El representante de la Consultiva de Bolívar de los Consejos Comunitarios, Arnulfo Cardozi Julio, pidió la intervención de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y otros organismos nacionales para frenar lo que consideran una detención arbitraria de varios de sus asociados durante una protesta social en su territorio ancestral realizada en junio de 2023.
El juez Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, Luis Fernando Machado López, deberá resolver este 24 de enero de 2024 una apelación a la negación de la revocatoria de la medida de aseguramiento contra Elías Juan Orozco Salcedo y Michael Luna Blanquicet. La revocatoria la presentó el especialista en derecho étnico, profesor Alcides Arrieta, quien consideró que se violó el debido proceso y el derecho al uso y explotación de su territorio ancestral.
El apoderado y sus tesis
La revocatoria de la medida de aseguramiento la presentó el abogado litigante, profesor Alcides Arrieta Meza. Consideró que no debió imputarse el delito de extorsión, por cuanto la conducta es atípica. No hay extorsión cuando se defiende legítima y legalmente el derecho fundamental al uso y explotación del territorio ancestral por sus titulares. Así también lo resalta el representante legal de la Consultiva Departamental, Arnulfo Cardozzi en sus peticiones a la OIT, al ministerio del Interior, la Procuraduría y la vicepresidencia de la República.
Además, dijo, los acuerdos avalados en el Comando de la Policía de la comunidad negra de Manzanillo del Mar, máxima autoridad en el territorio ancestral, y los dineros recibidos a título de compensación, están autorizados por el derecho étnico, el derecho propio y consuetudinario de la comunidad negra.
Tampoco, agregó, puede considerarse conductas extorsivas la exigencia del derecho fundamental al uso y explotación del territorio, derecho preferencial en cabeza de los nativos, a través de la protesta social.
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Los hechos
En el mes de junio hubo una protesta social en los predios del Hotel Cartagena Estelar de Manzanillo del Mar por supuesto incumplimiento de acuerdos con las comunidades. Este incumplimiento de acuerdo de partes, posiblemente llevó a los miembros del consejo comunitario de la población negra a realizar esta reclamación por la vía de hecho.
Cabe resaltar que uno de los detenidos es justamente el accionante de una acción de tutela fallada, en junio de 2022, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes a favor de los afrodescendientes y contra el Hotel Cartagena Estelar que les violó sus derechos.
En la protesta se registraron algunos desmanes que terminaron con la destrucción de algunas sillas y otros objetos.
El 14 de junio de 2023, el Gaula de la Policía los capturó en diligencia de varios allanamientos en sus respectivas casas y, luego, legalizaron la captura ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías. Le impusieron medida de aseguramiento el 21 de junio de 2023. Fueron traslados con detención preventiva en la estación de Policía de Bellavista, ubicada en el barrio 20 de Julio de Cartagena en condiciones sanitarias precarias que vulneraron sus derechos a la integridad personal. Los detenidos los trasladados a la cárcel San Fernando de Ternera donde se encuentra.
Los cargos contra detenidos de Manzanillo
A los procesados se les acusa de extorsión y otros delitos, por lo cual intervino el Gaula de la Policía. Están detenidos desde cuando realizaban esa protesta social contra los propietarios del Hotel Cartagena Estelar de Manzanillo. Según la Fiscalía 52 local, Karem Elissa Sierra Torrente. Los manzanillos:
“Les llegaban en grupo amenazándolos de atentar contra su integridad física, les desalojaban los turistas y les destruían sus mobiliarios como carpas y kioskos”.
Esa aseveración no es cierta. El dirigente Afro, Cardozi Julio, asegura que todas las evidencias las presentó la defensa técnica a cargo de Alcides Arrieta. A partir de allí, se puede colegir que los detenidos están procesados por defender sus derechos al uso y explotación de sus derechos ancestrales. Como ellos son sus titulares, esos derechos lo reclamaron en sede de acción de tutela, la cual le fallaron favorablemente.
Precisamente, uno de los accionantes de esa acción de tutela donde reclaman los derechos ancestrales es uno de los detenidos, Elías Juan Orozco Salcedo. Esa tutela determinó que la explotación y uso de las playas deben someterlas a consulta previa. Esto es, obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades que habitaban ese territorio antes del asentamiento de los negocios de la multinacional dueña de Cartagena Estelar.
La intervención de la OIT
¿Por qué es necesaria la intervención de la OIT? Porque se violó el convenio 169 de la OIT, que, a la letra, dice:
Los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera
Boletín 2007, OIT
La protesta social, si bien terminó en unos desmanes que sus autores deben responder, no puede acusarse de extorsión a los detenidos. Es un cargo traído de los cabellos, ya que la protesta es consecuencia del incumplimiento de una tutela. El mandato de esa acción debió exigirse por otros medios, o sea, acciones pacíficas y de acuerdo al orden constitucional y legal del país. No por vía de hecho ni por la violencia.
En resumen, el experto en derecho étnico y derecho propio, defensor de los derechos humanos y de las comunidades negras, Alcides Arrieta Meza, consideró que la negación de la revocatoria a la medida de aseguramiento, en primera instancia, es una negación al derecho ancestral establecida en la OIT y se espera que el titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito, Luis Fernando Machado López, corrija semejante injusticia con la población ancestral de Manzanillo del Mar.