La Sociedad de Activos Especiales—SAE desalojará a campesinos de la finca de Cachenche haciendo fraude a resolución judicial. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo el fallo de tutela de Segunda Instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbaco (Bolívar) del pasado 12 de abril de 2021.
El director de la SAE, región Costa Caribe, Juan Pablo Valbuena, le envió el oficio No CS2021—021382 al presidente de la Asociación de Campesinos, Arnaldo Tovar mediante el cual le solicita que haga entrega real y formal de los predios de Cachenche. Les recordó que tienen la función de ejercer el papel de policía administrativa para la restitución de esos predios.
SAE desalojará campesinos
El juez ordenó a la SAE coordinar con la Agencia Nacional de Tierras—ANT, como administradora del fondo y del procedimiento de inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) y adjudicación a campesinos sin tierra, junto con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal de Turbana Bolívar. Esta coordinación tenía como fin realizar la identificación y clasificación de los campesinos ocupantes del predio Cachenche. El predio está identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria Nro. 060-76813.
Además, la orden judicial fue enfática en señalar que se tenga en cuenta las acciones que demanda el decreto legislativo No 902 de 2017.
“Inscribirlos (a los campesinos de Cachenche) en el Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO con el propósito de que, si reúnen los requisitos para ello, sean beneficiarios de la titulación o adjudicación por la Agencia Nacional de Tierras-ANT, de bienes inmuebles que integren el Fondo de Tierra o de subsidio con el mismo propósito”.
Resuelve No 2 de la tutela citada por el tutelante en su petitorio al gobernador de Bolívar, Vicente Blel.
Piden al gobernador ser garante
A raíz de la petición hecha por los campesinos de Cachenche, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaf, debe responderles. Consideran que se estaría incurso en un delito por parte de la Policía y de la SAE si cumplen con la amenaza de desalojo sin atender lo determinado por la resolución judicial. El jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Juan Mauricio González, debería establecer la legalidad de dicha orden. Pero también puede y debe solicitarle a la SAE que se detenga en la ejecución de dicha decisión, la cual fue tomada con base en la resolución No 094 de febrero de 2019.
Como se recordará, en marzo de 2021 se inició el desalojo de los campesinos de Cachenche. Hecho que fue abortado en abril por la decisión de la tutela que falló a favor de los labriegos y que fue confirmnada en segunda instancia por el fraude a resolución judicial. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo el fallo de tutela de Segunda Instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbaco (Bolívar).
En esa ocasión el gobernador fue mediador para que no desalojaran a los campesinos hasta que se clarificara su situación. Por tanto, es esta la razón para que el gobernador haga uso de sus facultades en beneficio de esa jurisprudencia y de sus funciones constitucionales y legales. (Ver la petición de los campesinos al gobernador).
Esa petición también se la dirigieron al comandante de la Policía de Bolívar, Tahir Rivera Suescún, al presidente nacional de la SAE, Andrés Alberto Ávila Ávila y al ministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
El debido proceso
El debido proceso es un derecho fundamental que se debe tener cuenta en todo proceso administrativo o judicial. Si algún servidor público se salta ese derecho, su actuación es nula en su integridad. De hecho, por esa razón fue por la cual el juez amparó los derechos delos campesinos. Tuvo en cuenta la jurisprudencia que existe al respecto.
En procesos de desalojo de familias campesinas y otras de especial protección Constitucional la Corte Constitucional ha sido clara y precisa en cuanto a los procedimientos, respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales, es así como tenemos la Sentencia de Constitucionalidad C-077 de 2017 que manifestó:
“La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos naturales.
Sentencia de Constitucionalidad C-077 de 2017.
Se espera que el gobernador actúe con base en el mandato constitucional y legal que garantice el derecho de los campesinos. Al mismo tiempo,debe evitar mayores problemas que deriven en manifestaciones de protestas y caos en las vías principales del departamento y en jurisdicción de Turbana. Los campesinos de Cachenche están dispuestos a bloquear las principales carreteras.
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