¿Podrá la Comisión de la Verdad, de composición cachacopaisa, conocer la realidad del conflicto armado colombiano sin representación costeña? Fue la pregunta que le hicimos a la comisionada Martha Cecilia Ruiz Naranjo, periodista de la revista Semana, oriunda de Antioquia y residenciada en Bogotá, mientras explicaba a los periodistas de la costa Caribe el papel extrajudicial de esa instancia surgida de los acuerdos de paz con las FARC.
El pasado 26 de octubre de 2018, al instalar una de las 5 subcomisiones en Barranquilla (dirigida por Arturo Zea Solano), la comisionada Martha Ruiz, reconoció que la Comisión de la Verdad es cachacopaisa. Se sonrojó y se sonrío, como diciendo:
«Trágame tierra».
Pudo sentir vergüenza, porque de los 11 comisionados, Antioquia tiene 6, Bogotá 3, el Valle 1, y hay un extranjero. Ningún costeño. Es una comisión sin representación costeña, cachacopaisa, que la hace incompleta. No hay nadie que saque la cara por nuestras víctimas. Nadie. Seremos objetos, mas no sujetos en las investigaciones de esta Comisión de la Verdad. Vendrán a darnos cátedras de victimización y de resarcimiento integral desde una visión cachacocentrista, tal como ha primado en occidente el concepto de los derechos humanos sin analizar la diversidad cultural, étnica y territorial. Este hecho, que a simple vista pareciera de poca monta, es fundamental para rebatir otro hecho diciente que sufrimos en carne propia: el territorio Caribe como víctima.
La Comisión no habla «costeñol»
¿Qué se le puede decir a los familiares de los masacrados, desaparecidos, desplazados, despojados, violados, hombres y mujeres de esta región, que esperan una verdad limpia y sin ninguna mancha? El 33% de las víctimas del conflicto armado colombiano son del Caribe. Somos la primera región victimizada. El daño sufrido por nuestro territorio es incalculable en términos como lo define la teoría del daño jurídico. Pero hay un daño que va más allá, y es el que se refiere a la cultura, la idiosincrasia, el arte, el sentido de pertenencia, el arraigo.
El Caribe está compuesto por 8 departamentos, cuatro subregiones bien delimitadas. Tenemos siete territorios indígenas: Kogis, Arhuacos, Arsarios (kankuamos), Senúes, Emberás, Chimilas (yuppa) y Wayuus. Y dos territorios afros, los creole de San Andrés, y los palenqueros de San Basilio. Como dicen los cachacos, una harta diversidad. ¿Sin representación costeña se puede construir una verdad completa?
Son nueve lenguas vivas, las cuales usamos en este territorio para comunicarnos. Nuestras costumbres y cultura son diferenciadoras. El criollo antillano con el criollo tierradentro se encuentran en medio de una rica diversidad a través de vasos comunicantes demarcados por el mar Caribe, ríos, ciénagas, cuerpos de agua y ecosistemas. Estos accidentes geográficos son el suelo donde se asienta la multiculturalidad estudiada por científicos sociales, como nuestro paisano Orlando Falsborda y llevada a la eternidad por escritores y periodistas como Gabriel García Márquez, víctimas del conflicto armado. (Pueden leer mi libro ¿Adiós a la guerra? Una reseña: www.adiosalaguerra.com)
De las indemnizaciones decretadas hasta 2016, las víctimas costeñas solo han recibido el 3%, mientras que las de Antioquia recibieron el 16%, según cifras de la Unidad de Víctimas. Si hay más de ocho millones de víctimas y nosotros somos el 33%, ¿por qué nos revictimizan? ¿Por qué no hubo debate en el congreso teniendo la bancada más grande de las regiones? ¿Por qué se silenciaron los gobernadores, las universidades y los grandes medios de comunicación del Caribe? ¿Por qué calló el abanderado de la regionalización, Eduardo Verano de la Rosa? La verdad es que los costeños somos los responsables de esta revictimización. Hemos aceptado pasivamente esta sentencia cachocéntrica. No tenemos voz en ninguna instancia de poder del nuevo sistema posconflicto, y sin representación en la Comisión de la Verdad, nunca sabremos la verdad oculta en millones de historias olvidadas.
