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Desde este lunes 2 de octubre de 2023, el Consejo Nacional Electoral—CNE analizará los 10 hechos inhabilitantes de Alex Char Chaljub que le impiden ser candidato a la alcaldía de Barranquilla. Este organismo deberá definir en los próximos días su inhabilidad. En la solicitud de revocatoria que redactamos y presentamos como defensor de los derechos humanos y de los derechos colectivos de la sociedad, contiene incontrovertibles evidencias de que al inscribirse el pasado 28 de julio ante la Registraduría Nacional, rompió el régimen de inhabilidades e incompatibilidades determinado por la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

Como le fracasó su propuesta de gobierno compartido con los partidos tradicionales para sacar las reformas sociales, el presidente Gustavo Petro, en el balconazo de hoy, propuso un nuevo Acuerdo Nacional basado en tres ejes estratégicos: Verdad, Tierra y Educación. De esta manera, concluyó una jornada de marchas convocada por el gobierno y sus aliados. El acuerdo va dirigido a los gremios empresariales y a la Gran Prensa. El presidente no fue explícito en este aspecto.

Está en curso varias convocatorias de la dirección general del ICBF, donde se presentan, al parecer, algunas de las viejas irregularidades ya denunciadas oportunamente por VoxPopuli Digital. Existe una especie de tráfico de certificaciones falsas entre los mismos proponentes con el fin de obtener los contratos pretendidos. En esta oportunidad reseñamos dos casos que se presentan en la regional del Atlántico.

Estas elecciones están contaminadas por un alcalde que no es prenda de garantía democrática. El candidato a la alcaldía de Cartagena por el movimiento Los tres golpes, William García, recibió total solidaridad frente a las cobardes amenazas de muerte contra su hija. Este hecho abominable, surgió poco después de que denunciara de cómo la administración de William Dau esquilma la economía de los más pobres para favorecer a los más ricos con la famosa actualización “Go catastral”, cuyo contrato le cuesta a los cartageneros la suma de $26 mil millones.