Hay delitos que no dejan sangre, aparentemente. Pero sí balances inflados. También historias de ricos que se hacen más ricos con dineros malhabidos. Crímenes sin sirenas ni capturas, que se cometen a la luz del día en oficinas alfombradas de los bancos más prestantes de Colombia. Y tienen el amparo de sellos oficiales y silencios cómplices del Estado y de la Gran Prensa. En el centro de esta omisión sistemática aparece una figura clave: el Superintendente Financiero, ayer y hoy, convertido en el funcionario de la vista gorda.
El lavado de activos no siempre se esconde en caletas ni cruza trochas. También circula por ventanillas siniestras de bancos respetables mientras la autoridad encargada de vigilar decide ―una vez más― mirar hacia otro lado.
Esta es la historia de cómo billones de pesos de presunto origen dudoso no llegan al Estado, no se reportan a la DIAN ni a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y, según múltiples indicios, terminan engrosando las arcas de los dueños de algunos bancos privados.
¿Tew puede interesar? La «cláusula de escape» del presidente Petro ante crisis fiscal
El cuerpo de la investigación
Una investigación de VoxPopuli Digital revela que, en los últimos años, varias entidades financieras colombianas podrían haberse apropiado irregularmente de más de $30 billones. Estos dineros corresponden a recursos retenidos o congelados bajo la etiqueta de “operaciones sospechosas”. Pero no tienen una trazabilidad pública ni reporte efectivo a las autoridades del Estado.
No se trata de hechos aislados ni de simples errores administrativos. El patrón se repite en entidades como Davivienda, Bancolombia y Serfinanza, entre otros. De esta manera se configura ―según expertos en derecho financiero― una zona gris deliberada del sistema bancario colombiano.
Un caso emblemático es el de Davivienda. El 24 de junio de 2009, en la cuenta No. 2080109208, se realizó una consignación por 200 millones de dólares, equivalentes hoy a cerca de $759 mil millones de pesos. La operación fue retenida bajo la figura de activos sospechosos. Sin embargo, no existe evidencia pública de que esos recursos hayan sido reportados oportunamente a la UIAF, ni de que se haya dado traslado pleno a la Fiscalía General de la Nación, como ordena la ley.
¿Prevención o apropiación?
La normativa colombiana es clara. Cuando una entidad financiera detecta una operación sospechosa, debe:
- Reportarla inmediatamente a la UIAF mediante el Sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas (SROS).
- Bloquear o congelar los fondos de forma preventiva y temporal.
- Cooperar activamente con las autoridades judiciales.
Lo que la ley no permite es que el banco actúe como juez y parte. Mucho menos que se apropie de los recursos bajo una sospecha administrativa. Eso no es prevención del lavado de activos: es confiscación privada.
El levantamiento de datos: la coartada legal
El llamado levantamiento de datos es un mecanismo preventivo destinado a recopilar y analizar información de clientes y operaciones para identificar riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Su finalidad es detectar y reportar, no retener indefinidamente ni absorber recursos ajenos.
La Ley 1735 de 2014 y la Circular Externa 100-000005 de 2015 de la Superintendencia Financiera no dejan dudas: el banco debe reportar, no silenciar; bloquear, no quedarse; cooperar, no encubrir.
En particular, tenemos documentos que indican que Bancolombia, por ejemplo, pretende quedarse con más de 300 millones de dólares de la misma forma como lo hizo Davivienda.
Captura regulatoria
Cuando los bancos se quedan con lo ajeno y el regulador calla, el Estado abdica. No estamos frente a fallas técnicas, sino ante un modelo de impunidad financiera donde el lavado de activos no siempre se combate: a veces se administra.
Si la Superintendencia Financiera continúa mirando hacia otro lado, el mensaje es devastador: en Colombia, el mayor riesgo del sistema no es el dinero ilícito, sino la connivencia institucional que lo protege.
El regulador que no regula
En cualquier Estado de derecho, el supervisor financiero existe para proteger el interés público, no para blindar a los bancos. En Colombia, sin embargo, la Superintendencia Financiera parece haber invertido su misión: vigila poco, sanciona menos y guarda silencio cuando los montos retenidos alcanzan dimensiones escandalosas.
Desde hace más de una década, distintos superintendentes —incluido el actual, César Ferrari— han conocido reportes, quejas y alertas sobre dineros retenidos como “sospechosos” que nunca fueron reportados a la UIAF ni puestos a disposición de la justicia. Aun así, no hay sanciones ejemplares, ni procesos públicos, ni explicaciones convincentes.
Expertos consultados por VoxPopuli Digital coinciden en una hipótesis inquietante: la Superintendencia Financiera estaría operando bajo un esquema de captura regulatoria, en el que el ente de control termina defendiendo los intereses del sector que debería vigilar.
La captura regulatoria no siempre se expresa en sobornos. A veces se manifiesta en inacción, dilaciones, archivos silenciosos y resoluciones que nunca llegan. Mientras tanto, los bancos continúan aplicando su propia justicia financiera.
Responsabilidad por omisión
El derecho administrativo colombiano es claro: la omisión también genera responsabilidad. Cuando un funcionario público, con conocimiento de hechos presuntamente ilegales, se abstiene de actuar, incurre en falta grave.
Si la Superintendencia Financiera sabía —o debía saber— que recursos multimillonarios estaban siendo retenidos sin reporte ni judicialización, su silencio no es neutral: es corresponsable.
«El de la vista gorda»
El verdadero escándalo no es solo que algunos bancos se queden con dinero ajeno, sino que el árbitro del sistema permita el juego sucio. En Colombia, el lavado de activos no solo pasa por los bancos: pasa por la inacción del regulador.
La pregunta final ya no es cuánto dinero desapareció, sino quién responderá por haber permitido que desapareciera. Si el Superintendente Financiero no explica, no sanciona y no actúa, la historia lo recordará no como vigilante, sino como cómplice por omisión.
Próxima entrega: Los bancos, los expedientes y las cifras ocultas