¿Comisario político o fiscal en las Fuerzas Militares-FF.AA? ¿Para qué llega un fiscal anticorrupción en el poder militar? ¿Cuál es la principal tarea que acometerá? Son las preguntas retóricas que surge para explicar la designación del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, en el Ministerio de la Defensa. No solo fue una sorpresa, sino también un mensaje directo del presidente electo Gustavo Petro al sistema internacional de los derechos humanos de no tolerar unas fuerzas militares violatoria de los derechos humanos.
No obstante, la designación de Velásquez también puede interpretarse como una jugada maestra del presidente para evitar la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ) en los crímenes que no se han resuelto en el país: Genocidio. Los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de guerra. Muchos altos militares están involucrados en esas tres clases de crímenes. Los mal llamados “falsos positivos” es solo una muestra.
¿Se espera una purga en las FF.AA.?
Por ende, al final del primer año de Velázquez se debería conocer la primera purga de altos oficiales que están comprometidos en esos crímenes por los cuales la CPI podría intervenir. Quizás esta tarea sea la más complicada del nuevo ministro de la Defensa. Esto le conviene a los mismos autores de los delitos descritos con anterioridad. ¿Por qué? Porque sería la única manera que la CPI no intervenga. Por tanto, la justicia transicional u ordinaria debería juzgar a los sindicados de esos crímenes que están en las fuerzas militares y terceros civiles que fueron sus financiadores. Existe suficiente material probatorio de esos delitos.
Si analizamos el palmarés de Velázquez Gómez a lo largo de su historia profesional, nos encontramos que tiene un lugar común: aplicación de la justicia. Lo ha hecho con decoro e idoneidad. Esto fue lo que hallamos desde que se graduó como abogado en la Universidad de Antioquia (1983) hasta cuando estuvo en la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala. Es decir, que su perfil realmente estaba para ser fiscal o ministro del Interior y de Justicia de Colombia.
Sin embargo, Petro tendrá otra intención con esa decisión. Los seres humanos somos capaces de producir sorpresas. Es muy probable que Velásquez Gómez nos sorprenda por su capacidad de estadista al dirigir las Fuerzas Militares con el fin de reestructurarlas entorno a los derechos humanos. Tiene el respaldo del sistema internacional de los derechos humanos para que los criminales de guerra provenientes de las diferentes armas también sea sometidos.
¿Comisario político o fiscal?
Tomando en cuenta que Velásquez es un nato investigador en defensa de los derechos humanos, Petro no quiere un comisario político en las fuerzas militares colombianas. Entendemos comisario político a la manera francesa o rusa del término. Esto es, un funcionario civil que no responde a la jerarquía militar sino al mandato del comandante en jefe que es el presidente de la República. Su misión principal es que las tropas respondan a las ideas y políticas del nuevo régimen o del nuevo presidente.
Si hubiera querido un comisario político, seguramente hubiese designado a Antonio Navarro Wolf. Este sí tiene en su palmarés el concepto de cumplir una misión de comisario político. Y sí podría llevar a cabo una reestructuración de las FF.AA. hasta lograr desideologizarlas. La ideologización de nuestras fuerzas es el orígen de todos los demás problemas que tiene: corrupción y violación sistemática de los derechos humanos.
En otras palabras, al ministerio de Defensa debió llegar un comisario político y no un juez o fiscal defensor de los derechos humanos. Los problemas no se combaten por sus formas o consecuencias. Por el contrario debemos llegar a las causas. Pero, Petro tiene el poder de la decisión y el compromiso de reestructurar las FF.AA.
¿Qué quiere la comunidad internacional?
La institucionalidad de justicia transicional -que es un producto del sistema internacional de los derechos humanos- siempre ha reiterado la necesidad urgente de introducir una reforma en las fuerzas militares colombianas. Lo dijo la JEP y lo repitió la Comisión de la Verdad. No se puede seguir con unas fuerzas armadas que violen sistemáticamente los derechos humanos.
El año pasado con motivo de la fuerte represión que el régimen enfrentó el Paro Nacional el sistema internacional de los derechos humanos se pronunció contra el gobierno de Iván Duque. En ese marco de acontecimientos, la JEP señaló:
“La JEP hace un llamado para que, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. (…) muestran un cuadro intolerable de violaciones a los derechos humanos. A esto se suman hechos de violencia en las manifestaciones, que también inciden en el menoscabo de las libertades públicas de todas las personas”
¿Qué quiere Petro?
