Predios del colegio de Shakira fueron despojados por Santo Domingo

En esta reunión aparecen: el alcalde William Dau, Pablo Obregón Santo Domingo, Dolly González y otros funcionarios del Distrito.

El litigio de los Hernández con la Fundación Santo Domingo parecería que fuera una historia de enfrentamiento de dos familias por 573 hectáreas de la antigua finca Magulla. Pero lo que realmente sucede es una historia de despojo sangriento de familias afros. Los Hernández Vergara son los verdaderos dueños de la tierra del colegio de Shakira, quien colocó la primera piedra sin saber que estaba manchada de sangre. Si, en el proceso de despojo, los Hernández perdieron 6 de sus herederos.

Son dos familias diametralmente opuestas. Una empobrecida y despojada, y la otra enriquecida y privilegiada. Son los Hernández Vergara versus los Santo Domingo. Los primeros son afrodescendientes que heredaron de sus abuelos el predio. Los segundos lo adquirieron valiéndose de un entramado sistema de despojo que lo hacen pasar como una adquisición legal y de buena fe. En esos terrenos estaría el colegio Villa Aranjuez que donaría la afamada cantautora Shakira, y donde construyeron más de 20 mil viviendas correspondientes a Flor del Campo, Colombiatón, Bicentenario, entre otros proyectos.

Historia de un sangriento despojo

Esta no es la historia del enfrentamiento de dos familias por las tierras. Es la historia de un despojo que cobró la vida de 6 de los Hernández: Erasmo Hernández Melendez y su esposa embarazada, Mónica Castro Narváez; la madrasta de Erasmo, Mercedes Llorente Negrete. También fueron asesinados Carlos Hernández Pérez, primo de Dora y Erasmo. Los Hernández fueron masacrados en 2014.

De acuerdo con un modelo de investigación de la Fiscalía 57 de Orden Económico de Bogotá y que tuvo acceso la revista Dinero, existen evidencias de que Alfredo del Campo de Castro, un peón de la finca Magulla, de propiedad del patriarca afro, Pedro Hernández, se quedó con gran parte de las tierras a través de falsificaciones y engaños a algunos herederos de los Hernández. Lo que llama la atención es que los herederos del Campo de Castro se convirtieron en empresarios del sector inmobiliario que le vendieron —adivinen a quién— a la Fundación Santo Domingo.

Los herederos no sabían leer ni escribir. Eran personas del campo. Incluso, la mayoría de sus sobrevivientes son analfabetas o solo tienen estudios primarios. Esto facilitó que los despojadores falsificaran las escrituras. Es más, en una escritura aparece uno de los Hernández firmando. Lo curioso: el firmante no sabía leer ni escribir y solo lo hacía con la huella de sus dedos. La falsedad quedó evidenciada.

Preguntas urgentes

¿Quién crees que lleva la peor parte de este enfrentamiento? Adivinaste: la familia Hernández Vergara. Las autoridades policivas los tratan como invasores, delincuentes, y despojadores de la propiedad privada de la Fundación Santo Domingo. Los paramilitares los persiguen y asesinan. Pero la pregunta que cualquier autoridad debe hacerse es ¿cómo pasaron los Hernández Vergara de ser dueños y señores de varios predios rurales de Cartagena a ser unos errantes y desplazados en sus propias tierras?

¿Por qué la Fundación Santo Domingo apetece con denuedo esos predios? ¿Por qué el sistema de justicia distrital se ha puesto al servicio de la poderosa organización? ¿Por qué el alcalde William Dau Chamat se reúne en privado con los despojadores mientras su secretario de Gobierno, David Múnera Cavadía, le mama gallo a los desposeídos afrodescendientes? Estas preguntas las despejaremos en las tres primeras entregas de cómo despojaron a los Hernández de sus propiedades. Es el mismo modus operandi como lo hicieron contra los Meza en la isla Palotal, o los afros que eran propietarios de muchas tierras en el norte y en la zona insular de Cartagena.

