Donald Trump está ensayando pequeños actos de guerra en el Caribe. Con el pretexto de perseguir lanchas del narcotráfico cerca de las costas de Colombia y Venezuela, el magnate―presidente ejecuta operaciones que, aunque parecen aisladas, revelan una peligrosa estrategia de escalamiento militar. Lo hace al ritmo de su discurso incendiario, sin pruebas pero respaldado por medidas unilaterales contra Gustavo Petro y Nicolás Maduro, los dos gobiernos que le sirven de excusa para proyectar poder en la región. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién controla —y hasta dónde— la respuesta militar de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, especialmente en la cuenca del Caribe?
Si Trump se atribuye el derecho de «matar a quienes traen drogas» más allá de sus fronteras, violando aguas soberanas y sin el aval del Congreso ni de los organismos multilaterales, ¿qué queda del derecho internacional? ¿Dónde se esconde hoy el principio sagrado de la autodeterminación de los pueblos?
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Otra pregunta urgente
La escalada violenta dejará de ser una posibilidad para convertirse en política exterior permanente. Hasta ahora son 43 muertos que han dejado las acciones ultramarinas. Ahora ordenó un movimiento táctico del portaviones Gerald R Ford hacia aguas continentales preparándose para acciones directas contra, supuestamente, instalaciones de producción de cocaína y las rutas del narcotráfico dentro de Venezuela.
Así lo revelaron a CNN tres fuentes del gobierno estadounidense. No es una amenaza retórica: hay «planes sobre la mesa» que la Casa Blanca considera, aunque todavía no se ha tomado la decisión de ejecutarlos.
Ante esta escalada surge una pregunta urgente derivada: ¿Bajo qué marco legal y con qué límite político se autorizarían operaciones dentro de un país soberano?
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¿Y la vía diplomática?
Al mismo tiempo que se prepara para acciones militares, la administración Donald Trump no descarta la vía diplomática para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Paradójicamente, esa posibilidad coexiste con el abrupto cierre de conversaciones con Nicolás Maduro en las últimas semanas. Es decir: se negocia y se prepara la guerra a la vez.
Fuera de los despachos, las señales sobre el terreno ya hablan de escalada. El Pentágono ordenó el relevo del grupo de ataque del portaviones Gerald R. Ford hacia la cuenca del Caribe. Este movimiento añade músculo militar a una retórica que pasó de la amenaza al posible empleo de fuerza.
CNN ―que es un medio usado directa o indirectamente por la propaganda trumpista, reveló que una sus fuentes le dijo:
«El objetivo del gobierno es desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo».
Según tres fuentes de CNN
¿Realmente ese será el objetivo de sus agresiones a Colombia y Venezuela? Si la solución al problema venezolano pasa por la invasión o la agresión a los derechos internacionales de ese país, el nuevo gobierno que surja de ese parto doloroso será como el de Endara
Las microagresiones de Donald Trump
En paralelo, fuentes periodísticas señalan que Trump autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas vinculadas a estos esfuerzos. Esto eleva la opacidad sobre quién decide, cómo y con qué responsabilidad ante el derecho internacional. La combinación ―fuerza naval en la región, ataques en alta mar, y operaciones encubiertas― dibuja un escenario donde la presión militar y la acción secreta se convierten en instrumentos de política antidrogas y, para algunos en la administración, de cambio de régimen.
Según registros públicos y análisis de instituciones de seguridad, desde el pasado septiembre el gobierno de Trump ha ordenado al menos ocho bombardeos en el Caribe y dos en el Pacífico contra embarcaciones que fueron señaladas como “narco-buques”, causando al menos 43 muertos y capturando a dos personas en total.
Además, el Pentágono activó una nueva fuerza conjunta antinarcóticos en la cuenca caribeña bajo mando del II MEF ( Segunda Fuerza Expedicionaria de la Marina), coordinando activos navales, aéreos y de inteligencia con agencias como la Guardia Costera de EE. UU. (USCG), para operar con libertad táctica más allá del paradigma clásico de la interdicción legal.
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Oscuro y preocupante
No obstante, la ejecución real de estos golpes tiene algo oscuro preocupante: hasta ahora Washington no ha publicado las pruebas que vinculan a las víctimas con tráfico de drogas, y expertos subrayan que los datos del USCG muestran que en años recientes entre un 25 % y 27 % de las intervenciones marítimas resultan en embarcaciones sin drogas confiscadas.
En ese vacío informativo, las retóricas soberanas de Petro y Maduro chocan con un aparato estadounidense que actúa sin transparencia ni control externo, y que redefine con hechos ―no con discursos― el alcance del poder hegemónico en el mar Caribe.
El hecho mismo de calificar al presidente colombiano Gustavo Petro de «líder del narcotráfico» e incluir a su familia y personas cercanas en la lista Clinton, debilita las posibilidades de respuesta del mandatario colombiano.
Donald Trump Policía y juez internacional
Esos mismos ataques ponen sobre la mesa dilemas jurídicos y éticos: ¿puede un Estado lanzar munición letal contra sospechosos en alta mar sin capturarlos ni someterlos a juicio? ¿Qué precedentes estamos normalizando?
Sobre el supuesto papel de Venezuela en la cadena mundial de la cocaína hay una tensión real que conviene subrayar: organismos internacionales y reportes oficiales ubican los cultivos de coca mayoritariamente en Colombia, Perú y Bolivia; Venezuela no figura como productor líder en los informes públicos. Aun así, el Gobierno de EE. UU. insiste en ligar a Maduro con el narcotráfico ―recordando la acusación federal en su contra de 2020― y usa ese relato para legitimar medidas que de otro modo serían impensables. ¿Es la lucha antidrogas la razón real o el pretexto para presionar políticamente a Caracas?
Por último, la Casa Blanca afirma que «no tiene prisa»: Trump está ocupado con su viaje a Asia y con negociaciones internacionales. Pero esa calma formal contrasta con declaraciones públicas del propio presidente. Tiene la disposición declarada a actuar incluso sin una autorización parlamentaria amplia del mismo Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegará su limite imperial? ¿A quien le está mandando un mensaje de guerra a Maduro, Petro o a Xi Jinping, presidente de China?