El alcalde designado de Cartagena, Pedrito Pereira, pide luz al Procurador para obrar con transparencia. Cortesía alcaldía.
La oscuridad del alumbrado público de Cartagena de Indias refleja una verdad innegable: la ciudad está al garete en un mar de crisis moral. Cuando hoy estamos a menos de tres meses de vencerse una concesión de 20 años del alumbrado público, hay un manto de dudas que la cubre, tanto que el alcalde designado, Pedrito Pereira Caballero, se vio impelido de solicitar luz a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para alumbrar el camino a seguir: prórroga o licitación.
Es un camino no solo oscuro sino «culebrero». De acuerdo con la investigación periodística realizada durante tres meses y consultada diferentes fuentes de entero crédito, existen tres fuerzas centrípetas que se quieren disputar el jugoso negocio: Alfonso Hilsaca y su combo bravo, Barranquilla Capital de Luz S. A. S. con «Yuyo» Daes, Char y William Vélez, e Iluminamos S. A. con William Arabia, el «Monito» José Villalba, ¿y Jairo Gisahys?, los actuales concesionarios. ¿De qué lado estará Pedrito Pereira Caballero? ¿Cuál será la energía centrípeta que lo atraerá?
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Para curarse en salud, lavarse las manos previamente y evitarse cualquier problema, Pereira Caballero le ofició al procurador Fernando Carrillo lo siguiente:
«Por todo lo anterior señor Procurador, de manera muy atenta y comedida solicito su acompañamiento, o del funcionario a quien a bien tenga designar, en la sucesivas mesas técnicas a realizar en el marco del Contrato de Concesión No. 9-1333889 (…) reiterando una vez más que es la voluntad y el deber de este servidor, que todo lo que al contrato citado concierne se desarrolle en un entorno de reciprocidad contractual y un marco jurídico claro y preciso, propendiendo siempre por el eficiente y oportuno cumplimiento de los fines del Estado, (…) especialmente los de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia, economía y celeridad así como las normas legales y reglamentarias que sean aplicables a la materia».
La disputa del alumbrado público de Cartagena está matizada por el modus operandi de todos los que participarán en ella. El primer round lo ganó Arabia y Villalba, de Iluminamos. Yolanda Wong se vio en la necesidad de reversar el proceso CM-003-2018 que pretendía contratar una consultoría para realizar los estudios previos de los términos del pliego de condiciones de un proceso licitatorio con el fin de seleccionar la mejor alternativa del alumbrado público. El valor de la consultoría fue tasado por $611 millones. Para Hilsaca esa consultoría era necesaria y su costo acertado.
Pero para los actuales concesionarios y el interventor William Murra estaba desfasada. Murra, por ejemplo, dijo que una consultoría de esa especie podría costar no menos de $ 1.000 millones. En su carta a Yolanda Wong cuestionó dicho proceso y aseguró que se había convocado para satisfacer intereses ajeno a la ciudad:
«(Esa convocatoria) está hecha a la medida del sastre (…) tiene exigencias que solo las cumplirían personas (consultores) que hayan cumplido consultoría de alumbrado público a los zares de dicho servicio, porque tienen más de una concesión. Y (de) qué hablar del poder que se le entregaría al consultor en la segunda etapa del estudio convocado».
¿Qué quiere significar el interventor Murra cuando dice «que hayan cumplido consultoría de alumbrado público a los zares de dicho servicio, porque tienen más de una concesión». Aunque Murra no lo admite y tampoco lo admitiría, se refiere claramente AGM Desarrollos S.A.S , empresa que es de la familia Hilsaca. Es la única, ya que de los que pretenden adjudicarse el contrato del alumbrado público en Cartagena, esa firma es la que tiene más de una concesión. Ni Iluminamos, los concesionarios actuales, ni Barranquilla Capital Luz tienen más de una concesión. Los Hilsaca poseen más de 7 concesiones, una de las últimas es la concesión por 30 años del alumbrado público de Cúcuta donde se metió en el Consorcio Alumbrado Público San José de Cúcuta.
Lo curioso es que ni el secretario de Planeación Distrital de Cartagena, Iván Castro, ni la Unidad de Servicios Públicos del Distrito conocían pormenores del proceso. Según una fuente bien enterada, la iniciativa surgió de la Secretaría General que en su época estaba a cargo de uno de los aliados de Javier Cáceres Leal, Jhonny Ordosgoitia. De todas maneras el proceso fue reversado porque no habría tiempo para que Wong tomara una decisión al respecto.