Sin representación, no habrá verdad
Nadie duda de la contextura ética de los comisionados. ¿Quién podrá dudar del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos? ¿Podríamos dudar de Alfredo Molano Bravo, Lucía González Duque, Martha Cecilia Ruiz, Saúl Alonso Franco, mayor Carlos Guillermo Ospina, Carlos Martín Beristain, Alejandra Miller Restrepo, María Ángela Salazar, María Patricia Tobón y Alejandro Valencia Villa?
No obstante, existe un manto de duda que hasta ahora no se despeja. Si no hay en la Comisión de la Verdad un costeño probo en la defensa de los derechos humanos, ¿podrá encontrar el tono y el ritmo de la verdad de millones de historias contadas por victimas que esperan un resarcimiento integral de sus derechos?
La respuesta es un no rotundo. No es pesimismo, es una verdad que salta a la vista. La representación es un principio que lo establece la constitución y es uno de los derechos fundamentales de los territorios que históricamente han sido marginados del poder central. Es un principio que reconoce teóricamente la ley de Víctimas, pero al momento de ponerse en práctica, se falla por parte del operador. ¿Por qué se presenta este fallo? ¿Será que en la costa Caribe somos mediocres para participar en la integración de esa nueva institucionalidad y debemos conformarnos con sus derivaciones, como las subcomisiones?
El Caribe como víctima
Viendo la Comisión de Paz como una instancia representativa que busca la verdad de las cosas surgidas de una confrontación armada, la ausencia de la representación territorial es una exclusión objetiva. Aunque los comisionados no sean conscientes, puede determinar a priori su limitación para conocer la verdad verdadera en el Caribe colombiano. Si entendemos que el territorio es una construcción social, su deconstrucción también lo es. Es necesario que exista una deconstrucción cultural que mana de la región y no del centro. En este caso prima una visión cachacocéntrica heredada de la institucionalidad colonial, la cual es perpetuada por esa visión cachacopaisa.
En concreto, el Decreto-Ley 4633 del 2011, conocido como Ley de Víctimas para Comunidades Indígenas, incorpora la noción del territorio como victima:
«El territorio, comprendido como integridad viviente y sustento de la identidad y armonía, de acuerdo con la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y en virtud del lazo especial y colectivo que sostienen con el mismo, sufre un daño cuando es violado o profanado por el conflicto armado interno y sus factores vinculados y subyacentes».
Si así lo reconoce la ley, donde el territorio es un conjunto heterogéneo de seres que participan activamente en estas comunidades, ¿por qué el derecho a la participación no fue reconocido en la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Es inconstitucional esa composición? El problema se complica porque los seres sociales que habitamos en este territorio somos sujetos de derechos. Por tanto, son derechos intrínsecos independientes de los derechos ya asignados a los humanos.
En palabras coloquiales, sin representación costeña en la Comisión de la Verdad no habrá verdad. En 1988, recorrimos valles y montañas escuchando decenas de historias sobre las primeras masacres que a finales de esa década los escuadrones de la muerte cometieron en Córdoba y Sucre. Al momento de la edición de la publicación con 15 historias sobre las masacres de Mejor Esquina, El Tomate, Puya, Voladores, y los asesinatos selectivos cometidos contra líderes sociales y políticos, la editora cachacopaisa se le dio por cambiar el tono, el ritmo y los giros lingüísticos porque a ella se le ocurrió que fue escrito en costeñol. Las historias quedaron cercenadas.
Esa editora no lo hizo de mala fe. Ella no era consciente de la diversidad territorial, tampoco de la pluriculturalidad. Pero la verdad fue cercenada. Se quiere significar que sin representación en la Comisión de la Verdad le estaría faltando una pata a ese trípode. Sin representación costeña, no habrá verdad completa. Al fin y al cabo, ¿la democracia no está cimentada por la representatividad?
Sin representación costeña, ni la buena voluntad de Francisco Pacho de Roux podría salvar ese vacío. Un ejemplo elocuente es que la subcomisión tendrá como asiento a Barranquilla, acto que reproduce esa visión cachocéntrica del centralismo y lo único que busca es apagar algún inconformismo de la élite de esta ciudad.