La pequeña madame, como agente de la policía de Infancia y Adolescencia, satisfacía la voracidad depredadora de turistas sexuales en las islas del Rosario traficando adolescentes como comida para buitres. Asimismo, tres patrulleros separados de sus cargos, y su jefe de Distrito investigado disciplinariamente por haber evidencias de participar en el complot político del kilo de cocaína contra Gloria Estrada, presidenta del concejo de Cartagena. Un teniente detenido por ser jefe de la banda criminal transnacional Tren de Aragua en Bogotá. Decenas de agentes capturados por delincuencia común y al servicio de bandas criminales. Fiestas de cumpleaños de capos de la mafia que la policía deja libre en un tiroteo con dos muertos. ¿La corrupción solo se da en la base de la pirámide de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas? Las evidencias dicen lo contrario: la corrupción viene de arriba.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, como defensor de derechos humanos, debe saber que cuando un alto oficial encubre a sus subalternos, es porque se da una especie de solidaridad de cuerpos para la comisión de delitos en una línea de mando. Además, porque se aplica perversamente el principio de la obediencia debida. Este pilar sirve en la justicia penal militar para garantizar la disciplina militar y el cumplimiento de las órdenes militares. Pero, en la vida real se utiliza para encubrir la comisión de delitos de los de arriba.
Si bien el ministro Velásquez tiene poca experiencia en seguridad de Estado y seguridad ciudadana, su trabajo en defensa de los derechos humanos es suficiente para entender el papel que deben asumir las Fuerzas Militares en un gobierno de cambio como el que propone el presidente Gustavo Petro.
La corrupción policial y la transparencia de las F.F.A.A.
En el primer encuentro que Velásquez Gómez tuvo con la organización internacional de derechos humanos, WOLA, precisó la necesidad de poner la responsabilidad de la seguridad civil directamente en manos de los civiles. Agregó, que una de sus tareas es luchar contra la corrupción para construir unas fuerzas de seguridad fuertes que no violen los derechos humanos.
A finales de 2021, la organización Transparencia por Colombia informó que las instituciones más denunciadas por corrupción en el período 2016-2020 fueron, entre otras, la fuerza pública. En este año, la situación no ha sido distinta.
Por ejemplo, estos son algunos de los hechos más sobresalientes que trascendieron la opinión pública y que WOLA le reseñó al ministro de la Defensa. Un excomandante de las fuerzas armadas está acusado de colaborar con un líder del Clan del Golfo, Juan Larinson Castro Estupiñán alias “Matamba”. Esa colaboración buscaba permitir el tránsito de cargamentos de cocaína por el departamento de Nariño. Un juez militar está investigando al excomandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, por presuntos malos manejos de fondos públicos cuando era comandante de brigada. El juez que conoce el caso está recibiendo amenazas. Un general del Cauca fue grabado diciendo a sus subordinados que estaba a favor de aliarse con un grupo criminal para combatir a los exdisidentes de las FARC. El comandante del Tercer Comando Conjunto se enfrenta a acusaciones de vínculos con narcotraficantes, sobornos y otros actos de corrupción. Cinco oficiales de la 4ª Brigada de Medellín están en problemas por haber aceptado grandes sobornos para la adjudicación de contratos.
Antes de su extradición, el líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, hizo graves acusaciones sobre la ayuda que su grupo recibió durante años de oficiales corruptos.
La corrupción policial y las nuevas políticas de seguridad
El nuevo gobierno está proponiendo una reestructuración de la Policía Nacional para ponerla bajo la dirección de un civil. ¿Ministerio de Justicia? ¿Ministerio del Interior? Indudablemente que el solo hecho de cambiar de conducción del cuerpo policial no garantiza su transparencia. ¿Quiénes son más transparentes? ¿Los civiles o los militares? La razón de una reestructuración no es discutible, a la luz de los meros hechos de corrupción que se relacionan. Pero sí es debatible el traspaso de esa responsabilidad a los civiles sin resolver lo fundamental.
Lo que podría modificar sustantivamente el curso de la corrupción en la fuerza pública y, en especial, la Policía Nacional, es la transformación mental de la alta oficialidad y del control social de sus actividades. Pero, además, la concepción de la naturaleza de la seguridad. Actualmente su formación está basada en principios ideológicos de extrema derecha heredados de un pasado donde la policía se usó para la persecución política chulavita. Hoy, la seguridad ciudadana como seguridad humana, no puede estar ideologizada.
El ser humano es muy débil frente al condicionamiento mental. Bajo este precepto, construye un sistema de creencias individual y se produce el fenómeno de la alienación social. Por ejemplo, existe una corriente de la alta oficialidad que podría estar pensando en unirse a un sector de los enemigos para combatir a otro enemigo considerado estratégico. Recordemos, la primera generación moderna del paramilitarismo surgió como aliada de las fuerzas militares para combatir a la guerrilla. Incluso, se unieron a sectores del narcotráfico que financiaron la guerra sucia. (Leer en mi libro ¿Adiós a la guerra? Cinco Claves para la paz) . O crear falsas seguridades ciudadanas llegando a acuerdos con los jefes de las bandas criminales como sucedió en Medellín, Cali. Barranquilla y otras ciudades del país.
Superar la corrupción policial
Por tanto, se necesita una reestructuración urgente en dos sentidos. Una transformación humana y un control político de la Policía Nacional. Esto presupone dos acciones estratégicas. (I) Reeducación del policía basada en el ser, la conciencia de servir al bien común y a los derechos humanos y no a una ideología determinada, sea de izquierda o de derecha. (II) Asimismo, debe plantear un fuerte control desde la sociedad civil que obedece a su propia naturaleza. Este poder civil actúa como contrapeso y disciplinador de los policías.
Por ejemplo, cambiar el concepto del Inspector Nacional de la Policía. Esta figura debe ser colegiada donde participen la Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. Por experiencia propia, las investigaciones de la Inspección Nacional terminan en impunidad. Esto se tiene que acabar. La división ciudadana de la policía debe estar dirigida por un civil que dependa del presidente y asegure los derechos constitucionales de la ciudadanía.
La corrupción policial es un derivado
Debemos decir, por ende, que la corrupción es un derivado. Esto es, una añadidura a la falta de formación integral y ética del policía o del militar. Esta situación se facilita por la inexistencia de control ciudadano y de contrapesos de la institución. Este hecho se agravaría si incorporamos como agentes de paz a los insurgentes de la misma manera como sucedió con los exparamilitares que se vincularon a la institucionalidad en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? En su mayoría son individuos enajenados mentalmente que siguen la lógica de la guerra en época de paz. La violencia les afectó su capacidad de tener una visión humana para asumir las contradicciones. Ajustan su conducta a su sistema de creencia política o ideológica. Amén de los trastornos propios de la guerra que afecta su comportamiento y su estado neurocognitivo.
La corrupción policial, por ende, no es fácil de superar por el simple hecho de cambiar de uniforme. Hay que cambiar la mente por un pensamiento de acorde al precepto de los derechos humanos y al Ser. De lo contrario, en la policía, como en las cárceles, llegarán hombres y mujeres con sus mentes retorcidas para hacer de las suyas.