Imperativo de transparencia
Mientras tanto, Pedrito Pereira se quiere desembarazar de la papa caliente, radicando la mencionada solicitud para que el propio Carrillo o un delegado suyo acompañe el proceso de alumbrado público que promete mojar kilómetros de tinta y mover con virulencia las redes sociales virtuales. Pereira le dice a Carrillo la necesidad de reducir las alternativas jurídicas, técnicas y financieras para garantizar la permanencia del servicio:
«(Como) …mis antecesores no tomaron una decisión respecto del aludido contrato de concesión, por lo que me es imperativo asumir dicha responsabilidad, precisando que ante el inminente vencimiento del plazo contractual pudieran reducirse las alternativas jurídicas, técnicas y financieras a considerar, generando así una ineludible presión sobre el Distrito de Cartagena por cuenta de la obligación de garantizar la oportuna y eficiente prestación del servicio, siendo imprescindible la toma de una decisión a la mayor brevedad en aras de asegurar dicha continuidad del servicio de la manera dispuesta en el Decreto 2424 de 2006».
Para Pedrito Pereira tomar una decisión que le responda a los intereses de la ciudad y no a la de un político o empresario particular, no solo es un compromiso del «Pacto por Cartagena» sino un imperativo de transparencia y de economía.
Se enfrenta veedores por el alumbrado
El alumbrado público también tiene enfrentados a dos destacados veedores de la ciudad: William Murra y Héctor Pérez Fernández, quienes ayer estaban abrazados y posaban juntos en su arremetida contra la concesión vial de la Vía Rápida y sus peajes. Ahora el interventor del contrato de concesión, William Murra Babun denuncia a Pérez Fernández por decirle mentiras a la ciudad sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la concesión, porque lo involucraría a él como interventor del contrato de concesión:
«Con sorpresa, lo escuché a usted en varios programas radiales, tomándose la vocería de la transparencia, honestidad y quien sabe que otras virtudes más, aseverando mentiras como que el concesionario del alumbrado se había robado mas de 30.000 millones de pesos, que se quería quedar con la semaforización, y otra serie de falsas imputaciones que aunque usted no haya hecho referencia a la interventoría, sí atenta contra nuestra integridad e imagen, porque si un contratista roba como lo afirmó, el interventor tiene puesto un antifaz y un tapón en los oídos, es decir, ni ve ni oye y por eso el contratista saquea» .
Pérez Fernández, por su parte, ripostó:
«El tema del desequilibrio económico de los años 2016 y 2017,¨lo estamos apenas analizando,no me he referido a ese tema, nuestra inquietud radica en el cobro de la TIR desde mucho tiempo antes, las que presentaremos por escrito y sustentadas, asesoría que recibo de un familiar ingeniero experto en temas de alumbrado público. Igualmente cuestiono la calidad del servicio,que es evidente a los ojos de los cartageneros, no necesito probarlo.
El mismo interventor dijo el 15 de julio de 2015, en un debate del concejo sobre el concesionario: ‘viene hablando de desequilibrio desde la administración de Carlos Díaz (…) alegando que en 2002 hubo un rompimiento del equilibrio….’; Agregó que ‘están amenazando desde que empezó el contrato, en enero de 1999, pero no hay que temerles porque el contrato está perfecto’».
Parece que los dos veedores están ahora en orillas opuestas con respecto al alumbrado público. Desde luego, Murra está ahora en la orilla del interventor. Mientras la ciudadanía cartagenera debe atender lo que se dijo en la primera entrega de esta serie:
¿Quién ganará el pulso de los tres pretendientes del contrato de concesión del alumbrado público? ¿Hilsaca, Barranquilla Luz o Iluminamos? ¿Cuál será la posición del partido conservador? ¿Qué estará pensando William Montes, quien fue en una oportunidad fórmula al senado del hoy alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira?
Cartagena necesita un alumbrado público con tecnología de punta, bombillos LED, consuman menos energía, sea amigable con el medioambiente y contribuya a combatir la inseguridad ciudadana que es muy complicada por estos años. La ciudadanía paga unos impuestos especialmente para alumbrado público y necesita ser retribuida con un excelente servicio.
Ese anhelo lo planteamos a partir de lo enunciado por el artículo 351 de la ley 1819:
«Los municipios y distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio» .
Qué hacer?
En concordancia con ese anhelo, es mejor que el proceso licitatorio se lo dejen al alcalde del próximo período. Dos razones poderosas.
- No hay tiempo para un proceso de licitación. Sergio Londoño, cuando fue alcalde, omitió iniciar el proceso de licitación. Debe responder por esa omisión.
- Una licitación de esa magnitud, debe estar en manos de un alcalde con plenos poderes delegados por la elección popular.
¿Qué se puede hacer? Indudablemente que todos los caminos conducen a una prórroga, la cual debe ser de aproximadamente año y media. De esta manera el próximo alcalde (2020-2023) asumirá la conducción de tamaña decisión.