Pero hay dos historias. Una historia reciente y otra no tan lejana. Una historia contada por los funcionarios de la Fundación Santo Domingo y otra contada por los Hernández Vergara, las verdaderas víctimas. ¿A quién creerle? La historia de los poderosos entra en sospecha cuando no está sustentada con las pruebas. Pero esta versión es la que los grandes medios de comunicación le dan más crédito.

La historia reciente

El punto de inflexión de esta historia de despojo y, al mismo tiempo, de beneficio social es 2008. Todos los predios en litigio fueron transformados en predios urbanizables desde que el gobierno nacional los declaró «predios de utilidad pública» mediante resolución No 2362 de 2008 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A partir de estos momentos, esos predios pasaron de ser rurales a urbanizables. Lo que significa en término de valor comercial y no de uso, que el costo se multiplica por 100 o por 1.000.

Por supuesto, los Santo Domingo no se hubiesen interesado por esos terrenos si en un tiempo futuro ellos no pretendiesen realizar macroproyectos económicos o sociales. Pues bien, la Fundación Santo Domingo concibió desde los primeros años del milenio un macroproyecto de vivienda de interés social que inscribió en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que luego pasó a ser Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El megaproyecto tiene como finalidad construir 55 mil viviendas de interés social, urbanizar 588 hectáreas y levantar una megápolis que incluye varios mega colegios administrados por la misma fundación. Es un proyecto ambicioso que contó con el apoyo irrestricto de los gobiernos nacionales y distritales.

Por esa razón hicieron grandes esfuerzos para que Judith Pinedo Flórez«Mariamulata»— fuera elegida alcaldesa de Cartagena. Ella venía de ser presidenta de Funcicar y de tener una excelente relación no solo con los Santo Domingo sino también con los Araújo. Sin duda, su administración le facilitó todo lo institucional para la implementación del proyecto que cualquier alcalde desearía ejecutar en su período gubernamental.

Así se legalizaba el sangriento despojo a los Hernández. William Dau y su secretario de gobierno, el otrora inquieto opositor, David Múnera, se convierten en la continuidad de lo que hicieron Mariamulta, Campo Elías Terán, Dionisio Vélez y Pedrito Pereira.

La historia no tan lejana

En la década de 1930 murió el viejo Pedro Hernández, heredero de los predios cuya propiedad y posesión data del siglo XIX, época en la cual algunos negros que habían sido esclavizados durante la colonia recibieron —después de 1851 cuando se abolió la esclavitud—de sus amos parte de la tierra de sus haciendas. Los Hernández recibieron esas tierras por heredad.

El 7 de agosto de 1940 el Juzgado 1 Civil del Circuito de Cartagena emitió la sentencia de sucesión de la propiedad registrada a nombre de Pedro Hernández. Los herederos fueron: Ana Teresa Hernández, Bienvenida Hernández, Carlos Manuel Hernández, Fidel Hernández. Marcial Hernández, María Hernández y Nicacio Hernández. Todo esto aparece en la escritura madre de los predios que hoy podría cubrir parte de El Pozón, Villa Aranjuez, Bicentenario y otros lotes de Bayunca.

La herencia fue protocolizada mediante la escritura No 252 del 21 de agosto de 1940 de la Notaría 3° de Cartagena y registrada el 21 de septiembre de 1940 en el libro 2, tomo 2, diligencia 605 página 164 de 1940. En esta escritura aparecen los 6 herederos como los dueños de toda la hacienda. Pero también se incluye a Alfredo del Campo y Castro, quien le compró la mitad de la cuota parte a Fidel Hernández y los derechos herenciales de Nicacio Hernández.

¿Quiénes son los despojadores? ¿Los Hernández Vergara o la fundación Santo Domingo? Sin duda, los Santo Domingo debían saber que cuando compraron los terrenos éstos habían sido adquiridos ilícitamente. El colegio de Shakira se construirá en un terreno manchado de sangre afro, sangre de personas inocentes que lo único que hacen es defender su patrimonio. ¿Defender la tierra adquirida con el sudor de la frente es un pecado capital? Es la historia al revés: los despojadores se visten de victimas para no restituirle la tierra a sus verdaderos dueños.

En la próxima entrega

El 20 de febrero de 2020 solicitarán vincular a los Santo Domingo por el delito de despojo y desplazamiento forzado.

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