Salvatore Mancuso Gómez, uno de los exjefes del paramilitarismo en Colombia, su comparecencia en la audiencia única ante la JEP para valorar su aporte a la verdad, contribuyó a entender el papel despojador desempeñado por grandes empresarios. Pero también mostró la complicidad del mismo Estado. En tanto que la propiedad de la Hacienda Santa Ana sigue siendo de los herederos de los 94 comuneros que le compraron en 1887 a Virginia Rebollo. Esto comprueba y explica la verdad sobre la conducta del grupo Santo Domingo, los Obregón, Echavarría, entre otros empresarios del país, en la expropiación de facto a los afrodescendientes, herederos de la Hacienda Santa Ana en la isla de Barú.
Si bien es cierto que el despojo de Barú se inició en la década del 60, fue en los 90 que se consolidó con el paramilitarismo, el narcotráfico y la entronización de los proyectos turísticos jalonados por el Estado. Este hecho ya había sido denunciado por las víctimas y, en especial, en el debate de control político realizado en 2007 por el senador de entonces, Samuel Arrieta Buelvas, nacido en San Juan Nepomuceno (Bolívar) y profesor de la Universidad Distrital de Bogotá. A este evento legislativo concurrieron el Departamento Nacional de Planeación, la Corporación Nacional de Turismo, el ministerio de Medio Ambiente, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Al mismo tiempo que se está decantando la verdad de la Hacienda Santa Ana, la oficina de abogados liderada por Héctor Pérez Fernández, tiene lista una demanda de alto quilate. Ella busca restablecer los derechos de los herederos de los 94 comuneros que jamás vendieron. Sobre este tema, versará la próxima entrega.
El debate del despojo de Barú
Como nunca, el congreso fue escenario de ese debate histórico, en la medida en que ese poder legislativo daba cuenta de un problema múltiple: la tenencia de la tierra, el desarrollo económico, el medio ambiente, y la condición de raizal de las víctimas de lo que se denomina gentrificación rural. Así quedó evidenciado en este debate de control político donde Arrieta Buelvas planteó algo fundamental, la condición de indefensión de esa población.
«Resulta obvia la condición raizal y de minoría étnica de la población de Barú. Por lo que existe un problema de fondo relacionado con derechos humanos, derecho al medio ambiente, y derecho de las comunidades en situación de indefensión».
Acta No 51 de la Gaceta. El debate sobre el Caso Barú, 24 de abril de 2007.
Vale la pena destacar que este control político no lo hizo la bancada de izquierda, de la cual uno esperaría una iniciativa de esta clase. Pero Arrieta Buelvas fue senador del Partido de Integración Nacional-PIN. Hoy es concejal de Bogotá por Cambio Radical.
Por otra parte, se pudo demostrar la conducta especulativa con la tierra despojada en la que pudo incurrir la firma Playa Blanca Barú S.A del controvertido empresario Gabriel Echavarría. Esta firma fue creada el 18 de Noviembre de 2005, bajo escritura 2900, de la Notaria 11 de Bogotá inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá.
[Puedes leer: Se revive debate sobre despojo de Barú (I)
Procuradora prejuzga
Precisamente, las autoridades mismas dan por hecho que los nativos son invasores y no una población en estado de indefensión y con derechos. Esta idea surgió cuando en la década del 2010 se tenía previsto una serie de proyectos turísticos con inversionistas extranjeros, empresarios criollos y el beneplácito del Estado a través de la Corporación Nacional de Turismo y Planeación Nacional. Esta iniciativa gubernamental se llamó Proyecto Playa Blanca Barú (CONPES 3333, 2005).
Recientemente el abogado y veedor, Erick Urueta Benavides, denunció a la procuradora general Margarita Cabello por haber calificado a los nativos como invasores. Es decir, los colocó como victimarios y no como víctimas, lo cual no deja de ser sospechoso. Para Urueta la jefa del ministerio público prejuzgó y por esta razón presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, para entender esa inversión de papel, es necesario irse a la década del 60 cuando Pablo Obregón González llegaba en una avioneta de Bavaria y aterrizaba en lo que hoy se conoce como la Cabecera de la Pista. Desde allí partía a visitar los predios que iba adquiriendo mediante espurios procesos de prescripción adquisitiva. Esto lo contó a VoxPopuli Digital uno de los nativos que le sirvió de piloto en la lancha rápida donde se transportaba el empresario.
Igualmente, los proyectos turísticos concebidos por intereses privados, motivaron la creciente adquisición de predios en Barú y, en especial, de los terrenos de la hacienda Santa Ana en Barú,
La prueba reina del despojo de Barú
El Plan Sectorial de Turismo 2003-2006 denominado «Turismo para un nuevo país», que hizo parte del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Álvaro Uribe, reconoció al turismo como una poderosa herramienta de transformación social y factor de construcción de una nueva sociedad. En realidad, ese proceso se tradujo en más pobreza y desigualdad para la población afro mediante el despojo concebido desde arriba. Los nativos nada más tuvieron oportunidad para ocupar puestos de servidumbre en esos proyectos.
La prueba reina de que hubo un entramado diseñado y concebido desde las altas esferas del Estado para despojar a los nativos y favorecer a unos pocos empresarios, la proporcionó Arrieta en el debate de ese entonces.
El parlamentario denunció que la Junta Directiva de la Corporación Nacional de Turismo, en la que hacían parte Abelardo Duarte Sotelo y Raimundo Angulo Pizarro, y el gerente de la Unidad de Turismo, mediante Acta 251 de 1976, autorizaron continuar las negociaciones dentro del Plan de Compras de Tierras de Barú. El Gerente de la Unidad dijo que había sostenido una reunión para la continuación del Programa con Rodrigo Noguera Laborde, y Pablo Obregón en representación de los propietarios, esto es, de los Santo Domingo , Echavarría, Obregón y otros.
