupo de delincuentes se presentó amenazando al vigilante y a los dueños del predio que habían comprado a la empresa comunitaria.

La demanda de restitución

La víctima de los supuestos campesinos liderados por Zúñiga Gómez, agrupados en esa organización de naturaleza comunitaria, presentaron una demanda de restitución de su predio adquirido legalmente a través de la escritura pública citada (No 381 del 5 de febrero de 1990).

En ese sentido, la URT hizo una primera inspección. El acta fue fechada el 7 de septiembre de 2022. La diligencia fue atendido por el que funge como presidente de esa empresa, Clemente Teherán Noriega. La diligencia la realizó el profesional especializado Elias Monrroy Jordán.

Igualmente, el 14 de diciembre de 2022 se realizó la ampliación de la inspección recibiendo la declaración de otros testimonios dentro del proceso.

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Renzo Zúñiga, defraudar y despojar

La empresa comunitaria nació en la vida jurídica el 7 de octubre de 1980. Se dedicaron a defraudar y despojar a incautos comparadores.
La empresa comunitaria nació en la vida jurídica el 7 de octubre de 1980. Se dedicaron a defraudar y despojar a incautos comparadores.

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades de la época, concluyeron de que esas dos incursiones violentas las materializaron y planificaron los mismos directivos de la empresa comunitaria, especialmente de Renzo Abel Zúñiga Gómez y Clemente Teherán Noriega. Para esto, contaron con la dirección del abogado Álvaro Perea Castro, oveja negra de una prestante familia de la ciudad de la cual hizo parte el famoso locutor de aquellos tiempos, Napoleón Perea Castro y de una reconocida médica psiquiatra.

Por esos hechos violentos, denunciaron a Clemente Teherán Noriega, Miguel Arcángel Gómez Teherán, Edinson Zuñiga Gómez, Wilberto Teherán Noriega y Emiro Zuñiga Gómez. Como autor intelectual se tuvo a Álvaro Perea Castro. Usó para ello a un grupo paramilitar. En esa época comenzaron a incursionar con el apoyo de algunos narcotraficantes. Empezaron con la compra de tierras en Cartagena y sus alrededores.

Vale decir, que el supuesto dirigente campesino comunitario, Renzo Zúñiga Gómez, heredó la mala maña del finado abogado Perea Castro. Desde entonces, se encuentra en varios procesos judiciales de conflicto de tierra. En algunos de ellos se hizo pasar como poseedor de predios baldíos. Incluso, hasta supuestamente, se benefició de adjudicaciones del Incoder con documentación falsa. Por ejemplo, el caso del predio Prosperidad. Su hijo, al parecer, continúa en la misma andadura de su padre.

¿Un concierto para delinquir?

En los años 90, Álvaro Perea Castro, ya fallecido, tenía una fama de “asesorar” a nativos con el fin de “recuperar” las tierras que habían vendido. También los asesoraba para vender aquellas posesiones sin legítimos derechos adquiridas en forma fraudulenta. En varias ocasiones lo detuvieron por ese comportamiento de tipo delincuencial.

Precisamente, Renzo Zúñiga Gómez, asumió la presidencia de la Empresa Comunitaria Campesina de Arroyo de Piedra con la complicidad del supuesto abogado Perea Castro, pudo esquilmar a otras personas usando el mismo patrón criminal.

Ante esa situación, el nuevo abogado de Eddy Marina Aguacha de López, tiene un gran expediente con el cual demostrará ante la Fiscalía la conducta peligrosa de Zúñiga Núñez. Igualmente, las víctimas demandarán a los miembros de dicha empresa dentro del proceso de la acción de restablecimiento de sus derechos y solicitarán la indemnización correspondiente.

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