Armando Benedetti evitó la cárcel con trampa que le hizo a la Corte Suprema de Justicia. Utilizó su brillante habilidad para la triquiñuela y la componenda. Negoció por $22 millones un acuerdo con el abogado de su exsecretaria privada, Elsy Mireya Pinzón, testigo clave en el caso de la corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo —FONADE—, una empresa social del Estado.
Este es aparte del explosivo diálogo. Con esta conducta, Benedetti evitó la cárcel. Una conducta que retrata su verdadera catadura y rompe todo canon ético y legal que debe tener un representante de la sociedad en el congreso o un servidor público:
—Sin que me mientes la madre, ¿te puedo hacer una contrapropuesta? —Le dijo Benedetti al abogado de Elsy Mireya Pinzón.
—Bueno, hágale, no hay problema.
—Bueno, déjame en 22 (millones). Pero déjame pagarte 11 (millones) en un mes y 11 en el otro.
—Listo, no hay problema, no hay problema. —acepta el abogado.
De esta forma Benedetti evitó la cárcel. Así impidió que su exsecretaria se allanara a los cargos y lo comprometiera seriamente con sus declaraciones. Con esta conducta dolosa, al sobornar al abogado de su exsecretaria privada, eludió la medida de aseguramiento y evitó que el proceso terminara con una condena por tráfico de influencia como le sucedió a sus socios senadores de la U, Musa Besaile y Bernardo «Ñoño» Elías.
Ese hecho quedó en evidencia en esos audios difundidos este domingo 18 de mayo. Allí negociaba para que dicha testigo no se allanara a los cargos ante la Fiscalía. Su declaración era clave, porque podría explicar hechos y circunstancias que comprometerían seriamente al hoy ministro del Interior en el citado proceso.
Lo anterior nos propone otras preguntas metodológicas. ¿Por qué los senadores del partido la U, Musa Besaile Fayad y Bernardo «Ñoño» Elías fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia incurriendo en tráfico de influencia en Fonade? ¿Por qué Benedetti evitó la cárcel si su conducta fue similar: direccionar un millonario contrato para favorecer a Certicámara S.A? Los audios por sí solo clarifican esta realidad. La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse y definir si Benedetti va a la cárcel o no.
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Tráfico de influencia
Como es sabido, la Corte Suprema de Justicia adelanta en su contra un proceso penal que está en la etapa de juicio. Su delito, tráfico de influencias. Cuando Benedetti fue senador y ostentaba un gran poder en el gobierno de Juan Manuel Santos tenía una participación en Fonade.
La gran influencia del «Rasputín criollo» ―como se le conoce ahora a Benedetti― en los puertos del Caribe colombiano, coincidió con la embajada de Colombia en Panamá de su hermana, Angela Benedetti. Cuando fue concejala, recibió $250 millones de manos del contratista Julio Gómez, según el testigo Alejandro Botero en el proceso conocido como el Carrusel de la contratación de Bogotá. En este proceso fueron condenados los hermanos Moreno Rojas. Pero la concejala se cayó del palo de patilla.
En 2011, la nombraron embajadora de Colombia en Panamá. ¡Y llovió muchos dólares para los Benedetti, según algunas personas que los conocen. Ella renunció en diciembre de 2017 cuando su hermano fue vinculado por el proceso de corrupción de Fonade. Al parecer, era pareja sentimental del abogado Jaime Lombana, el mismo que denunció a su hermano ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Una familia de locos?
En esa época el director de la entidad era Ariel Alfonso Aduen Ángel, cuota política y suegro de Bernardo «Ñoño» Elías. De la misma manera, Aduen tuvo vínculos con grupos de las autodefensas del bloque «Héroes de los Montes de María». Estos vínculos fueron demostrados en confesiones de los exparas que declararon contra sus auspiciadores y financiadores.
Las evidencias indican que ayudó a direccionar el contrato por $1000 millones, cuyo beneficiario fue Certicámara S.A. Una de las testigos es Elsy Mireya Pinzón. Los audios indican que fue la manera como torció al abogado que representaba los intereses de su exsecretaria privada.
