Mientras el presidente Gustavo Petro visitaba una tienda de Pescaito de Santa Marta ―el barrio del Pibe Valderrama y de otros famosos futbolistas de Colombia― para despedir el Año Viejo, el analista se pregunta: ¿Cuáles son las grandes oportunidades económicas en la Era del Cambio para que el 2025 sea el Año Venturoso de los colombianos? Como base de este análisis integral y multidimensional, se debe establecer que el éxito o el fracaso de la política económica del presidente Gustavo Petro depende de la estabilidad económica.
En contravía de la narrativa de la oposición, los indicadores económicos de los tres trimestres del 2024 marcan una tendencia: la estabilidad económica. Lo demás, son comentarios y especulaciones.
Por ejemplo, la tasa de cambio fue estable y la inflación controlada. Si bien, el crecimiento económico fue moderado (1,8% real del PIB), la agricultura se incrementó en un 8%,coinciden los centros especializados. Los precios de los alimentos contribuyeron a mejorar el nivel de vida de la gente.
Estabilidad económica desigual
Empero, la desigualdad sigue siendo un grave problema social. El ingreso per cápita que el FMI previó para 2024 fue de 1,6%. En 2023, el coeficiente de Gini que define el nivel de desigualdad, en Colombia fue de 0,546, levemente superior al de 2022. Para el 2024 sería una cifra similar, pese a que cerca de un millón de colombianos salieron de las garras de la pobreza en estos dos últimos años.
En tanto que el impacto de esas políticas económicas durante la Era del Cambio, también dependieron de diversos factores económicos, sociales y estructurales. Quizás el mayor hándicap del gobierno de Petro fue adoptar una política fiscal neoliberal y no humana. No tomó las decisiones económicas oportunamente para que su política social no quedara como la casa en el aire: desfinanciada.
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Política fiscal no humana
En su momento, VoxPopuli Digital llamó la atención para que el presidente Petro girara el timón de la regla fiscal a favor de la gente. De igual manera, el pago de la deuda externa y el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). Es más, hoy el gobierno está en mora de tomar las riendas de una política fiscal que no sacrifique el nivel de vida de la clase media y de los sectores populares. O si no, esos recortes presupuestales afectarán inevitablemente a la gente más menesterosa.
Vale la pena destacar que sus dos ministros de Hacienda (José Antonio Ocampo y Ricardo Bonilla González) cedieron a las presiones neoliberales. La banca internacional y sus grupos de poder nacionales ligados al petróleo presionaron para mantener las políticas económicas del capitalismo sanguijuela. El FEPC es administrado por el ministerio de Hacienda y Crédito Público. Solo le bastaba al ministro expedir un acto administrativo para que los precios de los combustibles estuviesen amarrados al costo de producción y no a la política de precios de los monopolios internacionales.
Esto es clave. En el 2018 se publicó un estudio en la revista Finanzas y Política Económica (dele clic) donde se demuestra que para la empresa estatal colombiana Ecopetrol, el costo de producción de un galón de gasolina es de 90 centavos de dólar. Allí se incluye el marketing y todas sus arandelas. Pero el costo que la empresa le transfiere al público es de 2,40 dólares.
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Política fiscal para ricos
Cuando en 2012 empezó a regir la regla Fiscal, la deuda pasó de 200 billones a 800 billones en agosto de 2022, antes de la posesión del gobierno del cambio. Pero lo más grave, es que gran parte de esa deuda es de corto plazo, que debe pagarse en los dos últimos años de Petro. Dos regalitos le dejó Duque a Petro. El primero, la deuda de los 5.735 millones de dólares con el FMI, pagaderos en 2024 y 2025, en ocho cuotas trimestrales. El segundo, la deuda del FEPC. Son $35 billones que dejaron enorme hueco fiscal y poco margen de maniobra al gobierno del cambio.
No obstante, los susodichos ministros de Hacienda de Petro prefirieron sacrificar a los más necesitados para favorecer a los más poderosos. Lo producido por la “reforma tributaria para la igualdad” ($20 billones entre el 2023 y el 2026), profundizaron la brecha de la desigualdad.
