La falsedad de Ciudad del Bicentenario que se reflejó en la falta de legalidad de los predios donde se construye, fue advertida desde 2009 en varios debates del concejo distrital. Los grandes negocios de la corrupción no se gestan en las regiones. Vienen del gobierno central con la complicidad, casi siempre, de administraciones locales corruptas. Estas administraciones se someten al poder central por las dádivas o porque hay un parlamentario o un gran empresario financista que recibe beneficios privados.
De tal manera que los grandes hechos de corrupción nacen en cada macroproyecto diseñado y orquestado desde la Presidencia de la República. Es el caso de Ciudad del Bicentenario que se cimentó sobre predios obtenidos por la Fundación Santo Domingo violando la ley. Además recibieron más de $80 mil millones de parte del Estado y del Distrito.
Los informes periodísticos que habíamos publicado el año pasado, hoy tienen el respaldo de una decisión asumida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Cartagena, Luis Fernando Machado López, quien no reconoció a la Fundación Santo Domingo como víctima. Y es una decisión de un juez de conocimiento, que no es lo mismo. Habíamos sufrido el bembeo de los adictos al poder y de la manguala. Por naturaleza, nuestro periodismo está del lado dela verdad y de los débiles.
La corrupción disfrazada de macroproyecto
Generalmente tenemos una percepción de que la corrupción en el plano local es mayor que la nacional. Equivocación crasa. En realidad, los macroproyectos locales, regionales y nacionales tienen el sello de una alta corrupción orquestada por el presidente de turno. Cuentan con la complicidad del congreso, el sistema financiero y de grandes empresarios y contratistas del Estado. Precisan de cómplices locales, incluso, de la misma comunidad. Ejemplos sobran: todos los macroprotectos viales, Río Magdalena, Canal del Dique, Protección Costera y un largo etc.
Si hacemos un análisis comparativo, la corrupción del orden nacional es más criminal que la local. La de Bogotá viene disfrazada de «desarrollo», «superación de la pobreza», «restauración de ecosistemas», y demás eufemismos para torcerle el cuello a la ley y burlar el control social de las comunidades. Además, gozan del beneplácito de los grandes medios de comunicación que se ponen a su servicio. Pero VoxPopuli Digital actúa para la protección de los derechos de las personas sin mirar a quién.
Por esa razón, hoy le pusimos el ojo al macroproyecto «Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique” donde el gobierno nacional está invirtiendo en la primera etapa más de $2 billones. Entregarían en concesión a un privado el canal por un período de 50 años, ya que le pusieron el disfraz de proyecto social: «Restauración de los ecosistemas degradados».
De héroes a villanos
Pero la historia, afortunadamente, devela las verdaderas intenciones de los manipuladores de la opinión y de la conducta humana. Así como se puso al descubierto verdadera catadura del alcalde William Dau Chamat, de la misma manera se develó la corrupción de la Fundación Santo Domingo, el Distrito y el gobierno nacional. Preguntémonos: ¿Cuándo la Fundación Santo Domingo pasó de héroe a villano? ¿Cómo hizo pasar un macroproyecto sin ánimo de lucro a obtener más de $80 mil millones de lo público? Los villanos no solo son los que creemos. No siempre por su equipaje conoces a un pasajero. Un homicida puede venir disfrazado de salvador, pero por su frutos los conocerás, dijo esa divina persona cuando denunció a los hipócritas fariseos.
Ciudad del Bicentenario lo presentó el Ministerio de Vivienda como la panacea del problema habitacional de Cartagena. Hoy, el Juez Tercero Penal del Circuito de Cartagena, Luis Fernando Machado López, tuvo la valentía de señalar que la fundación no fue capaz de inscribir la propiedad en la oficina de Registro de Documentos Públicos antes de los 6 años después de declararse su utilidad pública. Por tanto, todos los actos administrativos del gobierno central como del Distrito, con relación al proyecto de vivienda, son inexistentes. Es la interpretación que hizo el abogado de los denunciados, Ángel Carrillo, a la decisión del juez de no reconocer a la Fundación Santo Domingo y al Distrito como víctimas.
