Como no aportó nada nuevo a los hechos judicializados, la JEP rechazó la inclusión de la exsenadora del partido de la U, Piedad Zuccardi de García. La justicia ordinaria la procesará por sus presuntos crímenes. Ella ocultó la verdad del entramado criminal donde participó junto a otros políticos, agentes del Estado y empresarios, como Alfonso Hilsaca Eljadue y la familia Alfonso López. En palabras de la JEP, ellos participaron en la consolidación y expansión paramilitar que causó centenares de muertos en la región Caribe.
Por el contrario, Piedad Zuccardi encubrió su conducta criminal y la de sus cómplices con una estrategia de soborno a los jefes paramilitares, entre ellos Uber Banquez, alias «Juancho Dique», tal como la Corte Suprema de Justicia lo desveló. Este precedente judicial de la JEP, indicaría que los terceros responsables, mencionados en su proceso, tendrían una suerte similar, siempre y cuando se cumplan las promesas de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, de perseguir a «terceros civiles responsables». Y solo entonces, el panorama político regional cambiaría.
Y así, «Los intocables pagarían por sus crímenes».
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La predicción
Si la anterior premisa se cumple, seguramente la correlación de fuerzas para las próximas elecciones sufriría una modificación sustancial en Bolívar y en todo el Caribe. La decisión de la JEP, no solo menciona a la familia Alfonso López e Hilsaca Eljadue, sino también a otros políticos que ―aunque pagaron sus condenas― tienen un peso específico en el poder político regional, como William Montes Medina y Vicente Blel Saad, padre del exgobernador Vicente Blel Scaff, la senadora Nadia Blel y Juliana Aray Franco (hija putativa).
En efecto, los políticos condenados, hoy amasan un poderío político que no tuvieron antes de sus condenas y encarcelamiento. Ellos se reiniciaron a partir de sus propias cenizas, sometidas al fuego de la justicia colombiana. Pero siguen enredados como en el pasado. Como dice el dicho popular, puerca pollera no pierde el vicio.
Si bien, Blel Saad está condenado a 7 años por hacer parte del Pacto de Barranco de Loba, siendo senador, también firmó el Pacto de Ralito, cuando se le volteó a Alfonso López Cossio a instancia de la difunta Enilce López Romero, quien pidió que se votara por Libardo Simancas Torres (qepd), a la postre, elegido gobernador.
Así como Blel fue juzgado y condenado por algunos de los hechos donde participó junto a Piedad Zuccardi, se prevé que la situación de la exsenadora quedó en el peor de los mundos al enfrentar la acusación dictada por la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos, le esperaría una condena de 9 años como la sufrida por el otrora todopoderoso Javier Cáceres Leal, quien participó en algunas reuniones con la senadora como la de Casa Loma. Su viejo pupilo ―Orlando Jaiquel― ahora es director de Fiscalía del Atlántico, ¿un favor que le hizo Luz Adriana Camargo, la fiscal?
El triunvirato
Entre tanto, Vicente Blel Saad, William Montes Medina y Javier Cáceres Leal (el trío de los condenados) sería el triunvirato del poder en Bolívar como en los tiempos del paramilitarismo. (A lo Condorito: ¡Exijo una explicación!).
En suma, los que decidirán el futuro político de Bolívar y de casi toda la región del Caribe en las próximas elecciones, o fueron condenados, o tienen procesos pendientes, o fueron mentados en Justicia y Paz. Basta con un empujoncito de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia para que se mueva toda el cañaveral de la política regional. ¿Luz Adriana Camargo, la fiscal, estaría dispuesta a ponerle el cascabel al gato?
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Las razones
¿Qué razones tuvo la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión de la JEP para rechazar el sometimiento voluntario de Piedad Zuccardi? Sin duda, no pasó el umbral de la verdad jurídica, esencial en la justicia de transición:
«Por consiguiente, (…) sus aportes a la verdad no son aptos ni admisibles en esta Jurisdicción por lo que, al no superar el juicio de prevalencia jurisdiccional y, de conformidad con el precedente sobre la materia, se rechazará la solicitud de sometimiento presentada por la señora Piedad del Socorro Zuccardi de García».
La resolución
Por tanto, la determinación la adoptó la Sala con la ausencia, por cuestiones administrativas, de la magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya. La Resolución SDSJ N°2982 tiene la firma de los magistrados Sandra Jeannette Castro Ospina, Pedro Elías Díaz Romero, Mauricio García Cadena. (Puede leer la resolución pinchando aquí).
En consecuencia, la decisión de la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión para comparecientes voluntarios y para comandantes paramilitares incorporados funcional y materialmente a la fuerza pública -SUBCVCP- de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas-SDSJ. El artículo 1 de la parte resolutiva, dice:
«RECHAZAR EL SOMETIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (Sic) de la señora Piedad del Socorro Zuccardi de García, por el incumplimiento de su obligación de efectuar aportes significativos a la verdad plena, como se fundamentó en la presente providencia».
