¿Qué pasa en el ICBF? Es la pregunta que los usuarios se hacen ahora. Es un año preelectoral. En marzo serán las elecciones parlamentarias. ¿Por qué la directora regional (e), Viviana Rojas Molinares, está sustituyendo a las funcionarias de mejor desempeño en las coordinaciones zonales? ¿Qué objetivos tienen de mover sus fichas en cada una de las dependencias de esa institución encargada de proteger a la niñez y a la adolescencia de Bolívar? ¿A quién buscan proteger? ¿A la niñez o a sus patrocinadores que están tras bambalinas?
Les contaré esta historia donde me encuentro indirectamente involucrado. Debo decirlo, ya que como periodista profesional expreso esta limitante para que mis lectores la conozcan.
Aclaro y prosigo. Parto del principio que si un familiar mío está en la administración pública, debe responder a la sociedad que es la que paga los impuestos. Dinero que sirve para pagarle los salarios a los servidores públicos. También parto del principio que si mi empresa u organización ejecuta un contrato público, debe hacerlo con honestidad, eficiencia y efectividad. Como periodista, no tengo como fuente a mis familiares. Si son perseguidos por mi culpa, tengo el pleno derecho de enfrentar esos ataques infames. Desenmascarar a los que están asolapados. Ellos no pueden pagar lo que yo hago como profesional del periodismo de investigación.
La historia
En el ICBF se encuentra una familiar mía. Ella no sabe que redacto esta noticia. Se enterará cuando salga a la luz pública. Se trata de Josefita Barros de la Hoz. Tiene cerca de 12 años de estar en esa institución. Primero como contratista y después en carrera administrativa. Yo no hice nada para que la vincularan. Se ganó el concurso y punto. Fue nombrada como manda la ley. Es una nutricionista—dietista eficiente, eficaz, preparada y resolutiva. Es especialista en Gerencia Social. Un perfil para ser, incluso, directora del ICBF. Pero, además, es una mujer honesta, cumplidora de su deber y de su misión para la protección de los derechos de los niños.
Tanto es así que, debido al control estricto que le hacía a los contratos de operación, específicamente en cuanto a la nutrición se refiere, fue nombrada Coordinadora Zonal de Turbaco 2017-2018-2021.
Calificación perfecta
De acuerdo al sistema de gestión del ICBF, fue la mejor coordinadora. De 100 puntos posibles, sacó 100. Es decir, una evaluación perfecta. En la gestión de 2021 su nota es sobresaliente, de acuerdo a la siguiente gráfica del ICBF:
Un supervisor de los contratos de operación debe basarse en los estándares de gestión. No puede complacer a los contratistas ni ser cómplices de sus debilidades y deficiencia. Josefita Barros cumplía con su deber. Pero el pasado 7 de octubre le notificaron la resolución No 087—2021 mediante la cual la quitaron de la Cordinación del Zonal de Tuebaco. Una resolución escueta y sin motivación. Esto viola su derecho fundamental al debido proceso, porque la medida debe ser motivada. ¿El motivo? ¿Por ser la mejor coordinadora al alcanzar 100 puntos de 100 posibles? En Bolívar ninguno lo alcanzó, como se demuestra en la imagen que se publica.
¿Qué está pasando con la contratación de los servicios sociales del Estado? ¿Los contratos de operación para la niñez? ¿Los contratos de alimentación del PAE, del adulto mayor, de los centros de vida? Se los están adjudicando a operadores voraces. No debe ser así. ¡Paren eso! ¿Qué pasa en el ICBF? ¿Quiénes están detrás de esos contratistas? ¿Quiénes son sus patrocinadores políticos?
¿Qué pasa en el ICBF?
Sin lugar a dudas, ser calificada con un rendimiento del 100% es la nota ideal. Pero no solo es cuestión de nota, es de gestión continua, mejorada y eficiente basada en resultados. Así está planteada la gestión pública moderna, especialmente en la gerencia social. Esto es, para gestionar políticas públicas sociales relacionadas con los sectores más vulnerables de la sociedad. Por esta importantísima razón, la gerencia social no puede estar en manos de políticos corruptos que se roban el dinero de los más pobres: infancia, adulto mayor y poblaciones vulnerables.
Eso se tiene que acabar. Vale la pena que la directora general del ICBF, Lina María Arbelaez, responda públicamente: ¿quién le recomendó a la directora regional? ¿Un senador? ¿Una senadora? ¿Necesita ese cargo para buscar votos en las próximas elecciones?
Se supondría que si la directora regional del ICBF, Viviana Rojas Molinares, quiere lo mejor para los usuarios, se necesitaría mayor control a los operadores del servicio. Ser estricto. No darle el visto bueno de sus informes inconclusos o tengan inconsistencias. Para eso, su equipo debe estar preparado, capacitado y con actitud de servir. No al contratista sino al usuario final: los niños y niñas más vulnerados de esta sociedad.
¿Lina María ¿usted sabe qué pasa en el ICBF?
Como periodista tengo la responsabilidad de ser honesto con mis lectores. No escribo para satisfacer veleidades mezquinas. Ni siquiera las mías. Pero decir la verdad tiene sus consecuencias. Cuando mi madre Teresa Moreno vivía, me aguantaba los regaños de ella. Siempre me regañaba cuando contaba historias espinosas. La entendía. Ella sufría cuando su hijo recibía las amenazas de muerte.
Como no acepto retaliación contra mis familiares, tampoco son mis fuentes. Nunca las tengo como tales. Prefiero mantenerlas aparte. Nunca las involucro en eso.
William Dau Chamat, el alcalde de Cartagena, por ejemplo, comenzó a rastrear si yo tenía familiares o personas cercanas en la alcaldía. ¿Con qué objetivo? ¿Perseguirla? ¿Hostigarla? Sin duda, una familiar mía es Ingeborg Barros de la Hoz. Desde 2001 se encuentra vinculada en la alcaldía. Constituyó con otros contratistas el sindicato de servidores públicos vinculados a través de OPS que se enfrentó a las arbitrariedades de Dau. A pesar de ser una excelente profesional y tener los méritos, Inge no tuvo la oportunidad de ser vinculada. Es una mujer intachable, inteligente y preparada.
Participó en el concurso. Se encuentra en la lista de elegibles, pero la Dirección de Talento Humano de la alcaldía, ha puesto miles de trabas para darle paso a los que ganaron el concurso de méritos.
¿Qué pasa en el ICBF?
Katia Abudinen Abuchaibe posicionó Nu3 antes de pasearse por los cargos públicos. A pesar de todo, Nu3 es reconocida como cumplidora de los estándares de operación. Fue la creadora del BETTO. Tiene un problemita: ha sido favorecida por el ICBF con los grandes contratos. ¿Quiénes supervisan esos contratos? He aquí el quid de la cuestión, dirá el filósofo. Los reales dueños de esos contratos permanecen tras bambalinas. ¡La tarea ahora es descubrirlos!
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