¿Alias «el Tractor» puede hacer trasladar a una fiscal? Liliana Velázquez Trespalacios, fiscal seccional 53 de Bolívar, no había hecho nada extraordinario en estos últimos 3 años para combatir los delitos contra la administración pública en el Distrito de Cartagena como en el departamento de Bolívar. Pero, cuando ya tenía un proceso penal por prevaricato contra William Dau Chamat para imputación de cargos y medida de aseguramiento (¡oh, sorpresa!), desde Bogotá, le vino su traslado para la región del Magdalena Medio.
La pregunta que surge de inmediato: ¿El fiscal general Francisco Barbosa a quién le está haciendo el mandado para trasladar a Liliana Velásquez Trespalacios al Magdalena Medio? ¿Está debidamente justificada esa decisión o es arbitraria? ¿La fiscal cometió alguna falta grave? ¿Es una sanción o un castigo por atreverse a solicitar medida de aseguramiento contra el alcalde con más actos de corrupción que todos los anteriores?
Desde que tomó posesión, William Dau Chamat, parece que llegó a ese cargo para cumplir una misión encomendada desde lo más alto del poder. La clase política se arrugó y la arrinconó. Se gasta el presupuesto distrital sin ninguna clase de control.
Alias «el Tractor» en aprieto por el caso de la curaduría
A raíz de una denuncia penal presentada por Ruddy Deschamps Martínez, apoderado de Rodolfo Llamas y otros, se abrió un proceso penal por prevaricato por acción y otros delitos contra el alcalde William Dau Chamat, su directora de Jurídica María Eugenia García y su jefe de Talento Humano Mirna Martínez.
El proceso está radicado bajo el No 130016001128202264181 de la Fiscalía Seccional en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. La audiencia ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantía estaba prevista para el pasado 24 de febrero, pero fue aplazada. La Fiscal Liliana Velásquez tenía preparada la imputación de cargos contra los tres funcionarios y una solicitud de medida de aseguramiento intramural. Esta medida se amerita para evitar que los procesados obstruyan el debido ejercicio de la justicia aprovechándose de su cargos de mando.
Ante un inminente traslado de la fiscal Liliana Velásquez, Asonal Judicial, Vejuca y algunos abogados y usuarios del servicio de justicia tienen previsto realizar un plantón a las 3:00 de la tarde del 30 de marzo en las instalaciones de la Fiscalía de Crespo.
Alias «el Tractor» tumbó al contralor distrital
En el momento (mayo de 2022) en que el contralor distrital Rafael Castillo lo tenía contra las cuerdas con una medida de suspensión provisional y cinco procesos de control fiscal serios, ya para juicio, el gobierno nacional y el Contralor General de la época Felipe Córdoba Larrarte (Pipe Córdoba) le mandaron dos salvavidas. El primero, congeló la suspensión provisional valiéndose de un recurso peregrino. El segundo, utilizó el control preferencial y se llevó los cinco procesos para Bogotá donde los metió al congelador. Y allí están hasta el día de hoy.
No obstante, eso no fue todo. El mismo concejo de Cartagena declaró insubsistente a Rafael Castillo de la Contraloría en un proceso de dudosa factura y poco edificante para la ciudad. Se puso del lado del alcalde, quizás por dádivas burocráticas, sin tener en cuenta cómo menospreció y humilló a todos los concejales. En tanto, la Procuraduría Regional le inició un proceso disciplinario al otrora Contralor Distrital. El alcalde William Dau ganó esa pelea.
La fiscal Liliana Velásquez
La actuación de un administrador de justicia no puede estar determinada por motivaciones externas a las condiciones de los procesos que tiene a su cargo. Por el contrario, debe actuar basado en los principios fundantes de la filosofía del derecho. Es decir, la justicia debe estar en manos de funcionarios responsables y con una integridad ética y moral probada en su actuación cotidiana. Se necesitan fiscales y jueces que garanticen una justicia objetiva, imparcial, autónoma, pronta y accesible.
Si se tratara de castigar la inoperancia e ineptitud de los fiscales o de los jueces —que es una forma descarada de corrupción— no solo deberían ser trasladados sino salir de ellos. Pues, son un desangre del presupuesto oficial y una violación del derecho fundamental de los usuarios a tener una justicia pronta y segura.
¿Quién tiene la potestad de ordenar el traslado de la fiscal Liliana Velásquez? Se entiende que es el director de la Unidad de Talento Humano adscrito al Fiscal General. ¿Tiene la discrecionalidad para hacer traslados sin la debida justificación? La jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que no. Incluso, la Función Pública acoge esta jurisprudencia cuando advierte una arbitrariedad en un traslado:
Esta situación se materializa cuando: (i) las razones que llevaron a la decisión del traslado son ostensiblemente arbitrarias y no tuvieron en cuenta la situación particular del trabajador; (ii) el traslado afecta de forma clara, grave y directa los derechos fundamentales de la parte actora o de su núcleo familiar; y/o (iii) el traslado desmejora las condiciones del empleado.
Sentencia T-338/13. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA TRASLADO DE SERVIDOR PUBLICO
Justicia selectiva
La fiscal seccional 53 de Bolívar, Liliana Velázquez Trespalacios, al parecer, aplicó una justicia selectiva en Bolívar, según opinión de algunos abogados. ¿Por qué se había abstenido de enfrentar al alcalde William Dau? ¿Quién se lo impedía, si tiene varios procesos de delitos contra la administración pública? Si la trasladan ¿a quién le darían los procesos contra William Dau? ¿Por qué no se lo llevan de aquí?
