LUCIO TE EXPLICA «EL CARTEL DE LA CONCILIACIÓN» (II)
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Un dato para tener en cuenta. Entre familia se pudo contaminar la conciliación en el Distrito y Urbaser, hoy Veolia. Aún no han firmado el acta del Comité de Conciliación del 12 de agosto —analizado en la primera entrega de esta serie— donde el Distrito decidió conciliar con Urbaser el proceso ejecutivo de $4.5 mil millones que reclama la multinacional de aseo.
El proceso 13001333300020170004001 está para fallo en el Consejo de Estado. El acta no lo han firmado porque la conciliación puso de manifiesto dos graves problemas que revelaremos en esta entrega de voxpopuli.digital.
La batuta de este proceso de conciliación la lleva Mirna Martínez Mayorga, otrora jefe de Jurídica de Urbaser, hoy Veolia. El alcalde Dau Chamat dijo que la trajo para combatir a los «malandrines». Pero en la alcaldía creen que es cuota de alguien que tiene incidencia en el poder judicial. Pues, Martínez, fue abogada auxiliar del Tribunal de Bolívar y del Tribunal del Atlántico, desde donde saltó a Jefe de la Oficina de Jurídica de la Alcaldía Distrital.
Tenemos un dato problemático. Problemático para Martínez Mayorga. En todas partes se «cuese habas». Entre familia también. Un dato que puede enredar más a la jefe de jurídica. Su hermana July Natalia (popularmente conocida como Naty) Martínez Mayorga ocupa un cargo de nivel ejecutivo en Urbaser (hoy Veolia). Ella es la gerente de Servicio al Cliente.
Antes de entrar a Urbaser, Naty estuvo vinculada a la Secretaría General en calidad de asesora externa del inefable Carlos Coronado. El escudero de Dionisio Vélez. Este también —igual que Dau— se presentó como «mesías de Cartagena». Pero terminó siendo una de las administraciones más corruptas. ¿Como la ves?
En contexto
Urbaser (hoy, Veolia) presentó un proceso ejecutivo en 2016 contra el Distrito de Cartagena. La raíz del problema fue una serie de disparidades por concepto de facturación de servicios adicionales o extraordinarios que el ente territorial debía pagar. Pero hubo oposición para que ello ocurriera. En aquel tiempo, los trabajos fueron autorizados por el Secretario General del alcalde Dionisio Vélez, Carlos Coronado Yances (2013—2015).
Fuera de contexto, debemos decir que (dale clic) Coronado Yances fue destituido e inhabilitado 14 años por la Procuraduría el pasado mes de diciembre, porque dilapidaron $168.900 millones. Lo mismo que la secretaria de Educación, Clara Inés Sagre Hernández (2013 – 2015), y de 12 años al exsecretario de Infraestructura Ramón León Hernández (2012 – 2014). Todo por la infraestructura para salud y educación.
(Ver el artículo publicado en 2015, —para los que me dicen que solo se la he «velado» a Dau. También el hoy vicerrector de la Universidad Tecnar se presentó como «salvador de Cartagena», la cual estaba al garete como hoy: Dionisio, ¡vete ya!).
Para fallo
Como Coronado Yances salió junto con Dionisio Vélez, a Urbaser (Veolia) no le quedó más remedio que instaurar un proceso ejecutivo en 2016 ante el Tribunal Administrativo de Bolívar donde laboró Mirna Martínez Mayorga como abogada auxiliar.
En agosto de 2018, hace exactamente dos años, (16/08/2018 a las 07:44:30), el Consejo de Estado radicó el proceso de la referencia. La información del alto tribunal señaló:
«Por reunir los requisitos legales, se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada -Distrito de Cartagena de Cndias- (fl. 244 c.ppal) contra la sentencia del 27 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, como quiera que dicha decisión es apelable y el impugnante lo presento y sustento oportunamente…»
La última anotación del proceso fue en diciembre (13/12/2019):
El proceso está para fallo. El expediente fue trasladado al despacho del magistrado ponente ( NICOLAS YEPES CORRALES).
Por los problemas del coronavirus, el ejecutivo se ha demorado en el Consejo de Estado. Se suponía que luego de la vancancia judicial, el magistrado ponente NICOLAS YEPES CORRALES resolvería el conflicto.
