En el corregimiento de Bayunca, a las afueras de Cartagena, la tensión entre campesinos y los propietarios de la hacienda Canalete escaló hasta convertirse en un pulso jurídico y social que promete marcar un precedente en la defensa de la tierra. Los colonos, con más de cuatro décadas de posesión en el sector Mozambique, han decidido solicitar formalmente la extinción de dominio sobre las 1.200 hectáreas de la hacienda, cuyo certificado de tradición estaría vinculado a presuntos casos de lavado de activos.
Bloqueo en la vía 90: la chispa del conflicto
La vía 90, que conecta Cartagena con la zona norte del departamento, la bloquearon este 14 de diciembre por campesinos que denuncian hostigamientos permanentes presuntamente proveniente de Sonia Gómez Alzate, que se presenta como propietarios de la hacienda Canalete. Según los manifestantes, estas acciones buscan despojarlos de las tierras mediante falsedades, fraudes procesales y complicidad de las inspecciones de policía. Los hechos ya han sido denunciados penalmente contra Gómez Alzate, Gregorio Rico y otros presuntos implicados.
Los campesinos aseguran que poseen escrituras de posesión que datan de hace 40 años, además de un proceso administrativo en curso ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la clarificación de la propiedad. En septiembre de 2025, la ANT emitió un informe técnico-jurídico preliminar en el que concluyó que, de acuerdo con el Decreto Ley 902 de 2017, es procedente iniciar el Procedimiento Único de Clarificación de la Propiedad. Para los colonos, este pronunciamiento es una prueba contundente de que su ocupación debe ser respetada.
Marco legal: protección de colonos
La defensa de los campesinos se apoya en el artículo 2.14.19.2.18 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, que establece que, mientras esté en curso un procedimiento administrativo agrario, no puede haber desalojos ni acciones policivas o judiciales que desconozcan la posesión de los colonos. En otras palabras, la ley protege a quienes ocupan históricamente un predio en disputa, evitando que su lanzamiento de manera arbitraria.
Este respaldo normativo refuerza la exigencia de los campesinos: que se respete su posesión ancestral y que cesen las amenazas y hostigamientos que, según ellos, provienen directamente de Sonia Gómez Alzate y otros actores vinculados a la hacienda Canalete.
Bloqueo de la 90 por campesinos
Extinción de dominio: un paso más allá
El reclamo campesino no se limita a la clarificación de la propiedad. Ahora, buscan que el gobierno nacional solicite la extinción de dominio sobre la hacienda Canalete, inscrita bajo los folios de matrícula inmobiliaria 060-10193, 060-195148 y 060-232875. La razón: el certificado de tradición del predio estaría relacionado con operaciones de lavado de activos, lo que abriría la puerta a que el Estado recupere esas tierras y las adjudique a quienes realmente las han trabajado durante décadas.
El gobierno también podría aplicar una enajenación temprana y entregarle esas tierras a los colonos.
La figura de extinción de dominio, contemplada en la legislación colombiana, permite al Estado expropiar bienes vinculados a actividades ilícitas, incluso si existen títulos de propiedad. Para los campesinos, esta herramienta es clave para garantizar que la tierra cumpla su verdadera función social y productiva.
Vocación agrícola y dignidad campesina
Los colonos de Bayunca insisten en que su lucha no es solo por un pedazo de tierra, sino por la dignidad campesina y el derecho a trabajar en paz. Con vocación agrícola, han cultivado y habitado el sector Mozambique durante generaciones, convirtiéndolo en un espacio de producción y sustento. Muchas veces los cultivos y los ranchos del predio los destruyen privados armados o de la misma policía. La amenaza de desalojo, sumada a las presiones judiciales y policivas, representa para ellos un intento de borrar su historia y su aporte al territorio.
En sus declaraciones, los campesinos subrayan que no buscan confrontación, sino reconocimiento.
“Queremos que se respete nuestra posesión y que se nos adjudique el predio como baldío, porque hemos demostrado que lo trabajamos y lo cuidamos”.
Un caso emblemático para Cartagena
El conflicto por la hacienda Canalete se perfila como un caso emblemático en Cartagena y Bolívar. No solo involucra la disputa por tierras sino también la relación entre poder económico, justicia y campesinado. La denuncia de vínculos con lavado de activos añade un componente de alto impacto, que podría acelerar la intervención de las autoridades nacionales.
De prosperar la solicitud de extinción de dominio, el caso marcaría un precedente en la región, mostrando que la tierra no puede ser un instrumento de enriquecimiento ilícito, sino un bien social destinado a quienes la trabajan.
Conclusión
La lucha de los campesinos de Bayunca por la hacienda Canalete es, en esencia, una batalla por la memoria, la justicia y la soberanía alimentaria. En un país donde la concentración de la tierra es fuente de desigualdad y conflicto, su reclamo pone sobre la mesa la necesidad de políticas claras y efectivas que protejan a los colonos y garanticen que la tierra cumpla su función social.
La vía 90, bloqueada por campesinos, es hoy símbolo de resistencia. Pero más allá de la protesta, lo que está en juego es el futuro de 1.200 hectáreas que podrían pasar de ser un emblema de despojo y lavado de activos, a convertirse en un ejemplo de restitución y dignidad campesina.