El despojo de Barú y el peligro de ser restituidor de tierra despojada encaja perfectamente en el perfil de Héctor Pérez Fernández, abogado con 30 años de ejercicio en la defensa de los derechos humanos. Tiene dos propósito para el 2024 en materia de restitución. La primera, recuperar la Hacienda Santa Ana en Barú en poder Valorem. El segundo, restituir las tierras de la familia Hernández en poder de la Fundación Santo Domingo.
Esa tarea no es fácil. La primera abogada que había adelantado el caso de Barú, Mauricia Lafong de la Espriella, fue asesinada en 2005, junto a su hijo Carlos Enrique Gómez Lafont, de 17 años. En los últimos años, Pérez Fernández se convirtió en un destacado abogado restituidor de tierra. Finaliza el año vivo. Pero su vida, supuestamente, la tasó el empresario Jhon Villamizar Gómez por $100 millones con el fin de eliminarlo de su camino.
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El reto de 2024
No obstante, el plan macabro de un empresario especulador y, al decir de colegas suyos y de las pruebas que poseemos, al parecer, es un timador profesional. Ese plan para matar a Héctor Pérez, fue diseñado mientras jugaban golf en el Club Campestre de Cartagena. Pero se les frustró cuando. VoxPopuli Digital desveló esa macabro intención. ¡Pérez se salvó para concluir la tarea de lograr la adjudicación de la finca Cachenche a los campesinos de la Asociación de Campesinos Montes de Dios de Turbana.
A pesar de esos hechos tenebrosos, Héctor Pérez sigue adelante. Está nominado a un premio internacional para defensores de derechos humanos en Europa. Tiene el reto de que la restitución se pueda dar el próximo año.
Sin embargo, Pérez cuenta con un consorcio de abogados, que le apoya en su tarea. De igual manera, se establecieron alianzas con medios de comunicación para visibilizar estos procesos que son invisibilizados con narrativas contrarias a la realidad.
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Colombia: 185 homicidios de líderes sociales
En los próximos 7 días que resta de año, podrían morir 3 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Las frías estadísticas nos dicen que hasta ahora son 185 homicidios de restituidores de tierra, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas estadísticas fueron recopiladas por Indepaz. Por esta razón, Amnistía Internacional (2023) dice que Colombia es uno de los países más peligroso para los defensores de derechos humanos.
A pesar de todo ese peligro que representa ser restituidor de tierra, Héctor Pérez cree que con Hacienda Santa Elena en Barú será una realidad su restitución a los verdaderos herederos. ¿Cuando? Piensa que así como se logró rescatar Cachenche para los campesinos, de la misma manera en 2024 deberán restituir ese.
La hacienda las compraron en 1887 94 colonos. Es una propiedad proindiviso. Significa que son propietarios en común, por lo que ninguno de ellos tiene el derecho pleno sobre su propiedad. Por ende, ninguno de ellos o sus herederos podían vender. Los que adquirieron parte de esos predios, incluso, mediante un proceso de prescripción adquisitiva de dominio es un proceso legal
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El despojo de Barú
Pablo Obregón González, quien trabajó en esa la época para la familia Santo Domingo, desde los años 60 se fue apropiándo irregularmente predios en Barú, especialmente de la hacienda Santa Ana. Utilizaba prescripciones agrarias, ordinarias, extraordinarias sin demostrar posesión real de los predios.
Esas posesiones irregularmente adquiridas, se las fue entregando a los Santo Domingo, los Obregón, los Echavarría, entre otros. Además del padre de Pablo Obregón Santo Domingo, presidente de la fundación Santo Domingo, es tío de Alejandro Santo Domingo Dávila y Gabriel Echavarría Obregón. Este último, presuntamente tiene en Barú propiedades adquiridas irregularmente.
Con el despojo de Barú, se forjó un modelo de ciudad heredado del siglo pasado. En este modelo, las élites locales y nacionales ―junto con inversionistas transnacionales― realizaron y consolidaron ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructura turística, industrial, portuaria, residencial y vial. Los nativos pasaron a ser parte del paisaje o vinculados a la nueva servidumbres, ya como mucamas, porteros, cuidadores de piscinas, en sus costosísimos hoteles.
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De Barú a Cachenche
Es cierto, no es lo mismo la resistencia por Cachenche que la lucha la restitución de la Hacienda Santa Ana o los predios despojados a la familia afro de los Herández. Son procesos diferentes. En el primero se contó con un cambio de dirección en la SAE que facilitó la reclamación campesina de Cachenche.
Pero, en los casos de Barú y en la tierra de los Hernández donde la Fundación Santo Domingo levantó grandes proyectos de viviendas de interés social, la lucha es contra todo el sistema de poder. En estos casos, la trampa la hacen agentes del Estado a pedido de los abogados corruptos al servicio de los privados.
Así como estuvo en el proceso que terminó con la adjudicación de la finca Cachenche para los campesinos pobres, espera que el 2023 la Hacienda Santa Ana en Barú, matrícula inmobiliaria #060-123581, finalmente se le restituya a los herederos de los 94 colonos.
Esa propiedad fue adquirida mediante escritura pública número 129 del 12 de mayo de 1887 de la Notaría Primera de Cartagena. Fue inscrita en el tomó 1 Libro 1 del antiguo sistema, y en el sistema actual, a partir de 1993, con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-123581. Este fue ilegalmente cerrado en 2006 con el fin de que los nativos no pudieran registrar las sentencias de sucesión de aproximadamente 10.000 herederos.
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El despojo de los Hernández
Los legítimos herederos de Pedro Hernández Altamar, el hombre cuyos padres habían sido esclavizado por los españoles compró en 1895 por $200 la hacienda Los Arenales. Esta compra se protocolizó con la escritura No. 382 del 11 de diciembre de 1895.
Hernández Altamar murió en 1939. Luego de un proceso herencial (Sentencia de 4 abril de 1940 del Juzgado Primero Civil Del Circuito de Cartagena), dejó sus propiedades a sus hijos naturales. Ana Teresa, Carlos Manuel, Pabla Bienvenida, María, Fidel, Nicasio, Marcial y José Ángel.
Actualmente, gran parte de esas tierras con matrícula inmobiliaria numero 060-54391 de la oficina de instrumentos públicos están en poder de la Fundación Santo Domingo. En el año 2008 diseño y viene ejecutando el macro proyecto de vivienda denominado Ciudad Bicentenario. Tuvo la complicidad del gobierno nacional de la época y de la Alcaldía de Cartagena .
Ser abogado de restitución de tierra es una opción muy peligrosa en Colombia cuando el 95% de esos asesinatos contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos quedan en la impunidad. Es la razón por la cual Héctor Pérez y su grupo de abogados presentarán demanda ante los organismos de derechos humanos internacionales.