Posible contaminación
El primer problema que hallamos es de carácter ético. Mirna Martínez fue jefe de la Oficina Jurídica de Urbaser (Veolia). Es un problema, sobre todo, porque se predica de una funcionaria que proviene del poder judicial, y no de cualquier poder. En cuanto que fue abogada auxiliar de los altos tribunales de Bolívar y del Atlántico, debió ser más precavida. Pero también fue jefe de la Oficina Jurídica de Urbaser. Debió activar su memoria. Los periodistas de investigación no tragamos entero.
Este solo caso sustenta el posible tráfico de influencia que se podría dar con esta correa de transmisión entre la administración de William Dau Chamat y los tribunales de Bolívar. Correa de transmisión que podría contaminar los procesos que tempranamente Dau tiene en esos despachos judiciales. (Tema de la entrega III).
Recordemos que la Sala de Decisión No 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar tiene varios negocios jurídicos contra Dau. Uno de estos es la acción de nulidad por supuestas firmas espurias que presentó para inscribirse como candidato a la alcaldía. En este caso, existen cosas extrañas que en una entrega posterior podemos dilucidar. También la Sala No 1 tiene varios procesos de nulidad electoral. El Tribunal decidió decretar la acumulación de procesos.
Es necesario aclarar que la contaminación posible no sea del conjunto del Tribunal. En tanto que son honorables magistrados, dicha contaminación podría provenir de otros funcionarios que fueron colegas de Mirna Martínez Mayorga en su época de abogada auxiliar del Tribunal Administrativo de Bolívar.
Conflicto ético entre familia
El hecho de que la jefe de Jurídica del Distrito, hubiese ocupado este mismo cargo en el otrora Urbaser (hoy, Veolia), ya de por sí era un problema ético. Pudo declararse impedida para que se diera ese acuerdo del Comité de Conciliación del Distrito.
Entrevisté a dos miembros del Comité —me pidieron reserva. Manifestaron que no sabían nada de posible conflicto ético para que la directora de la Oficina de Jurídica liderara ese proceso de conciliación.
Tampoco sabían las razones por las cuales había salido la anterior secretaria técnica del Comité de Conciliación. La nueva titular de ese cargo es Gina Río, muy cercana a Heidy Villarroya, jefe de la Unidad de Servicios Públicos.
Entre familia
Pero el problema más grave es desde el punto de vista legal. ¿Existe un conflicto de intereses? ¿La conciliación quedó entre familia? Es cierto, la representación legal la tiene Pedro Gutiérrez, gerente de Urbaser (Veolia). Pero ¿podremos imaginar que las dos hermanitas (Naty y Mirna) nunca hablarían del proceso de conciliación?
Como en las viejas tragedias clásicas cuando dos hermanos quedan en bandos contrarios de la guerra, este conflicto entre Urbaser y el Distrito quedó entre familia. Las dos hermanitas quedaron atrapadas en posiciones antagónicas. Naty en Urbaser (Veolia). Mirna en el Distrito de Cartagena. ¿Curioso?
Entre familia no se podría cargar con un conflicto. Las hermanas no podrían pelear. Entre familia, por el contrario, existe solidaridad de cuerpos. ¿Naty se iría contra los intereses de Urbaser para preservar los intereses públicos del Distrito? Jamás. La botarían al día siguiente. ¿Y Mirna? Los hechos dicen que su actuación fue anti — ética y posiblemente ilegal. No se declaró impedida para actuar en ese Comité de Conciliación y muchos menos anunció un posible conflicto de intereses.
Nos queda la sensación de que entre familia pudo cocinarse la conciliación. También que varios miembros del Comité de Conciliación del Distrito fueron asaltados en su buena fe cuando aprobaron en la reunión del 12 de agosto la conciliación con Veolia. Igualmente, que este es un modus operandi de la administración de William Dau. Engaña a sus propios aliados. Este no es el único caso. La elección del inhabilitado contralor distrital, Héctor Consuegra, es la cereza del pudín que los cartageneros debemos «degustar» de una administración que, como la de Dionisio, debe terminar ¡ya!
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