¿ANI viola el derecho de la consulta previa? (II)

¿ANI viola el derecho de la consulta previa? Es la pregunta esencial de esta entrega. La investigación señala que basta con pagarle los «buenos oficios» a un intermediario entre la comunidad y la empresa para obtener luz verde. Pero no garantiza el ejercicio real y efectivo del derecho fundamental a la consulta previa.  El sujeto de nuestra historia está representado por Henry Guizamano Vivas. Es un destacado consultivo nacional para las comunidades negras que actúo como intermediario entre la ANI y los consejos comunitarios de El Recreo, Lomas de Matunilla, Bocacerrada y Rocha.

A cada uno de esos consejos comunitarios afros la ANI le giró la suma de $350 millones para financiar la ruta metodológica de la consulta previa. Algunos recibieron más recursos debido a la proporción de la población. De igual manera ese dinero debe destinarse para pagar las asesorías que demanda el estudio de los informes del proyecto. El dinero se gira al Consejo Comunitario para estar en igualdad de condiciones frente a la entidad ejecutora. Asimismo, la comunidad puede estudiar el impacto que el proyecto tendría sobre la población y el medio ambiente de su área de influencia.

El concierto para delinquir con la consulta previa

Guizamano anda diciendo que a mi me han echado de las comunidades. No es cierto. Me invitan a que vaya allá a constar las irregularidades, lo cual he hecho. Transmitimos en Vivo con VoxPopuli en Pasacaballos, Lomas de Matunilla, y próximamente lo haremos en las demás comunidades que me lo pidan. Pueden ver los enlaces. Estaré en Rocha. Para detenerme, Guizamano presentó una tutela contra mí. Quiere silenciarme. Igualmente otra contra la Corporación Lucha Contra la Corrupción. Ambas fallaron contra él y sus compinches. No pudieron silenciarnos.

La actuación de Guizamano no es aislada ni solitaria. Debe haber un concierto para despedazar los recursos que deben ser invertidos en la ruta metodológica de la consulta previa a fin de garantizar este derecho fundamental. Lo que hacen es una caricatura de consulta. Y Guizamano le pasa la mano a los directivos de los consejos comunitarios. Se dejan comprar con el dinero de la misma consulta previa. Este dinero debería invertirse en asesorías, consultorías, estudios, y difusión masiva de la consulta entre la  comunidad. Así lo dice la misma ley y la jurisprudencia.

No obstante, no hay pruebas ni constancia que Guizamano realiza la consulta como debe ser. Así lo constatamos en El Recreo. La ANI giró $350 millones que se hicieron efectivos el 23 de noviembre de 2020. A las 9:22 de la mañana ya Guizamano tenía en sus manos $199.900 en efectivo. El representante legal del consejo comunitario de El Recreo, Daniel Caraballo, en la oficina de Bancolombia de Mall Plaza se los entregó. Y Guizamano se los metió en un maletín, lo cual se puede verificar con las cámaras de video del Centro Comercial. A los 5 minutos le transfirieron a la cuenta de Arca de Sueños, dirigida por su esposa, $60 millones. Esto está documentado en la primera entrega de este informe. Los que no lo han leído pueden hacerlo.

Caraballo dijo que le pagó ese dinero porque Guizamano era el asesor. Pero le pregunté que si habían hecho un contrato y me dijo que no. Si lo hiciere, entraría en incompatibilidad de intereses, ya que es consultivo nacional. No puede ser juez y parte, al mismo tiempo. Como él lo sabe, el dinero lo recibe la fundación Arca de Sueños, cuya representante legal es su esposa.

¿ANI viola consulta previa?

Con la investigación realizada se puso al descubierto un modus operandi para esclavizar a los territorios negros. La consulta previa la compran. Es decir, que no hay una libertad para que la misma comunidad decida sobre la viabilidad social del proyecto. También para conocer el impacto y la forma de mitigar los posibles deterioros del medio ambiente. 

Pero contrario a lo esperado, los procesos que se realizan están basados en la compra de las consultas previas. Así como lo demostramos en la primera entrega de este informe periodístico. Las comunidades negras adyacentes al Canal del Dique están revolucionadas por la forma descarada cómo compran las consultas previas. Y no solo es la ANI que lo está haciendo con ocasión del proyecto APP Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. Así lo han hecho otras empresas privadas, como Promigas y Aguas de Cartagena.

La Corte Constitucional dejó claro en esta jurisprudencia, que la Consulta Previa se constituye en un derecho fundamental. Pero algunos líderes corruptos la han convertido en un derecho transaccional. Esto es, en una vulgar mercancía, cuyo precio lo tasa la entidad ejecutora.

«La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación».

