La muerte de alias Yorman con silenciador en Bocacagrande, el exclusivo barrio turístico de Cartagena, probablemente sea un eslabón más de una cruenta guerra entre Los Salsas Mexicanos Nueva Generación contra el Clan del Golfo por el control de la ciudad. Los que deben estar felices en estos tres años y medio de gobierno de William Dau Chamat, además de los corruptos, son los delincuentes asociados al crimen organizado y a la economía ilegal. Pues, en este tiempo no ha existido ninguna articulación orgánica ni estratégica del gobierno Distrital con la Policía Nacional y la Fiscalía seccional para combatir el crimen y las actividades ilícitas. Cartagena sitiada por el crimen y la ineptitud de un alcalde que todavía no sabe para qué es ese cargo. No es una hipótesis, es una realidad irrefutable.
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El juguete que el alcalde de Cartagena le dio a su hijo Abraham es más rentable que su negocio el gastrobar El Arsenal The Rum Box. Desde que los dos turistas holandeses se comieron la última cena de sus vidas en ese restaurante, domingo 21 de agosto 2022, los clientes ya no dejan las ganancias de antes. Pero, el propietario del negocio no tiene problemas económicos. Como Tu papá te quiere, al parecer, le regaló descaradamente la Localidad Histórica y del Caribe Norte. La promesa paternal es que iba a disfrutar estos 4 años con las bendiciones de la contratación de más de $13 mil millones anuales del Fondo Local de Desarrollo de esta localidad. La promesa la cumplió. Quizás es lo único que el «antimalandrín» ha cumplido en estos tres años de gobierno.
¿Dau se va? La Procuraduría General de la Nación (PGN) le formuló pliego de cargos por atentar contra la dignidad de Viviana Ejaiek, directora de la seccional de la Andi de aquel momento. Si por presuntos pequeños hechos de corrupción el procurador de entonces, Fernando Carrillo Flórez, fulminó en menos de un año al alcalde Manuel Vicente Duque, ¿por qué la procuradora de ahora, Margarita Cabello, no ha suspendido al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat?
El Estado y familias poderosas, tales como Santo Domingo y Echavarría, son los despojadores de la población afrodescendiente de la paradisíaca isla de Barú. Pero, más que despojadores de sus tierras, fue el despojo de su propia identidad que no tiene valor comercial, como lo podría tener un pedazo de tierra. Una tierra que una vez fueron de los indios y que luego pasaron a los negros libertos. Este despojo está evidenciado en testimonios de nativos, y de miles de folios que reposan en procesos judiciales de los juzgados de Cartagena y altas cortes, como en los anales del congreso de la república de 2007 con el debate de Samuel Arrieta y la audiencia pública de noviembre de 2022.
¿Alias «el Tractor» puede hacer trasladar a una fiscal? Liliana Velázquez Trespalacios, fiscal seccional 53 de Bolívar, no había hecho nada extraordinario en estos últimos 3 años para combatir los delitos contra la administración pública en el Distrito de Cartagena como en el departamento de Bolívar. Pero, cuando ya tenía un proceso penal por prevaricato contra William Dau Chamat para imputación de cargos y medida de aseguramiento (¡oh, sorpresa!), desde Bogotá, le vino su traslado para la región del Magdalena Medio.
Nómina paralela. Mientras el alcalde William Dau y su asesora para la Transparencia, Daniela Puello, defienden la lucha contra la corrupción en la administración Distrital, la secretaria del Interior, Ana María González, sostiene supuestamente una nómina paralela en la dependencia a su cargo con miembros de la Fundacion para la Educación Multidimensional, FEM, constituida por la hoy funcionaria pública el 27 de julio de 2007.
¿A la cárcel alcaldesa de María la Baja, Raquel Victoria Sierra Cassiani? Es el principal interrogante que se desprende de la incertidumbre jurídica en que se encuentra la funcionaria. ¿La razón? Este 21 de marzo se le escuchará en audiencia de imposición de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía 22 seccional de Turbaco que la sindica del delito de prevaricato por acción.
La empresa petrolera Insurcol viene realizando un papel inverso a lo que hizo la Andian en el siglo pasado. Cerca de 30 hectáreas de tierras públicas que esa empresa donó a la gobernación de Bolívar en Turbana y del área de Pasacaballos, se lo está apropiando Insurcol Ltda. Al parecer, esa apropiación es indebida, ilegal e inconstitucional. Existe varios procesos, uno de los cuales está en el Juzgado 4° Civil del Circuito. Allí existe un proceso de pertenencia espurio. Lo mismo que otros procesos que están tramitando en varios juzgados civiles de Cartagena.
El miércoles 11 de enero, día que asesinaron a Laura Isabel Ortiz Ávila, 31 años, no creía que la pudiesen matar por solo ser amante de «Paty Paty». Ese día, se produjeron dos hechos que nos hace pensar en la guerra total que se vive en el ultramundo de una Cartagena reducida al abandono y a la desidia oficial. Una ciudad caótica y presa de las mafias de diferentes pelambres. Primero, se cumplían las 72 horas de plazo de la amenaza colgada en el cadáver de la víctima de Arroz Barato. Segundo, ¿la asesinaron por ser amante de «Paty Paty»?
Con «Paty Paty» enjaulado desde el 26 de diciembre de 2022, la policía pensaba que se iba a controlar los casos de sicariatos en Cartagena. ¡Cuán equivocados estaban! El homicidio de un mototaxista en Arroz Barato, el día anterior, en cuyo cuerpo le colgaron un macabro letrero, fue la declaración de una guerra total en el bajo mundo de los grupos armados del narcotráfico. Es un indicio de que el 2023 será más sangriento, más doloroso que el anterior, a no ser que las autoridades le cambien el curso a este oscuro vaticinio.