Al respecto estudiaron dos alternativas. Primero. Compra directa a los propietarios por parte de la Corporación. Segundo. Pablo Obregón compraría a los propietarios y luego vendería a la Corporación. Se inclinaron por esta segunda opción. Según ellos, se evitaría enfrentamientos con propietarios renuentes a venderle al Gobierno.
No obstante, lo que se desconocía era que Pablo Obregón ya le había comprado los predios a supuestos poseedores mediante prescripción adquisitiva espurias. Un negocio redondo. Le compraba ilícitamente la tierra a supuestos poseedores a precios irrisorios, y luego vendía a 10.000 por ciento más caro.
Para refrescar la memoria
En la primera mitad del siglo XX, los habitantes de Barú eran felices. Pero cuando llegaron los afrosblanqueados —de la servidumbre de «los blancos»— con bolsas de dinero para facilitar los procesos de prescripción adquisitiva fraudulenta, reinó la división que devino en un despojo propiciado desde el mismo Estado. En la década del 60, cuando el Estado comenzó a adjudicar baldíos en Urabá para la explotación del banano tuvo un impacto en esta región del Caribe colombiano, especialmente en Barú, donde apareció Pablo Obregón González adquiriendo predios en forma ilícita y a precios de despojo.
De acuerdo con los estudios historiográficos que el mismo Arrieta citó en su debate, el español Luis de Aspuda adquiere en nombre del Rey de España las tierras de las Islas de Barú en Cartagena de Indias. Estaba dividida en 5 grandes haciendas: Barú Grande, Santa Ana, Cocom, Portonao, y Estancia Vieja.
Los proceso de pertenencia todos son fraudulentos. En ninguno de ellos notificaron a ningún nativo heredero de los 94 propietarios comunales. El primer proceso de pertenencia (1969) Pablo Obregón González presentó una documentación con procedimientos falso. Los supuestos poseedores de las tierras de la hacienda Santa Ana nunca lo fueron. Usaron testigos falsos mediante la complicidad de notarios corruptos. Así lo mostramos en la entrega anterior con una declaración juramentada ante la Notaria Cuarta del Circuito de Cartagena, Evelia Ayazo de Mendivil. Desconocieron la tradición y naturaleza de la propiedad común de la Hacienda Santa Ana en Barú.
El despojo de Barú: Los comuneros
La Hacienda Santa Ana tiene tradición, señaló el senador Arrieta en ese debate. Sigue siendo propiedad de los comuneros. La primera escritura es la No 32 data de 1832. Asimismo, la escritura 78 de 1872, la 128 de 1887, la 355 de 1887, la 129, la 170 de 1927. que básicamente conforman toda la tradición en materia legal de este predio de la Hacienda Santa Ana. Fueron 94 comuneros que le compraron a Virginia Rebollo, Se convirtió en una propiedad común y proindiviso. Es decir, que es propietario parcial de ese predio y la comparte con otras personas.
El senador Arrieta mostró el cúmulo de escrituras y la matricula del predio. Después de observar que la Superintendencia de Notariado y Registro de Cartagena de Indias, 2 de agosto del 2005, reconoció que no tiene conocimiento del registro de la liquidación de la comunidad de propietarios de la Hacienda Santa Ana, porque en la matrícula citada no está inscrito el referido acto.
«En el folio de matrícula 0600123581 no figura inscrita demanda de pertenencia en donde aparezcan como demandados los 94 propietarios. Es decir, que esta Hacienda Santa Ana, como lo dicen las escrituras, sigue siendo un bien habido en común y proindiviso. Estos 94 comuneros, como les decía honorables Senadores, lo compraron, le compraron la propiedad a la señora Virginia Rebollo en 1887».
Samuel Arrieta. Acta No 51 de la Gaceta. El debate sobre el Caso Barú, 24 de abril de 2007..
Acta No 51 de la Gaceta. El debate sobre el Caso Barú, 24 de abril de 2007.
El INCORA dijo no
La primera acción para despojar a los nativos de su hacienda fue detenida por la Resolución No 134 del Incora del año 1969 que exhibió el parlamentario en el recinto del debate. Concomitante a ello, desde el año 1968 varios particulares entre los que se encuentran Cementos del Caribe, Urbanización Puerto Enao, Pablo Obregón González, Gabriel Echavarría y otros le habían solicitado al INCORA declarar la Isla de Barú territorio baldío. Así pretendieron desconocer las escrituras, la posesión, y por supuesto el pleno dominio de quienes estaban allí.
Sin embargo, el INCORA rechazó tal pretensión de los honorables empresarios. Por el contrario, la resolución en su parte resolutiva dice:
«Primero. Declarar que no son baldíos los terrenos que integran la Isla denominada Barú, ubicada en la jurisdicción de Cartagena en el departamento de Bolívar. Segundo. Consecuencia de lo anterior, ordenar la cancelación de la radicación de este expediente y su archivo definitivo».
De esta manera, se concluye que el primer intento de declarar baldíos los predios de la Hacienda Santa Ana naufragó al no tener la influencia para que el INCORA torciera la ley. Ante esta situación, llevó a los empresarios comprometidos en este despojo, a usar otros medios con una apariencia legal. Para esto utilizaron una red de abogados, funcionarios judiciales, notarios y registradores inescrupulosos que se pusieron a su servicio con el apoyo del gobierno central
Próxima entrega
Ante esta situación, la oficina de abogados liderada por Héctor Pérez Fernández, está preparando una demanda de gran trascendencia para restablecer los derechos de los herederos de la Hacienda Santa Ana. Una demanda con enfoque étnico para que se haga justicia y la nación cumpla con esta población que está en estado de indefensión.