Asonal Judicial puso el grito en el cielo por la orden de traslado de la fiscal Velásquez. En realidad, ella no tiene resultados más allá de haberse convertido en un instrumento de Néstor Humberto Martínez Neira cuando fue Fiscal General. Es el caso que denunció el veedor Jorge Quintana Sosa sobre una presunta compra de la elección de la contralora Nuvia Fontalvo. Mandó preso al alcalde Manolo Duque, varios concejales y a la misma contralora. Pero hasta el día de hoy el proceso se encuentra también en el congelador.
Además del exalcalde Manolo Duque (quien fue suspendido y luego renunció) y Nuvia Fontalvo, se encuentran comprometidos los concejales Lewis Montero Polo y Luis Javier Cassiani Valiente. También los hoy exconcejales Duvinia Torres Cohen, María Angélica Hodeg Durango, Javier Wadi Curi Osorio, Américo Elías Mendoza Quessep, Antonio Salín Guerra Torres, Edgar Elías Mendoza Saleme, William Alexander Pérez Montes, Erich nijinsky Piña Feliz, Ronald José Fortich Rodelo, y David Manuel Dager Lequerica. Sobresale en esta lista de exconcejales Zaith Carmelo Adechine Carrillo, quien hoy aparece como precandidato a la gobernación de Bolívar. (Publicaremos sobre Adechine más adelante).
Si bien es cierto que los sindicatos deben velar por los intereses de sus asociados, y en este caso de la fiscal Velásquez, no es menos cierto que deben rechazar la corrupción. La ineficiencia, ineficacia y negligencia que son contrarias a los principios de la filosofía del derecho que busca organizar al individuo y a la sociedad basada en valores fundamentales.
La carga laboral y la corrupción administrativa
Los sindicatos del sector justicia aducen que uno de los problemas que ocasiona su inoperancia es la carga laboral. ¿Esto justifica la negligencia o la falta de acceso a la justicia? Sin duda, no.
Por ejemplo, en los últimos tres años en Cartagena y Bolívar poco resultados podemos encontrar en la Unidad contra los delitos de la Administración Pública. Contra William Dau no ha prosperado ningún proceso como peculado, concusión, cohecho, prevaricato, celebración indebida de contratos (Ley 80 de 1993), interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, entre otros. Delitos que el alcalde y sus colabores pudieron cometer, incluso, durante la pandemia.
Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, en el 2020, libraron 10 órdenes de captura contra alcaldes por contratación irregular durante la pandemia del Covid. A pesar de las evidencias en tiempo real de las irregularidades del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, no le pasó nada y las investigaciones están llenas de polvo.
[Puedes leer: Muro anticorrupción por raponazo de $400 millones de Dau]
Los contratos problemáticos de alias «el Tractor»
En ese año de 2020 investigamos tres contratos que tenía atollado de maleza a alias «el Tractor» Dau, alcalde de Cartagena. Es un tractor que se encuentra atollado en la maleza que pretendía arrastrar. En esos momentos se dijo:
«Cartagena no solo es azotada por el rigor del Covid-19. También es golpeada por los niveles de corrupción en la contratación. Un ejemplo de ello son los tres contratos (No 07 y 08) y la APP que tienen atollado al «Tractor» William Dau Chamat».
[Pueden leer este artículo publicado en mayo del 2020: El «Tractor» Dau atollado por la maleza de tres contratos].
Dau debía estar preso o suspendido
Recordemos solo tres casos que VoxPopuli Digital, la Contraloría Distrital y varias veedurías investigaron y presentaron las evidencias a la Fiscalía: el contrato de insumos como gel, mascarillas, el contrato de pruebas rápidas y una fallida aplicación inventada por los calanchines de Ana María González para controlar el virus en contubernio con una fundación española Moca. En el primer caso el sobreprecio fue evidente. Mientras la gobernación de Bolívar adquirió el litro de gel en $28 mil puesto en el sitio de uso, la alcaldía de William Dau y la Unidad de Contratación aupada por la hoy secretaria del Interior, Ana María González Forero, ese mismo litro lo compraron en $49 mil. Diferencia: $21.000. Fueron 10 mil litros. Allí no más se robaron $210 millones. Y fueron 5 rubros con sobreprecios. ¿Quiénes son las ratas o los malandrines?
Asimismo, uno de los contratos para adquirir pruebas rápidas lo hicieron con una firma barranquillera dedicaba a vender matarratas. O sea, raticidas. De la misma manera, contrataron a Veneplast para suministrar los famosos mercaditos donde presuntamente William Dau se robó un billete largo. Un comerciante le dijo a VoxPopuli Digital que no participó en la venta de alimentos porque pedían el 20% de coima, y por anticipado, que no es lo mismo. ¿Investigó esto la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional? Esa contratación fue irregular, porque primero es una empresa dedicada a la papelería y distribución de útiles escolares y de oficina. Segundo, porque se constituía en un alto riesgo como en efecto lo fue. Tercero, no era idónea. Ahora bien, los precios de Veneplast y Megatiendas difieren de los precios de referencia del Dane.