Sentencia SU-039-1997

Se incumple los principios de la consulta previa

Debido al gran impacto sobre una amplia población negra y de su entorno ambiental, decidimos investigar las consultas previas adyacentes al Canal del Dique. El macroproyecto de la ANI denominado Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, en la práctica se ha incumplido los siguientes principios rectores de la consulta previa:

• La consulta previa es un derecho de carácter colectivo que debe responder al principio de buena fe y debe ser realizada antes de la toma de la decisión. Guizamano solo ha convocado a un pequeño sector de la comunidad. Así lo denunció Godoy, fiscal del Consejo Comunitario de Matunilla. También la junta de acción comunal de El Recreo.
• Se realiza a través de un proceso de carácter público, especial y obligatorio en el cual se garantiza el debido proceso (principio de oportunidad, comunicación intercultural y bilingüismo). La comunidad dice que Guizamano ha hecho de la consulta como un proceso privado, de él. Organizó reuniones en el motel Mulero y en los patios de la casa.
• Se hace de manera previa a la adopción de medidas administrativas, legislativas o a la decisión sobre proyectos que puedan afectarles. Las consultas que se están haciendo es un corta y pega sin un proceso libre de deliberación e investigación.
• Durante todo el proceso se garantiza el acceso a la información, la cual debe ser dada de manera clara, veraz y, sobre todo, oportuna. Pocos de la comunidad conocen el núcleo del proyecto APP Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

El intermediario

Henry Martín Guizamano Vivas, conocido de auto, trabajó de la mano de la otrora representante a la Cámara de las negritudes, María del Socorro Bustamante. Guizamano fue uno de los dos testigos afros que usó Bustamante para posesionarse el 8 de enero de 2015 ante la Notaría Séptima de Cartagena, cuya titular era Margarita Rosa Jiménez Nájera. Desde aquellos momentos contó con el apoyo de la frustrada parlamentaria, ya que no alcanzó a ejercer el cargo. Su curul fue demandada ante el Consejo de Estado.

En aquella época se hacía llamar defensor de los derechos humanos, tal como consta en la escritura de posesión en la que actúo como testigo. El lector puede leer esta escritura. A raíz de este papel como testigo de Bustamante, se ganó el aprecio de la destacada senadora de Cambio Radical Daira Galvis Méndez.

Luego de la muerte de la popular Mayo Bustamante, se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por las negritudes. Contó con buenos recursos para la campaña, al decir de algunos de sus amigos. Pero fracasó en el intento. Algunas fuentes señalan, que llegaba con una pose de capo en las comunidades negras buscando el voto. Expresan que le cogieron la plata, pero no votaron por él. 

Pero su fracaso como candidato no le impidió seguir su carrera de intermediario con las comunidades negras. Se hizo elegir delegado por Bolívar para las consultas previas. Y desde entonces, cuenta con el apoyo de gente allegada al Ministerio del Interior. Tiene un esquema de seguridad con camioneta blindada que se lo aprobaron cuando fue candidato a la Cámara de Representantes. Es aguajero. Ostenta mucho lo que tiene, dicen sus compañeros. 

El proyecto

La restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique tiene una inversión de $2,8 billones de pesos. Su objetivo es regular los caudales al Canal del Dique y el mejoramiento de la navegabilidad, entre la bahía de Cartagena y Calamar en la ribera del río Magdalena. Se afectará 117 km. 

Las obras contemplan la construcción de dos sistemas de esclusas ubicadas en Calamar y Puerto Badel, respectivamente. Tendrán compuertas (Calamar) y obras de interconexión entre Ciénaga – Ciénaga, y Ciénaga – Canal, desde el Río Magdalena hasta las ciénagas de Barbacoas y Cartagena.

Este proyecto impactará a 20 municipios de tres departamentos: Bolívar, Sucre y Atlántico. Cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial, mediante una cooperación de asistencia técnica no reembolsable, que permite desarrollar un proyecto más robusto.

Según la ANI, este macroproyecto facilitará la navegabilidad y el transporte de personal y productos medianos/pequeños. Promoverá el uso de embarcaciones convoy de diseño de 3×2. Barcazas con dimensiones de 232m de largo (eslora) por 32m de ancho (manga), las cuales podrán transportar hasta 7.200 toneladas de carga. Esto equivale a 206 tractomulas de 35 toneladas cada una.

Veinte municipios serán impactados

En Bolívar, el proyecto tendrá influencia directa sobre los siguientes municipios: Calamar, Arroyo Hondo, Mahates, Arjona, María la Baja, Cartagena, San Estanislao, Turbana, Turbaco, Soplaviento, San Cristóbal.

En Atlántico: Campo de la Cruz, Candelaria, Sabanalarga, Santa Lucía, Suan, Repelón, Luruaco, Manatí. Y en Sucre pasará por San Onofre. En total, la población beneficiada será de 1.5 millones de habitantes (Fuente: Dane Censo 2015).

 La consulta previa, como lo hemos sustentado, no es un requisito formal de los proyectos. Es un derecho fundamental de las comunidades étnicas. Por tanto, no se le puede dejar a intermediarios inescrupulosos como Henry Guizamano Vivas. Éstos se dejan comprar por unos pesos que luego se convierten en desgracia para las comunidades afectadas. Abran el ojo para que no se los puyen. 

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