De esa manera, evitó que le dictaran medida de aseguramiento en este proceso de corrupción de Fonade que data desde 2017 cuando fue denunciado por el abogado Jaime Lombana. Época donde los parlamentarios de la U eran amos y señores del presupuesto de Fonade: la bicoca de $2,2 billones.
En su decisión del 20 de marzo cuando lo llamó a juicio, la Sala de Instrucción consideró que los hechos investigados habrían tenido relación con sus funciones como senador. Razón por la cual su fuero de congresista debía prevalecer frente al de embajador. Y, por supuesto, al de ministro, como lo es hoy.
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Los audios
Yohir Akerman, columnista de la revista Cambio, publicó los audios. Pero se desconoce si están adjuntados a la investigación que libra la Corte. O si se filtraron, ya que estamos ad portas del juicio donde se deben adjuntar todas las pruebas allegadas al proceso.
Para analizar el contenido, presentamos la transcripción de los audios del diálogo entre Armando Benedetti y el abogado de su exsecretaria privada Elsy Mireya Pinzón, quien, al parecer, conoce al dedillo las triquiñuelas de su jefe en el caso de Fonade:
—¿Dónde está la incomodidad mía? Que no es gran cosa. La incomodidad mía fue que un día llegó ella a decirme que tú le habías dicho que por qué no se acogían en un principio de oportunidad —dice Benedetti.
—Jamás diría eso, hombre. Jamás lo haría —responde el abogado de Elsy Mireya Pinzón.
—Pero no te pongas bravo… yo te estoy diciendo, lo que yo sé… Entonces ella me dice un día “No es que él es amigo de la fiscal y tal, que si me hacen un derecho de oportunidad y tal”. Ayúdame, ¿cómo hago para solucionar el tema contigo?, ¿tú qué me propones? Te estoy pidiendo una rebaja.
—Son dos años de trabajo, yo cobré 25, pero pues no sé doctor usted qué rebaja me hará sobre eso.
—Sin que me mientes la madre, ¿te puedo hacer una contrapropuesta?
—Bueno, hágale, no hay problema
—Bueno, déjame en 22. Pero déjame pagarte 11 en un mes y 11 en el otro.
—Listo, no hay problema, no hay problema. —acepta el abogado.
—Como usted está en la campaña de Petro y todo, entonces deme los 11, todos en efectivo para no pagar IVA —pide el abogado
—Qué bueno, claro que sí —responde Benedetti.
Benedetti en esos mismos audios, dice estar “correteado”. En el argot costeño, es sentirse perseguido y quiere salir corriendo. O sea, “en modo de fuga, por así decirlo… correteado”.
El ministro se refiere claramente a que el dinero sea en efectivo para evitar que dure un año explicándole a la Corte:
—No seas marica, no hay otra forma. No había de otra forma, sino… O si quieres te hago una consignación al banco y pasas un año contestando en la Corte cómo salió esa plata— dice Benedetti
El juicio contra Benedetti
La pena por tráfico de influencias para un servidor público, incluido un congresista, puede variar dependiendo de varios factores. Pero generalmente se encuentra entre 64 y 144 meses de prisión. Esto significa que un servidor público como Benedetti podría enfrentar entre 5 años y 3 meses a 12 años de cárcel por este delito.
El delito de tráfico de influencias, según la legislación colombiana, se comete cuando un servidor público utiliza su influencia para obtener beneficios, ya sea para sí mismo o para un tercero como es el caso de Certicámara S.A. Esto puede implicar utilizar la posición o función de parlamentario para influir en otros servidores públicos para adjudicar el contrato por $1000 millones a esa empresa.
El proceso, como se dijo, se inició a partir de una denuncia que en 2017 hizo el abogado Jaime Lombana Villalba. Esta denuncia no cayó en saco roto.
Durante el transcurso de la investigación también se han mencionado los nombres de otros congresistas quienes supuestamente habrían intervenido en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas.
En la próxima entrega: ¿La Corte condenará o absolverá a Benedetti?