De esa forma, el juez rechazó los argumentos de los abogados Alfredo Sampayo y Francisco Bernate, quienes venían representando a la fundación y al Distrito. Estas dos entidades denunciaron a los Hernández de invasores. Pero en realidad, ellos son víctimas de un proceso de despojo de las tierras heredadas por su abuelo Pedro Hernández, un afro que compró esas tierras en el siglo XIX.
“Palos en la rueda” a la falsedad
La bancada conservadora fue la protagonista del debate en el concejo en 2009. En este sentido quedó demostrado que el proyecto Ciudad del Bicentenario no tenía la documentación legal para su construcción. Y no la tenía, porque los predios carecían de títulos idóneos. Para comprobar eso, Adolfo Raad, concejal de la época, solo tuvo que redactar una lacónica carta con dos peticiones concretas:
“1. Si en la actualidad se gestiona ante la curaduría que usted a bien tiene dirigir, licencia de urbanismo para las obras que se adelantaran en la Ciudad del Bicentenario.
2. En caso afirmativo, sírvase explicarme cuales son las normas invocadas para dicho trámite, teniendo en cuenta que los terrenos donde se llevara a cabo el mencionado proyecto, esta definido en el POT como zona rural, y, solamente le es dable a los concejos modificar el uso del suelo (ART. 313 C.N)”
Carta dirigida a las curadurías fechadas el 24 de marzo de 2009.
El viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de la época, Luis Henao, cuestionó en Caracol y otros grandes medios nacionales a los concejales conservadores Quinto Guerra y Adolfo Raad por estar“«poniéndole palos en la rueda». Henao dijo que invitaba a los concejales a un diálogo abierto donde se puedan exponer los detalles del proyecto, que «dará vivienda a cerca de 15 mil familias, y que se está ejecutando con transparencia».
Sin embargo, quedó para la historia ese gran debate protagonizado por el concejo de Cartagena de Indias en 2009. Los concejales conservadores Quinto Guerra Varela y Adolfo Raad Hernández, tenían razón. Ellos le pusieron la lupa al proyecto de vivienda. Y el dedo en la llaga. En esa época la alcaldesa de Cartagena era Judith Pinedo Flórez, una mandataria respaldada por los Araújo y los gremios económicos de Cartagena. Recordemos que los predios tenían el carácter de rural. Cualquier cambio de uso era potestad del concejo distrital y no del gobierno nacional.
Otro debate en 2011 a la falsedad
Pero no solo fue ese debate de 2009 el que se le hizo al macroproyecto Ciudad del Bicentenario. En 2011 el concejal William Amín (de Cambio Radical), abrió la discusión.
“Lo que se pretende es realizar un debate constructivo, para que se clarifique por qué y cuántas viviendas se han entregado. Además, hay que esclarecer si existen litigios sobre estas tierras, o si es que, no ha habido compromiso por parte de la Administración Distrital o del Gobierno Nacional para acompañar este proyecto, evidenciando que Cartagena en comparación con otras ciudades del país en tema de viviendas de interés social ha fracasado”,
Concejo de Cartagena 2011.
De igual manera, varios veedores, entre ellos Carlos Arturo Bossa y Héctor Pérez Fernández, le hicieron un seguimiento al proyecto en 2017. Le preguntaron a Corvivienda, cuánto le había transferido el Distrito y la Nación a la Fundación Santo Domingo por el proyecto Ciudad del Bicentenario. La directora de la Oficina Jurídica de Corvivienda, Isabel María Díaz Martínez, le respondió que hasta el 2015 le habían pagado la suma de $60 mil millones.
Con estos antecedentes de control político y social y un análisis del contexto histórico, queda demostrada la tesis planteada en este escrito: la corrupción más grande de Colombia es la que se agencia desde la Presidencia de la República. Tiene la complicidad de un congreso corrupto, un sistema judicial a su servicio (salvos excepciones como la del juez Machado López, quien se comportó como un héroe), un sistema financiero que le lava el dinero, un Estado ladrón que está al servicio del poderoso y del buen postor. Así se roban a Colombia.