En Colombia, la celeridad de la justicia solo es posible cuando presuntamente aparecen como víctimas poderosos empresarios o personas vinculadas al poder político. Es el caso de Gabriel Echavarría, propietario de Punta Iguana, quien presentó una denuncia penal contra los Girado por perturbación e invasión de una propiedad que está en litigio con esa familia nativa de Barú.