Ambos regalitos se chuparon la reforma tributaria de 2022, impulsada por este gobierno. Si a esto se agrega la caída del recaudo, la angustia fiscal de este gobierno se convierte en el principal problema a enfrentar en lo que resta de este gobierno. De la manera cómo se sortee este asunto, dependerá que el relativo éxito económico que se ha tenido, se consolide.
Si, el niño llora y la mamá que lo pellizca. En noviembre de 2023, la Corte Constitucional terminó de trasquilar la mencionada reforma. Tumbó el parágrafo 1 del Artículo 19 de la Ley 2277 de 2022 (dele clic) o Ley de Reforma Tributaria. Este artículo prohibía deducir del ingreso gravable los pagos por concepto de regalías que la empresa le pague al Estado. Con esta decisión se fueron aproximadamente $6,8 billones a enriquecer a los ricos de la economía extractivista.
La regla fiscal en la Era del Cambio
En ese sentido, la regla fiscal ―que el presidente Petro aplicó al pie de la letra en sus dos primeros años― es un embeleco que se dejó imponer de esos grupos de poder ligados al sistema monetario internacional. Puesto que esa norma deteriora la vida digna de los más pobres y privilegia las ganancias de los más ricos.
En la Era del Cambio, el gobierno de Gustavo Petro le pagó al FMI entre el 2023 y 2024 dos cuotas de 619 millones de dólares (USD) de la deuda de Duque. En el 2025 y 2026, continuará pagando dicha deuda de corto plazo. Se pasó del 48% del Producto Interno Bruto (PIB) al 61%, en boca del que fuera ministro de Hacienda y Crédito Público.
Cuando Ricardo Bonilla, el malogrado ministro, sustentó la necesidad de que el congreso le aprobara la utilización de un crédito como parte del cupo de USD70.000 millones de dólares que Colombia tenía, relató las verdaderas cifras del endeudamiento. Señaló que el gobierno debía cubrir cerca de USD5.500 millones en pagos este año. USD8.000 millones el próximo año y USD7.000 millones en 2026. En solo intereses, la nación debe pagar alrededor de USD10.000 millones exclusivamente en intereses hasta 2026.
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Sobreendeudamiento
En 2011 fue aprobada la regla fiscal que entró en vigencia al año siguiente. Juan Manuel Santos, siendo presidente, impulsó la norma para limitar el sobreendeudamiento y el manejo irresponsable de las finanzas oficiales. Pero, al mismo tiempo, se encargó de romper sus propias reglas. Entre mayo de 2014 y el mismo mes de 2018, la deuda pública se incrementó en $79 billones.
Según el Banco de la República, a septiembre de 2024, el saldo de la deuda externa del sector público se estima en US$112.048 m (27,2% del PIB). Una cifra inferior en US$922 m (0.8%) respecto a diciembre de 2023. Esta dinámica se explica por la reducción de las obligaciones tanto de corto plazo (US$472 m) como de largo plazo (US$450 m), según revela el Emisor.
Sin embargo, al término de septiembre de 2024, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó US$197.361 millones (m) (47,9% del PIB), aumentando US$1.142 m (0,6%) respecto a diciembre de 2023. El 84% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 16% a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos.
La Regla Fiscal, una burla
Con base en esos datos del Emisor, la principal conclusión a la que se puede llegar es que la tal Regla Fiscal es una camisa de fuerza que se aplica al más pendejo. O por lo menos, al gobierno más débil frente a los grupos de poder, como es el caso del gobierno del presidente Gustavo Petro. En su gobierno la deuda solo creció 0,6%.
La Ley 1473 de 2011 no impidió el sobrendeudamiento en el gobierno de Juan Manuel Santos ni tampoco en el de Duque. Desde que se creó dicha medida, sucedió todo lo contrario: la deuda se duplicó.
Próxima entrega. Los indicadores económicos en la Era del Cambio desvirtúas los temores