El cerco al presidente Petro se estrecha cada día más. Está contra la pared. Espera con desespero el cambio en la Fiscalía. El caso del aporte de Fecode ―Federación Colombiana de Educadores― por $500 millones a su campaña, es uno de los procesos judiciales de la Fiscalía General con imputación de cargos contra personas cercanas al Jefe de Estado. Las compulsas de copia a la Comisión de Acusaciones, lo dice todo. La finalidad, sin duda, es lograr un juicio político contra el Presidente para ¡tumbarlo por la vía institucional!
Como la Fiscalía General no puede judicializar al Presidente, lo hace «de lado». Así lo denunció el mismo Petro. Esto es, le imputa cargos de varios delitos a funcionarios de la campaña presidencial de 2022 del Pacto Histórico. Además del sonado caso de Nicolás Petro, vale destacar los procesos donde estarían involucrados el gerente de su campaña presidencial y presidente actual de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Lo mismo que Dagoberto Quiroga Collazos, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. En aquel tiempo fue el presidente de la Colombia Humana, el partido del mandatario nacional.
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El cerco al presidente
No hay duda, en la medida que el agonizante período de Francisco Barbosa se vence el 12 de febrero, se estrecha el cerco al Jefe de Estado. Además, se intensifica la tensión de los dos poderes. El poder de Barbosa de judicializar a los que están cerca del mandatario y no tienen fuero institucional, lo hace valer. En tanto, el poder del Presidente de enviar la terna (2 de agosto 2022) a la Corte Suprema de Justicia para que escogiera su reemplazo, lo hizo con suficiente tiempo (seis meses) para quitarse a Barbosa como la piedra en sus zapatos.
Sin embargo, en los estertores de su vida como fiscal, Francisco Barbosa Delgado, quiere producir el coletazo final. Un coletazo que llegue a debilitar los cimientos de la legitimidad y legalidad del presidente de la Republica atacando jurídicamente su elección.
En ese sentido, se puede entender que todos los procesos judiciales iniciados en el último año afectan al primer circulo del presidente. Pero, sobre todo, lo que se busca es socavar la legalidad de su elección. Los casos más sonados de la supuesta violación de los topes con los aportes oscuros recibido a través de Nicolás Petro, su hijo, tienen ese destino. Lo mismo que el proceso judicial donde están involucrados Laura Sarabia, su primera mujer en el círculo de poder y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. El hecho sobresaliente de este caso es, supuestamente, los aportes de campaña de «empresarios que ciertamente no son emprendedores».
Las campañas viciadas
Uno de los grandes problemas sustanciales del proceso electoral y de la democracia colombiana es la financiación de campañas electorales. ¿Debe el Estado financiar íntegramente estos debates democráticos? ¿O la sociedad a través de aportes ciudadanos?
La supuesta financiación ilegal es un problema recurrente de las campañas, especialmente las presidenciales. Los principales donantes de los mandatarios son narcotraficantes y lavadores de activos. En segunda medida, los grandes contratistas del Estado. Está demostrado que, casi todos los presidentes, tuvieron inyección financiera de esa característica.
Solo recordemos los últimos. Ernesto Samper Pizano fue ficha del Cartel de Cali. Decenas de pruebas se presentaron en el proceso 8 mil. Sobre César Gaviria y Andrés Pastrana Arango, existe material probatorio de que la difunta Enilce López les aportó a su campaña presidencial. De la misma manera podemos decir de Álvaro Uribe Vélez, quien recibió el apoyo del paramilitarismo, el narcotráfico, lavadores de activos, entre otros. Sin sonrojarse, admitió que recibió $100 millones de Enilce López. Dijo en su momento que fue una cifra ridícula. ¿Así se podría calificar el aporte de Fecode?
Incluso, podemos citar la elección de Juan Manuel Santos. Además de recibir dinero de Odebrecht, contó con la financiación de la familia Daes Abuchaibe. A Cristian y Yuyo Daes les finalizaron en 1993 un proceso por narcotráfico y lavado de activos. Lo mismo debemos decir de Iván Duque y el evidente caso de financiación ilegal de la Ñeñepolítica.
El aporte de Fecode
El aporte de Fecode es el último caso que podría enredar la campaña del presidente. La Fiscalía lo puso en la agenda pública a través de El Tiempo, Semana y demás medios. ¿Puede un sindicato contribuir en la financiación de una campaña electoral? En principio, la respuesta es negativa. Así lo determina la ley. Vale esta pregunta. Si los mandatarios del sistema dominante abusaron de la ley ¿lo puede hacer el presidente del Cambio con dinero de los trabajadores? Petro presentó una respuesta a esta pregunta en uno de sus tuits donde denunció una fractura institucional.
«Lo que busca el fiscal general es un golpe de estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La constitución prohíbe que la fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales .».
Ante ese evidente caso del aporte de Fecode de los $500 millones, se demostraría que se violentaron los topes financieros de campañas. ¿Será el último coletazo de Francisco Barbosa Delgado? No lo sabemos. Pero el hecho de que Semana revelara hoy que los próximos días será la imputación de cargos contra los funcionarios de la campaña presidencial y del presidente de Fecode William Velandia, indicaría que sería, no un coletazo, sino el zarpazo final de Barbosa. Con esto aspiraría ser el candidato de la ultraderecha en las elecciones presidenciales de 2026.