La comparecencia de la senadora Galvis Méndez ante la Justicia Especial de Paz (JEP) este 22 de julio despierta gran expectativa por la verdad que revelará. Pero sobre todo, qué aportará para conocer la verdad de procesos que están confusos u oscuros. Son 11 hechos que la implican en concierto para delinquir agravado. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) la tiene procesada desde el 30 de junio de 2010.
Pero, no solo deberá decir la verdad. Es necesario comprometerse en la reparación de sus víctimas. Para esto dijo que su propuesta de reparación está dirigida a las víctimas de Bolívar. Particularmente a niños y niñas afrodescendientes de cero a cinco años en condiciones de mayor vulnerabilidad y/o discapacidad.
Senadora Galvis creará fundación
Para ello, dijo, creará una fundación que atienda a la primera infancia:
«Cuyo objeto sea garantizar el desarrollo de los menores afros en orden a estimular, educar e impulsar un crecimiento humano y una mejor calidad de vida», así como proporcionarles «cuidado y recreación».
En consecuencia, la senadora Galvis Méndez aportar una finca de su propiedad ubicada en Santa Catalina (Bolívar) para el funcionamiento de dicha fundación.
El 31 de julio de 2007, Daira de Jesús Galvis Méndez, se hizo senadora de la República. Entró cuando el senador Luis Alberto Gil Castillo, alias «El Tuerto Gil», renunció a su curul. Lo que no quiso aceptar fue la herencia del pasado paramilitar de esa curul.
Los hechos que comprometen a la senadora Galvis
¿Cuales son los hechos por los cuales la CSJ la procesaba? De acuerdo con el expediente arrimado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas abrió, a su vez, abrió el expediente No 9000589-61.2019.0.00.0001. De este expediente extrajimos la Resolución No 1554 (déle clic para leerla) y de la cual señalamos los hechos más sobresalientes:
- “(i). La senadora investigada solicitó apoyo electoral a alias «Ernesto Báez», comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC. Buscaba obtener resultados electorales favorables en el municipio de Yondó.
- (ii). La hoy postulante fue reconocida por los políticos locales como «recomendada» de Enilce del Rosario López, alias «La Gata». En campaña recibió el apoyo de los concejales municipales José Ramiro Marín Villa y Luz Mery Alfonso González en Yondó (Antioquia);
- (iii). La senadora Galvis Méndez, según declaraciones de un escolta de la familia Alfonso López -posicionada social y políticamente en el municipio de Magangué (Bolívar)- realizó acuerdos políticos con Gustavo (Vicente Blel) Blel (sic), William Montes, Salvador Arana y Jair Acuña. El objetivo era recibir apoyo económico y electoral de Enilce López.
- (iv). Según declaraciones del mismo escolta, Enilce López en compañía de Salvatore Mancuso, lavó dinero proveniente del narcotráfico a través de las empresas familiares UNIAPUESTAS y APOSUCRE
Concertación con el paramilitarismo
Asimismo, según declaraciones de alias «Suso», miembro del Frente «Conquistadores de Yondó» del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, la senadora Galvis asistió a varias reuniones en el Concejo Municipal de Yondó con reconocidos paramilitares de la región. Los paramilitares daban instrucciones para favorecer su campaña en nombre de alias «Ernesto Báez» y «Julián Bolívar», jefes del bloque BCB.
Por otra parte, alias «Ramón» (paramilitar del frente Pablo Díaz) la presentó como candidata comprometida con la causa paramilitar. Eso fue en la reunión llevada a cabo a finales del 2004 en Soledad (Atlántico). También en otra reunión de finales de 2004 citada por el mismo alias «Ramón» en Cartagena de Indias. Asistió en compañía de otros políticos locales, a quienes se les previno de las consecuencias de no cumplir el «Plan Caribe».
El proceso de la Corte
Frente a esos hechos contundentes, la Sala de Instrucción Penal de la CSJ abrió investigación formal el 20 de junio de 2019. Para tomar esta decisión, la corporación llegó a la siguiente conclusión:
«DAIRA DE JESÚS GALVIS MÉNDEZ, prevalida de su posición social y política en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Antioquia, se alió a través de acuerdos con [i.e.] las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el propósito de potenciar y legitimar el accionar de ese grupo ilegal. (Lo hizo) bajo pleno conocimiento de su naturaleza e historia criminal. (Lo) aceptó desplegando acciones voluntarias para vincularse a él y obtener beneficios electorales. [Las acciones] tuvieron lugar en el lapso comprendido entre finales de 2004 y comienzos de 2006. (Es decir), durante la campaña electoral para el período constitucional de congresistas de 2006 – 2010».
La CSJ calificó el delito de concierto para delinquir en las circunstancias de agravación punitiva previstas en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal:
Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
La senadora Galvis ante la JEP
Cuando la cosa la vió maluca, la senadora Galvis Méndez, el 8 de julio de 2019, a través de su apoderado Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, le solicitó a la CSJ su decisión de someterse a la JEP. Por tanto, le pidió que el expediente No 30565 lo trasladaran a la JEP tomando en cuenta el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018 y el parágrafo 4º del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019.
No obstante, en proveído del 30 de octubre de 2019, la Sala Especial de Instrucción de la Corte negó la solicitud presentada por la senadora investigada. La CSJ consideró que:
“(…) la senadora ha debido y no lo ha hecho aceptar su «participación -por acción o por omisión- en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado» sin que ello implique aceptación de responsabilidad penal. Así como haberse sometido a un régimen de condicionalidades en orden a ofrecer un compromiso concreto, programado y claro que persiga los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -en adelante, SIVJRNR.
Ante esa situación, el 6 de noviembre de 2019, su apoderado presentó el correspondiente recurso de reposición y subsidiariamente de apelación. Este fue resuelto desfavorablemente el 11 de diciembre de 2019.
Ante esa situación, la senadora Galvis Méndez se vio en la necesidad de aceptar lo requerimientos y estándares de la JEP. El principal requerimiento es que aceptara su responsabilidad de los hechos por los que ofrecerá aportes para la verdad y reparación de las víctimas.
¿Dirá la verdad?
Son tres cosas que se espera ante la comparecencia de Daira Galvis ante la JEP. (i) Reconozca la verdad de lo que le propuso a la JEP. (ii) Aporte a la verdad de otros procesos donde se encuentra comprometida. (iii) Repare a las víctimas con actuaciones creíbles y verificables.
¿Quién administrará la fundación que promete? ¿Cómo se sostendrá? ¿Qué aportes le entregará? ¿Cómo se evitaría que testaferros se beneficien? ¿Dirigirán esa fundación de reparación como lo han hecho cuando contratan con el ICBF para la primera infancia? ¿En cuánto está avaluada la propiedad que pretende entregar por reparación? ¿Será suficiente?
¿Cuáles son las propiedades de Daira Galvis? ¿A nombre de quiénes las tiene? ¿Existen testaferros? ¿Cuál fue el crecimiento de su patrimonio desde que asumió la curul en el senado producto de sus actos ilícitos? Este será tema de las próximas entregas.