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    Investigación

    ¿Conflicto de intereses en el Epa? (Patente de corso II)

    Lucio TorresPor Lucio Torres29 de abril, 2020Tiempo de lectura: 7 minutos
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    Existe un evidente conflicto de intereses con la contratación del arquitecto Orlando Ortiz Llanos, marido de la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Bolívar Mayelis Chamorro Ruiz. El objetivo es protegerle las espaldas al director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), Javier Mouthon Bello.  Lo curioso: en el gobierno de los malandrines recibía $4.2 millones. En el gobierno del antimalandrín William Dau Chamat le aumentaron su ingreso mensual a ¡$7.2 millones mensuales!

    El salto con garrocha de Ortiz Llanos fue de $3 millones, aproximadamente. Aumento del 73% de sus ingresos profesionales. Algo inexplicable administrativa, técnica y financieramente en comparación con los otros profesionales con capacidades y experticias similares en la misma entidad que solo le aumentaron 8%.

    Un contrato corsario

    La hipótesis que nos planteamos en el artículo anterior establece que el contrato No 30/20 del EPA donde aparece como beneficiario el marido de la procuradora, nos propone la idea de que es una patente de corso (licencia) para que el EPA no tenga ningún control disciplinario.

    Es decir, el contrato del Epa es de tipo corsario. Le daría licencia al director de la entidad, Javier Mouthon, para que no sea objeto de control disciplinario en lo tocante a su misión ambiental urbana. Es un caso fáctico, aunque jamás sea admitido.

    En este informe se mostrará y demostrará el posible conflicto de intereses con la contratación de Ortiz Llanos. Conflicto, que se convierte en una clara violación del Código Único Disciplinario. Además, nos proponemos demostrar que el contrato reseñado, no fue resultado de un estudio de conveniencia consecuente y transparente. Volvieron añicos los principios de eficiencia, eficacia y economía.

    Es importante aclarar, que este periodista le envió un mensaje por guasap al director del Epa para conocer su versión. El ingeniero Mouthon me dijo:

    «Me gustaría hacer una comunicación aclarando porque esta administración jamás actuará haciendo favores. Todo se hace y se hará de manera objetiva primando el interés de beneficiar a la ciudad y sus habitantes».

    Conflicto de intereses

    ¿Por qué se produce el conflicto de intereses? Esta conducta dentro del derecho disciplinario se encuentra estatuido en el artículo 40 del Código Único Disciplinario (CUD) –Ley 734 de 2002– y el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. La conducta se presenta:

    “Cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”.

    De acuerdo con el mencionado artículo 40 del CUD:

    «e) Se pueden constituir en un riesgo de corrupción y si se materializa, se incurrirá en actuaciones fraudulentas o corruptas».

    Omisión grave

    En la declaración juramentada arrimada en el contrato y en el proceso contractual no aparece que el arquitecto Ortiz Llanos se haya declarado en conflicto de intereses por tener a su compañera como procuradora Agraria y Ambiental. Esta declaración pretende preservar la independencia de criterio y el principio de equidad de la función pública.

    El contrato No 30/20, que publicamos en la primera entrega, establece en la cláusula vigésima segunda respecto de las inhabilidades:

    «El contratista afirma bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la constitución y la ley; especialmente, en aquellas establecidas por los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, ni en las previstas por las Leyes 610 de 2000 y 1082 de 2015».

    Si no lo hizo, constituye una falta disciplinaria que no solo afectaría a Ortiz Llanos, sino también a su compañera y al propio Mouthon.

    Procuradora Vs Epa

    Como se sabe, la Procuraduría Agraria y Ambiental ejerce control disciplinario sobre las autoridades ambientales del Distrito de Cartagena y de Bolívar. Cardique, Epa y todas las entidades que prestan servicio público que afecten el medio ambiente urbano y rural.

    La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a cargo de Chamorro Ruiz, en los términos del Decreto 262/2000, ejerce funciones de carácter preventivo, de control de gestión en el área ambiental, de intervención ante autoridades administrativas y judiciales.

    Igualmente cumple funciones de carácter disciplinario en relación con la protección y preservación del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos y conflictos que se generan en materia de tierras.

    Por su parte, el Epa Cartagena es un establecimiento público para administrar y propender por el manejo del ambiente urbano del Distrito de Cartagena. También tiene como finalidad favorecer conservar y restaurar el medio ambiente y desarrollo sostenible. En tanto busca la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad.

