Con el hundimiento de la segunda reforma tributaria del gobierno del cambio y el Caso Bonilla, sin duda, explotó «la mermelada» (auxilio parlamentario o cupos indicativos). Explotó como modelo de relación política con el congreso para tramitar leyes, reformas y, especialmente, iniciativas fiscales o económicas del gobierno de turno. Este modelo ―usado por todos los presidentes después de 1991― entró en estado de coma que «llevaría a un default al país», como lo advirtió el mismo presidente Gustavo Petro.
Pero el uso y abuso de «la mermelada» alimentó la corrupción y la depredación del presupuesto nacional para enriquecer a la clase política y a los empresarios que viven del capitalismo sanguijuela. Esto lleva a un empobrecimiento de la Colombia profunda.
Dicho de otro modo: Los dolorosos casos de corrupción que explotaron en el Gobierno del Cambio ―como el de la UNGRD― es una consecuencia política directa de la implementación de ese modelo extorsivo de relacionamiento con el legislativo. Es decir, que el presidente Gustavo Petro debe plantearse una autocrítica más profunda poniendo en práctica un cambio de curso de su política fiscal guiada por la concepción neoclásica dominante.
El Caso Bonilla, por tanto, indicaría que fue un fiel ejecutor no solo de esas políticas regresivas que dominan el mundo capitalista moderno sino también las políticas sanguijuelas que enriquecen más a los grandes contratistas del Estado.
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Contexto histórico
Recordemos que esa metodología de «la mermelada» está guiada por el principio político perverso según el cual el fin justifica los medios. La clase política lo usó y abusó durante tres décadas casi que en una forma armónica. Bastó que llegara un presidente de ideas de izquierda para que lo hicieran explotar en su cara.
Sin embargo, a nivel industrial, lo utilizaron Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Todas esas leyes fiscales, incluyendo la regla fiscal, fueron paridas por este método extorsivo que socaba la legitimidad de las mismas leyes y de la democracia colombiana.
Bonilla administraba el gasto público y dirigía la producción, distribución y destrucción deldinero junto a Leonardo Villar Gómez, Director General del Banco de la República. Pero, este escándalo es mayúsculo porque también involucra nuevamente a la familia presidencial. En especial, al otro Nicolás, Alcocer. De esta manera no solo se estigma a la familia Petro sino que incluso, se puede lanzar con seguridad la tesis de que todas las normas económicas, hasta ahora aprobada por el congreso, tienen el sello de la mermelada. Es decir, que fueron leyes económicas y reformas compradas por el ejecutivo respondiendo afirmativamente a una extorsión desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
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Caso Bonilla: Sin ruptura con la mermelada
En Colombia, los ministros de Hacienda y Crédito Público tienen un papel central en la formulación y negociación de políticas económicas, fiscales y de crédito público, especialmente en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Contextualizando, la relación con el Congreso, y en particular con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y las comisiones económicas, es fundamental para aprobar las leyes económicas.
En otras palabras, el gobierno del cambio no rompió con la tradición del país político de cooptar el poder legislativo mediante una vulgar transacción comercial. Es decir, que la gran bolsa de la mermelada, ―en la que convirtieron la administración del presupuesto con el ministerio de Hacienda y Crédito Público― fue el único recurso para conseguir el trámite de las reformas y de las normas económicas del gobierno.
Por el contrario, en los dos años de gestión del presidente Gustavo Petro, cabalgaron sobre el mismo sistema que terminó, por ejemplo, explotando con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La estrategia del Gobierno del Cambio careció de creatividad para cambiar el curso de esta expoliación del dinero del pueblo.
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¿Romper relaciones con CICP?
El hecho de que el presidente Gustavo Petro desde Cartagena manifestara romper relaciones con las comisiones económicas y en especial de la (dele clic) Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), podría indicar que se zafa de su extorsión. Pero, esta ruptura es tardía, porque el daño estratégico a su gobierno ya está hecho.
“Finito, se acabó, no tienen ya nada (de) que hablar con nosotros y nosotros nada qué esperar de ellos. La relación del Gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos”
Esto es clave: Todas las evidencias indican que desde esta supra unidad legislativa se acuerda «la mermelada» o cupos indicativos para cada parlamentario que colabora en el trámite de iniciativas económicas, fiscales y de crédito público del gobierno.
Con Ricardo Bonilla González, quien fuera el todopoderoso ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente Gustavo Petro, se comprobó la consabida sentencia: a la economía le va bien, pero al país político (parafraseo) le va como perro en misa.
La CICP tiene la capacidad de influir en la aprobación de créditos que financian proyectos específicos, lo que puede ser aprovechado por los congresistas para sus intereses particulares.
Como se señaló, desde Álvaro Uribe Vélez hasta Gustavo Petro utilizaron la mermelada para endulzar su relación con el legislativo. Lo más importante del Caso Bonilla es que se agotó ese modelo poco transparente para construir una gobernanza artificial, falsos consensos o mayorías legislativas deleznables.
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La Comisión Interparlamentaria
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) tiene un impacto significativo en la política económica de Colombia. En teoría, actúa como un mecanismo de control y supervisión sobre las operaciones de crédito externo del gobierno. Esta comisión, compuesta por miembros del Congreso, se encarga de emitir conceptos sobre los empréstitos que el gobierno desea gestionar. Esto le permite al Legislativo ejercer su función de control político sobre el Ejecutivo.
En ese sentido, es necesario analizar lo que Bonilla dijo en su carta de renuncia que pone al descubierto el grado sumo de la extorsión legislativa que ejerce el CICP sobre el ejecutivo.
“Estos duros episodios dejan lecciones sobre el diseño institucional de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Las permanentes dilaciones en el otorgamiento de conceptos, no vinculantes, se prestan a maniobras que dejan al ministro de turno en aprietos”.
Bien la economía, mal la clase política
De manera que, cuando la economía colombiana mostraba signos de recuperación, siendo la sexta economía del grupo OCDE, al director del manejo fiscal (financiero) del Estado, Ricardo Bonilla, le iba como perro en misa. ¿Contrasentido? ¿Incomprensión de las políticas del gobierno? Lo que se observó fue la explosión de ese modelo clientelar y poco transparente para construir mayorías o consensos en las comisiones legislativas y en la plenaria del congreso.
Como la cadena se rompe por el eslabón más débil, se veía venir su retiro del ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ya Bonilla estaba desgastado por ese mismo sistema de relacionamiento.
Qué contradictoria es la conducta humana el hundimiento de la segunda reforma tributaria del gobierno del cambio también coincidió con el hundimiento del ministro. El Caso Bonilla, sin duda, también nos pone a pensar lo dicho por Carlos del Castillo, porque siempre a la economía le va bien pese a que la clase política le va como perro en misa. En esta ocasión, se incluye a los políticos de izquierda que no supieron romper las amarras de las políticas fiscales y económicas dominmantes.
El presidente Gustavo Petro no aguantó más y, pese a defenderlo a capa y espada, finalmente, le pidió la renuncia. Esta se hizo efectiva el pasado 4 de diciembre.
Cuando el escándalo del nombramiento del exembajador de la FAO y de Venezuela, Armando Benedetti, como consejero presidencial, todavía está vivo, se puso al rojo vivo el Caso Bonilla. ¡Un caso mayúsculo! Como en los tiempos del presidente Álvaro Uribe, un escándalo es capaz de apagar momentáneamente al anterior por ser más gravoso.
Próxima entrega: La mermelada de la UNGRD al sistema de transporte masivo.