¿Comisario político o fiscal? Quiere un fiscal en las fuerzas del orden. Al designar a Velásquez, el nuevo mandatario busca consenso en la comunidad internacional de Europa y Estados Unidos. Pero, no solo para acometer la tarea de transformación de la institución castrense, sino también para conseguir su apoyo. Es una especie de gobernanza internacional del gobierno del Pacto Histórico. El presidente electo Gustavo Petro quiere en principio reformar las Fuerzas Armadas del Estado.
En algunos de sus discursos señaló que en un eventual gobierno suyo los efectivos de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a los derechos humanos perderían el fuero militar. ¿Quién podría realizar esta tarea? Sin duda, un hombre con una capacidad y experiencia en la investigación y el respeto de los derechos humanos.
Entonces, para Petro la dirección política de las Fuerzas Armadas, en el mejor sentido de la palabra, está por debajo de la misión de castigar a los presuntos violadores de derechos humanos en el cumplimiento de su deber como militar o como policía. Es decir, que mira el problema desde sus consecuencias y no observa la causalidad.
El respeto de los derechos humanos no obedece a un comportamiento individual de las fuerzas militares. No es un esfuerzo aislado. Responde a una doctrina política dominante en nuestras Fuerzas Militares. ¿Cuál es esta doctrina? ¿Es constitucional? ¿Es legal? La vulneración de los derechos humanos corrompe la acción militar so pretexto de defender la seguridad nacional. Por tanto es una doctrina ajena a nuestra constitución. Lo militar es resultado de la acción política. Y no lo contrario. La Defensa Nacional es un tema de Estado. Las Fuerzas Armadas no deben participar en política porque no pueden ser garantes ni árbitros de nada. Ellas simplemente deben obedecer al mandato constitucional y político que encarna el presidente. En este sentido tiene razón Carl Von Clausewitz, los militares responden a una política. Y no lo contrario.
¿Qué necesita las FF.AA.: Comisario político o fiscal?
Estamos en una guerra interna prolongada. Guerra que no se ha terminado. Y que no se terminará nunca si no hacemos dos cosas: reformas profundas y desalienación. (Ver mi libro: ¿Adiós a la guerra?Cinco claves para la paz). Todas las formas de lucha usadas por los actores armados, incluso, el mismo Estado colombiano, lo que ha hecho es degradar el conflicto armado colombiano. Y de esta manera, se prolonga una sistemática violación de los derechos humanos.
Por esa razón, no necesitamos una fuerzas armadas garantes de los derechos humanos sino que los respete en cada acto suyo por la defensa de la soberanía y preservación del orden público colombiano. Los militares no pueden ser garantes de su actuación, como sí la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Entonces, al frente de ellas necesitamos gente proba, transparente y con una contextura ética inalterable para el respeto de los derechos humanos.
¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden ser garantes?
La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Así lo señala la Constitución Nacional. Agrega, que las Fuerzas Militares tendrán corno finalidad primordial la Defensa de la Soberanía, la Independencia, la Integridad del Territorio Nacional y el Orden Constitucional.
Por tanto, las FF.AA. representan un poder militar en manos del ejecutivo. Como tal, debe tener el debido control político del Congreso y de las instituciones que ejercen la justicia. En este aspecto entendemos el papel que deben jugar en la dinámica social del país.
Por esa razón, las Fuerzas Militares no pueden ser garantes de los derechos humanos. Y el nuevo Ministro Iván Velásquez entiende esto. Es un experto de derechos humanos con una excelente trayectoria. Tiene una capacidad para combatir a la mafia. Si lo hizo con la mafia de la parapolítica que llevó a la condena a más de 40 congresistas ¿cómo no hacerlo con una mafia que se ha incrustado en gran parte de las FF.AA? Ellas deben responder por cada una de sus actuaciones según la constitución y la ley. La fuente de todos los poderes creados en un Estado Social de Derecho es el poder de la ciudadanía. Las Fuerzas Militares no pueden ser deliberantes y solo deben limitarse a cumplir el mandato constitucional a través de una jerarquía previamente establecida.