Son tres contratos que la Contraloría General de la República (CGR) tiene enfocados para detener la corrupción en Cartagena por presuntas irregularidades en la contratación del Covid-19. De estos tres contratos, dos mantienen atollados de maleza a alias «Tractor» Dau, alcalde de Cartagena. Es un tractor que se encuentra atollado en la maleza que pretendía arrastrar.
Autor: Lucio Torres
¡SOS Cartagena! Como lo predijo www.voxpopuli.digital, esta semana iba a ser fatal para la ciudad por los estragos del Covid—19. La cifra es contundente: ¡Diez muertos en un día! Minsalud dice que son 8. La verdad: en el HUC amanecieron 6 y durante el día (hasta las 3 pm) se produjo el deceso de 4 más. El Dadis los recogió en la tarde de hoy. Los llevaron a la funeraria que lo transporta al horno crematorio sin ninguna ceremonia de despedida.
¡CARTAGENA SE DERRUMBA! ¡Cartagena se derrumba, mientras el alcalde se va de rumba! Esta es la nueva situación que soportamos en la Heroica. Según las autoridades sanitarias, al final de este mes, podría sobrevenir un pico de contaminados y muertos por la propagación del virus. Los centros hospitalarios están a punto de colapsar. Mientras tanto se refleja la incompetencia y la corrupción político—administrativa del alcalde William Dau Chamatt, quien no sabe dónde está ni para dónde va. Muchos veedores ciudadanos le están pidiendo al procurador Fernando Carrillo que lo suspenda por sus irregularidades. El alcalde de rumba, Cartagena se derrumba…
Mientras el alcalde de Cartagena William Dau se emrumba, la ciudad se derrumba. Comienza la renuncia de su equipo de gobierno mejor preparado para asumir la emergencia social. En medio de un caos social descubierto por el Covid—19 y un desbarajuste de la alcaldía de Cartagena, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Álvaro Fortich Revollo, presentó renuncia irrevocable al alcalde William Dau Chamat. Pocas horas después, el burgomaestre encargó a Johana Bueno Álvarez, directora Operativa de Salud Pública de esa entidad. Entre tanto, la ciudad vive un caos. La tasa de letalidad del virus (4.2 por cada 100…
El procurador Carrillo está mudo. No individualiza las denuncias. La época en que fustigó con su látigo disciplinario a los alcaldes de Cartagena, Manolo Duque (2017) y Quinto Guerra (2018), es un tiempo ido. Pareciera que estuviese amangualado con tres administraciones corruptas de la Costa Caribe: Cartagena, Barranquilla y la gobernación del Atlántico.
El director del EPA, Javier Mouthon Bello, no tuvo otra salida legal que deshacerse del incómodo contrato No 30 de prestación de servicios con el arquitecto Orlando Ortiz Llanos. Entre tanto, la procuradora Agraria y Ambiental Mayelis Chamorro Ruiz, pareja de Ortiz,, instauró una tutela contra el periodista aduciendo la defensa del buen nombre, supuestamente violentado con la primera entrega de «patente de corso».
Muro anticorrupción construyó la Contraloría General de la República (CGR) de Carlos Felipe Córdoba Larrarte por raponazo de $400 millones del alcalde William Dau. Busca contener el robo descarado de los recursos destinados a atender la emergencia del Covid—19 en la administración del autodenominado Tractor y Veedor Anticorrupción, William Dau Chamat. Mientras tanto, la Procuraduría de Fernando Carrillo mantiene un silencio sospechoso.
Todos los caminos conducen a Uribe. Cristina Lombana Velásquez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, había recibido en su correo corporativo, el 17 de diciembre de 2019, un dato raro pero significativo: «información urgente… caso chuzadas-hacker-Álvaro Uribe». En forma inmediata, luego de evaluar la información, ordenó el allanamiento de una sede militar del complejo Miguel Antonio Caro, ubicado en Facatativá. Era la sede del Batallón de Ciberintenligencia.
El Nuevo Orden del Mundo -sostenible y humanamente posible- solo solo será cierto si la generación de los Baby Boomers del mundo se unen para transformar las industrias en esta globalización con energías sostenibles. La paradoja, esta generación es la principal víctima del virus letal que recorre el mundo como un fantasma. Es la principal reflexión de este 1° de Mayo con Covid-19.
Existe un evidente conflicto de intereses con la contratación del arquitecto Orlando Ortiz Llanos, marido de la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Bolívar Mayelis Chamorro Ruiz. El objetivo es protegerle las espaldas al director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), Javier Mouthon Bello. Lo curioso: en el gobierno de los malandrines recibía $4.2 millones. En el gobierno del antimalandrín William Dau Chamat le aumentaron su ingreso mensual a ¡$7.2 millones mensuales! El salto con garrocha de Ortiz Llanos fue de $3 millones, aproximadamente. Aumento del 73% de sus ingresos profesionales. Algo inexplicable administrativa, técnica y financieramente en comparación…