    Favorecimiento

    Además del conflicto de intereses, se observa que existe un evidente interés para favorecer la contratación del marido de la Procuradora. El favoritismo y las preferencias contractuales también fueron evidentes. En la anterior entrega introdujimos esta irregularidad.

    En cuanto a tasar la cantidad de los honorarios profesionales al arquitecto Llanos, podemos ver algunas irregularidades que puyan el ojo. Es evidente que en este proceso no establecen antecedentes de contrataciones similares.

    Es más, no lo hicieron con los contratos anteriores suscritos con el mismo contratista durante los gobiernos de los “malandrines”.

    De igual forma, no hicieron otros análisis comparativos con otras obligaciones parecidas. Así hubiesen podido establecer que el valor del contrato corresponde a los precios del mercado. Concretar si el proceso de contratación satisface las necesidades de la entidad en cuanto a su misión, objetivos y metas.

    El salto con garrocha

    Un salto con una garrocha que pudo surgir de la posición de vigilancia que ejerce su compañera como procuradora Agraria y Ambiental en Cartagena y Bolívar. ¿Es cierto o verdad? Se admita o no se admita, no se justifica ese salto de garrocha de 73% del aumento de sus ingresos.

    Mientras otros profesionales del Epa y del Distrito sus ingresos promedio es de $3.5 millones mensuales solo reciben aumento del IPC, que llega al 5% o a lo sumo el 10%. (Vean el comportamiento de los ingresos recibidos por Llanos en los 9 contratos firmados con el Epa en 4 años. Subió de $4 millones a $7.2 millones.

    EL SALTO CON GARROCHA DEL MARIDO DE LA PROCURADORA

    CONTRATO AÑO HONORARIOS
    N° 024 08/02/2016 a 04/08/2016 $ 4.000.000
    N° 241 30/08/2016 a 29/11/2016 $ 4.000.000
    N° 333 02/12/2016 a 27/12/2016 $ 3.333.333
    N° 057 08//02/2017 a 07/05/2017 $ 4.120.000
    N° 194 10/05/2017 a 09/09/2017 $ 4.120.000
    N° 331 22/09/2017 a 21/12/2017 $ 4.120.000
    N° 014 12/01/2018 a 11/08/2018 $ 4.320.000
    N° 219 22/08/2018 a 21/12/2018 $ 4.320.000
    N° 030 10/02/2020 a 10/08/2020 $ 7.200.000

    No aparece una reflexión de la entidad que permita dilucidar la conveniencia desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Esto obligatoriamente debe quedar constancia en los documentos del proceso, de conformidad con lo establecido en el Art. 15 del Decreto 1510 de 2013.

    Preguntas finales

    ¿Existe conflicto de intereses en esta contratación cuando Mayelis Chamorro inició como Procuradora en el mismo año (2016) que “los malandrines” contrataron a su marido? ¿Viola el Código Único Disciplinario?  ¿Se paga un valor injustificado? ¿Viola los principios de eficiencia, eficacia y economía? Son evidencias que se presentan aquí. Si hay duda, lean el contrato, el estudio de conveniencia y los documentos allegados por el contratista. Allí los puse a la luz pública.

    ¿Es patente de corso? Es otra fase de la investigación periodística del período 2016-2020 de la actuación de la Procuraduría Agraria y Ambiental de Bolívar.

    En el gobierno de los malandrines, Llanos recibía un contrato entre $4 millones y $4.2 millones. En el gobierno del anticorruptivo e incorruptible Tractor $7.2 millones.

    El favoritismo y clientelismo del antimalandrín es evidente. Estos son ejemplos de la corrupción ascendente que se nota en estos primeros 100 días de esta administración. El favor que Dau le devolvió a la primera dama Cynthia Amador fue otro salto de garrocha. Dau solo le pagaba $500 mil pesos mensuales en la campaña electoral. Ahora la Amador recibe $7.7 millones mensuales que le permitió mudarse al lado del dueño de VENEPLAST donde suele ir frecuentemente el Retractor de la Anticorrupcion. ¿Cómo te quedó el ojo?

    ************

    Contratos y otros documentos (haz Clic): CONTRATO No 30/20 del EPA.

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