La última palabra del Canal del Dique la tiene el presidente Petro. Es la conclusión que se desprende de la Comisión Accidental Bicameral. Esta unidad especial legislativa presentó las recomendaciones recogidas durante la audiencia realizada en Santa Lucía el pasado 26 de agosto. Dentro de estas recomendaciones sobresale la necesidad de realizar otras consultas previas, el licenciamiento ambiental y modificación del objeto contractual del proceso APP “Restauración de los Ecosistemas Degradados Canal del Dique”.
Si el presidente Petro acoge estas recomendaciones, deberá tomar una decisión política que la ANI la convertirá en una decisión técnica y jurídica, puesto que es la entidad que adelanta la contratación. Esto es, que el proceso licitatorio deberá declararlo inviable, ya que violaría principios rectores de la contratación pública de infraestructura como el interés social, la participación ciudadana y el licenciamiento ambiental.
Como se recordará, tanto la cámara de representantes como el senado conformaron en agosto esta comisión con la bancada de la Costa Caribe a fin de hacerle seguimiento a ese proyecto. Pero también a los macroproyectos del Río Magdalena y a la situación de riesgo del sur del Atlántico y de Bolívar.
Vea las recomendaciones de las comunidades y de los parlamentarios
El oficio radicado en la presidencia por la Comisión Accidental Bicameral fue firmada por sus dos coordinadores el senador Pedro Flórez y el representante Dolcey Torres Romero. Además, por los demás integrantes de esa unidad especial.
Recomendaciones al megaproyecto
De acuerdo con un oficio fechado el 31 de agosto y radicado hoy ante la presidencia de la república, la Comisión Accidental Bicameral presentó siete grandes conclusiones que son recomendaciones al presidente Gustavo Petro sobre el megaproyecto. Estas recomendaciones fueron las siguientes:
- Realizar consultas previas al proceso APP conforme a la ley.
- Se debe expedir la licencia ambiental al megaproyecto, ya que un simple plan de hidrosedimentación no es suficiente para conocer los impactos ambientales.
- Se debe llevar a cabo proceso de exhumación de cadáveres de las víctimas del conflicto armado, ya que existe una medida cautelar de la JEP.
- Los empleos generados por el proyecto deben estar destinados para la comunidad de la subregión.
- Se necesita mayor socialización del megaproyecto
- El gobierno debe prestar atención, revisar y clarificar las alertas de la Contraloría General dela República (CGR).
- Se debe revisar el objeto contractual a fin de que las obras guarden directa relación con las necesidades de esas comunidades
La última palabra del Canal del Dique
La Comisión Accidental Bicameral, que tiene el poder legal del congreso para hacerle seguimiento al macroproyecto, le trasladó la responsabilidad al presidente de la república. Éste debe tomar una decisión política antes del 12 de septiembre, plazo para resolver la suerte inmediata del proceso licitatorio.
Sin embargo, si se revoca el proceso licitatorio no quiere decir que el proyecto corra la misma suerte. Por el contrario, el gobierno de Petro tiene la oportunidad de corregir los grandes problemas denunciados por las comunidades desde hace aproximadamente dos años. La comunidad había dicho que no se habían hecho las consultas ciudadanas necesarias, no había suficiente socialización y carecía de un plan de manejo ambiental.
Ante esa situación el ejecutivo deberá tomar una decisión de continuar con las fallas que el mismo congreso le ha señalado a través de esa Comisión Accidental o, por el contrario, corregir el error cancelando definitivamente esa contratación. Si lo hace, debe reestructurar el megaproyecto e iniciar otro proceso licitatorio. La última palabra del Canal del Dique la tiene el presidente Petro.