Resolución SDSJ N°2982.
En forma inmediata, la Sala ordenó comunicar la mentada decisión a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la cual le sigue el proceso ordinario por concierto para delinquir agravado de la exsenadora del partido de la U.
Piedad y los presuntos implicados
Fueron numerosas las reuniones donde participó Piedad Zuccardi. La JEP en sus considerandos menciona las del Nudo de Paramillo y Tierralta (1998), Estadero de Chambacú en Caucasia (2001); Estadero Chayos, en Magangué (2002); Barranco de Loba, en Pueblito Mejía (9 de agosto de 2003); Ñanguma, Casa Loma, Los Manguitos, El Yucal y Caramelo (Córdoba) (2003). Se tuvo en cuenta los encuentros de San Pablo, San Martín de Loba, El Peñón, San Rafael de Lebrija y Puerto Boyacá en el 2003. Incluso, la Corte Suprema de Justicia tiene pruebas de la reunión de La Boquilla (Cartagena), donde asistieron políticos y empresarios de la región, cuyos nombres aparecen en varios testimonios que tiene la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Piedad Zuccardi le dijo a la JEP que no estuvo presente en ninguna de esas reuniones. También expresó que nadie la representó, ni envió emisario. Por supuesto, las pruebas dicen lo contrario.
El eslabón
Un eslabón clave para entender el entramado paramilitar en Bolívar es el caso de la concesión minera KAN-09261 de «Pocho» Vélez y Betty Castro Espinoza. Los dos acusados de testaferros del paramilitarismo. El primero fue asesinado en el 2009. La segunda fue detenida en Cartagena el 17 febrero de 2012 acusada de ser una de las jefes de la banda criminal «Los paisas». Los concesionarios, cedieron a favor de las sociedades PROMOTORA EL CAMPIN y la firma A.G.M DESARROLLOS. La primera de los García Zuccardi y la segunda de la familia Hilsaca.
Al respecto, la JEP citó que para acusar a Piedad Zuccardi, la Corte Suprema de Justicia, dijo:
«(…) las familias del empresario HILSACA y de la ex Senadora [sic] PIEDAD ZUCCARDI, adquieren el control de una concesión minera por intermedio de dos personas muy posiblemente ligadas a estructuras paramilitares que delinquieron y posiblemente lo sigan haciendo, en el Departamento [sic] de Bolívar, como son alias “POCHO VÉLEZ” [sic] y BETTY CASTRO, esta última muy cercana al jefe paramilitar HUBER [sic] BANQUEZ y a sus subordinados no sólo por su cercanía con alias “EL CHINO”, sino por haber sido la abogada contratada por DIEGO VECINO».
La protagonista de esta línea delictiva es Betty Castro Espinoza. Como abogada de Huber Enrique Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y de otros desmovilizados del Bloque Montes de María, influyó en los testimonios entregados por sus clientes contra los parapolíticos. Algunos jefes paramilitares ―como Banquez― se pudieron enriquecer y, probablemente, siguieron delinquiendo a través de la extorsión y el soborno.
Perderían sus privilegios
El fin de la justicia transicional es conocer la verdad para la reconciliación y la prevención de nuevos hechos victimizantes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, los que participaron en los sobornos, estarían ad portas de perder sus derechos y podrían ser condenados a pagar cárcel por genocidas. ¿Ocultaron la verdad? ¿La distorsionaron? ¿Encubrieron a sus financiadores? Uber Enrique Banquez Martínez operaba junto a alias Rodrigo Cadena y alias Román Zabala. Los tres lideraron los frentes del Bloque Héroes de los Montes de María. Estaban bajo el mando de Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino. Dirigieron un verdadero genocidio en esta región del Caribe colombiano. ¿Qué dice Luz Adriana Camargo, la fiscal? Sigo preguntando.
En próximas entregas, se analizará minuciosamente cada uno de los hechos relacionados con la abogada Betty Castro al servicio de los paramilitares. Un caso emblemático es el papel que jugó en la retractación de los jefes paramilitares que habían señalado a Piedad Zuccardi y a otros políticos.
¿Qué recibió a cambio Betty Castro? ¿Por qué la familia García Zuccardi le cedió el 50% de la concesión minera KAN-09261 ¿Por qué y para qué Castro cedió el 50% de las acciones de esa concesión a A.G.M DESARROLLOS? Una perla:
La cesión de derechos que benefició a Betty Castro Espinosa fue el 22 de marzo de 2012. Alias El Chino Castellanos principal testigo contra Zuccardi, atestiguó en el 2010. ¿Qué pasó? No se pierda la segunda entrega.