En desacato entró de nuevo la alcaldía al no cumplir resolución judicial que la obligó a diseñar una política pública de protección integral del Cerro de La Popa. Este alto relieve se encuentra en un proceso de deterioro ambiental afectado por intervenciones humanas sin control. Con esta conducta omisiva, la administración distrital demuestra su ineptitud y desprecio por los bienes públicos y los derechos de la gente.
El fallo AP 042 del 22 de febrero de 2017 del Juzgado Séptimo Administrativo declaró vulnerados los derechos colectivos al goce del medio ambiente y otros.
«A la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes , y al equilibrio ecológico».
El fallo en desacato
El proceso se inició con una Acción Popular que presentó la Defensoría del Pueblo en 2016 con el apoyo de diferentes organizaciones ambientales de la ciudad, como Ecopopa y Verde Porque te Quiero Verde. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena conoció la acción popular. En 2017 tomó la decisión de obligar a la alcaldía de adoptar las medidas inmediatas, mediatas y de largo plazo.
«El DISTRITO DE CARTAGENA deberá aprobar, implementar y poner en marcha una POLITICA PUBLICA de protección integral al Cerro de la Popa que tenga por objetivo, su protección, conservación y desarrollo sostenible (.) Que consulte la normatividad interna y los instrumentos internacionales que hemos citado en esta providencia. Para tal efecto se concede el término de un (1) año».
También ordenó:
«El ESTABLECIMINETO PUBLICO AMBIENTAL, deberá aprobar e implementar un PLAN DE PROTECCION AMBIENTAL INTEGRAL para el cerro de la Popa en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta los considerandos de esta providencia. Para tal efecto se concede el término de un (1) año». (Lea el fallo).
Ese fallo fue apelado por la alcaldía ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Pero en agosto de 2019, ratificó el fallo de primera instancia. Ordenó que la alcaldía debe realizar de inmediato un censo de población de los 5 barrios ilegales que existían en esa época. Podemos mencionar Kennedy, El Hoyo, La Bendición de Dios, Loma del Rosario y la Boca del Diablo.
Ecopopa presenta incidente
El 4 de enero de 2020, Rafael Zúñiga, representante legal de Ecopopa, con mucho entusiasmo y optimismo visitó el despacho del secretario del Interior, David Múnera Cavadía con el fin de que actuaran de inmediato. Le presentó los dos fallos, el de primera y segunda instancia. Le puso en conocimiento las órdenes del juzgado administrativo emitidas en el fallo judicial que había sido notificado debidamente en 2017. Pero no hizo absolutamente nada.
Finalmente, con memorial del 10 de marzo de 2020, la fundación ECOPARQUE HISTORICO Y CULTURAL DE LA POPA por conducto de su representante legal solicitó al Juzgado Octavo Administrativo la apertura de incidente de desacato contra el Distrito de Cartagena y el Establecimiento Público Ambiental-EPA. No cumplieron con la sentencia del 22 de febrero de 2017.
En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena inició el incidente tomando la siguiente decisión:
«PRIMERO: Abrir incidente de desacato contra el Alcalde del Distrito de Cartagena Dr WILLIAN DAU CHAMAT y contra el Director del Establecimiento Público Ambiental JAVIER MOUTHON BELLO, por el incumplimiento de la sentencia del 22 de febrero de 2017 confirmada porel Tribunal Administrativo de Bolívar con sentencia del 15 de mayo de 2018».
La audiencia se debe efectuar a las 10 de la mañana del 7 de abril de 2020.
En desacato
Además, Zúñiga le manifestó que las organizaciones ambientales de la comunidad estaban dispuestas a apoyar directamente las iniciativas de recuperación integral de La Popa.
Sin embargo, pasó el tiempo y David Múnera no hizo nada, Tampoco Javier Mouthon, gerente del EPA. Lo único que hicieron fue un parapam de sembrar supuestamente 800 plantas. Después dijo que hubo un incendio y se quemó la mayoría de los árboles sembrados.
«Eso no es cierto. Practicamos tres visitas técnicas y encontramos hallazgos que desmienten al gerente del EPA. No sembraron la cantidad que dicen y tampoco hicieron la intervención que anunciaron por redes sociales. Ecopopa le hizo un seguimiento a esa siembra y puede dar fe que no es cierto y lo vamos a demostrar en la audiencia ante el juzgado Octavo Administrativo de Cartagena».
En desacato la alcaldía y el EPA
El entusiasmo y optimismo de Zúñiga que puso en contexto al secretario del Interior David Cavadía para que actuara diligentemente, duró poco tiempo. Creía que Múnera iba a actuar de inmediato para proteger los derechos colectivos de la ciudadanía cartagenera. Pero un año después ese optimismo se transformó en una decepción y frustración al comprobar la ineptitud de una administración que esperaba acción.
Los dolientes de La Popa se vieron obligados a presentar un incidente de desacato ante el juzgado Séptimo Administrativo que emitió el fallo de primera instancia. Pasaron 7 meses para que el juez se declarara impedido, ya que es familiar de la directora de la oficina jurídica del EPA, Denise Moreno Sierra. Esta es una prueba clara de la negligencia e ineptitud que brillan en la administración de William Dau Chamat.
Los funcionarios de la administración distrital demostraron que poco le interesa la suerte de La Popa. O mejor, son unos ineptos. Es la opinión de los voceros de la comunidad. Mucho tilín y no gestionan nada. Hablan de malandrines. «Pero son ellos los peores malandrines». Son como los malos panaderos que dañan la masa para que nadie se coma los panes. La corrupción no solo es robarse los recursos públicos sino también destruirlos para que no beneficie a nadie.
La audiencia
Este 7 de abril se debe realizar la audiencia del incidente de desacato que se realizará virtualmente. El evento será presidido por el juez Octavo Administrativo de Cartagena
Están citados la Defensoría del Pueblo, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, el secretario del Interior David Múnera, el gerente del EPA Javier Mouthón, el director de la Oficina de Riesgo Fernando Abello, entre otros. Asimismo asistirán Rafael Zuñiga y Aroldo Rodríguez en representación de los accionantes. La Procuraduría designó en la procuradora Ambiental y Agraria de Bolívar Margelis Chamorro la representación del Ministerio Público.
Con este incidente de desacato, la administración de Dau Chamat demuestra su consuetudinaria ineptitud. También el desprecio por los derechos colectivos, inconsecuencia para la preservación del Cerro de La Popa y de los derechos de la gente que vive en condiciones infrahumanas en 5 barrios de esa elevación natural.
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