Con la caída de Emilio Tapia Aldana, natural de Sahagún, y de otros contratistas en manos de la Fiscalía, dentro del marco del contrato de Mintic No 1043/20, puede provocar un nuevo giro en el sonado caso. También pondrá de manifiesto una nueva avalancha de denuncias contra funcionarios públicos, políticos y empresarios corruptos.
Tapia es conocido por su participación protagónica en el Carrusel de la Contratación de Bogotá. En este proceso fue condenado por corrupción como contratista. Pero recibió beneficios por su colaboración con la justicia. La pena se la rebajaron en un 50%. Se había trasladado para Barranquilla, y tal parece que regresó a sus viejas andanzas conocidas de auto.
¿Tapia delataría a políticos y empresarios?
Si escuchamos con atención las declaraciones de Tapia, según la Fiscalía, de que está dispuesto a colaborar con la justicia, indicaría que es una amenaza directa al alto poder político colombiano. Pero el ente acusador le indicó que no recibiría beneficios por su delación. A lo que Tapia respondió que a él le interesa que se conozca toda la verdad. Es decir, que está dispuesto a prender el ventilador.
VoxPopuli.Digital consultó con el penalista Enrique del Río si un sujeto que recibió beneficios en un un caso penal podría colaborar con la justicia nuevamente por otro proceso diferente. Del Río manifestó que la negociación entre procesado y Fiscalía es facultativo de ésta, y no es una obligación legal.
Si ello es así, es decir, si un acuerdo es facultativo de la Fiscalía, podría favorecer a los verdaderos dueños del contrato de Mintic. ¿Por qué? No habría ningún estímulo para llegar a los peces gordos que están detrás del billonario contrato. Un contrato que estuvo plagado de muchas irregularidades y omisiones por parte de los funcionarios públicos que lo concibieron. Esto le favorecería al ejecutivo, especialmente a la exministra Karen Abudinen Abuchaibe y al exviceministro Iván Mantilla Gaviria, quien diseño todo el proceso de contratación.
Si la Fiscalía no brinda beneficios a los colaboradores de la justicia, se podría interpretar como reflejo de la concentración de todos los poderes en manos del ejecutivo. Como sabemos, todos los poderes públicos al día de hoy están concentrados en el presidente aunque teóricamente la constitución y la ley diga lo contrario. El congreso, el fiscal, el contralor, la procuradora, el Defensor del Pueblo funcionan con la presidencia. No existe la ley de contrapesos del poder público.
«Que caigan los bandidos»
El presidente Iván Duque dijo a los medios de prensa, a propósito del contrato Mintic1043/20:
«Tenemos que llegar hasta el fondo de la investigación, que caigan todos los bandidos que tiene que caer, que se conozca la verdad. Aquí no podemos tener ningún tipo de contemplaciones con la corrupción».
Presidente Duque
¿Cuáles son los bandidos? ¿Los que adjudicaron dicho contrato con una sarta de irregularidades y omisiones, o los dueños reales de las cuentas offshore donde cayó la suma de 17 millones de dólares? Las respuestas de estas dos preguntas son esenciales para llegar al pez gordo. Los primeros capturados podrían ser chivos expiatorios. Es la lógica que se presenta en una ruta criminal como la que se siguió con Reficar, Salucoop, Odebrecht, Ruta del Sol, el Cartel de la Hemofilia, Interbolsa, el Carrusel de la Contratación de Bogotá, el Cartel del Sida, entre muchos otros.
Para que esos hechos escandalosos de corrupción se presentaran se necesitaba un ejecutivo corrupto. Si no fuere así, jamás se hubiesen presentado. ¿Quién diseña los contratos? ¿Quiénes hacen la supervisión o intervención de esos contratos?
La estrategia del gato bravo
La estrategia de la exministra Karen Abudinen Abuchaibe y de presidencia fue echarle la responsabilidad al contratista. El representante legal, Luis Fernando Duque, quien según lo dicho por él en una entrevista realizada por El Espectador, fue designado por la Unión Temporal un día antes de la presentación de su propuesta. No conoció cómo se obtuvo las pólizas de seriedad de la propuesta ni tampoco de las pólizas de garantía. Y este fue el duro cuestionamiento que el fiscal 53 le hizo en la audiencia para determinar su detención este 24 de septiembre.
Como se sabe, en un operativo que se hizo en Barranquilla, fueron capturados Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, y Juan José Laverde, representante de Rave Seguros. Rave fue la entidad que tramitó las garantías a través de los bancos y las aseguradoras. Todas esas pólizas resultaron falsas. Descubrimiento que se hizo cuando ya había estallado el escándalo.
Cuando eso sucede, la exministra comenzó una estrategia de declarar bandidos a los contratistas. De esta forma se desmarcaba de ellos, y así evitar salvar su responsabilidad contractual y tener un mejor manejo de medios de comunicación. No obstante, no pudo evitar el debate en el congreso y el voto de censura. Ahora pretende solicitar a la Fiscalía que la reconozcan como víctimas, ya que se siente engañada por los contratistas.
¿Donde están los bandidos?
Lo primero que debemos señalar es dónde están los bandidos. ¿En el gobierno? ¿En los contratistas, o en ambos? ¿O fue un concierto para delinquir entre altos funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación? Si bien no podríamos establecer a priori si hubo o no concierto para delinquir. Pero hay dos pistas que nos conducirían a los bandidos.
Primera pista. ¿Por qué un contrato billonario estuvo infectado de irregularidades? Se contrató una firma por $400 millones solo para analizar los documentos legales de los 10 proponentes. ¿Cumplió honestamente esa función? Si la hubiese cumplido de seguro que hubiese hallado la falsedad de la póliza de seriedad de la propuesta. Ese solo hecho, hubiese tumbado la elección de la propuesta de Centros Poblados.
Segunda pista. ¿Dónde están los 17 millones de dolares que se llevaron para Delaware? ¿Por qué la estrategia de la Fiscalía y del gobierno es solo buscar chivos expiatorios en los autores de la falsedad de las pólizas? ¿Por qué está omitiendo desarrollar una estrategia internacional para rescatar los 17 millones de dólares? ¿Por qué la fiscalía no ha interrogado a los cuatro representantes legales de la UT para establecer la identidad de los verdaderos dueños de esa empresa?
(II)Si el presidente Iván Duque quiere encontrar a los bandidos debe mirar hacia dentro. Los funcionarios públicos son los principales responsables de un hecho de corrupción. Por acción o por omisión. Si omitieron cumplir sus deberes en supervisar que los procesos contractuales se hicieran conforme a la ley, nada de esto hubiese pasado. Ahora, el presidente Duque y Karen Abudinen dirán que fueron engañados. «Indujeron al error a los funcionarios públicos». Es una salida por la tangente y una forma cínica de afrontar el problema de la corrupción.