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Denuncia penal contra la policía por abuso arbitrario de la fuerza

Por Lucio Torres
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Fernando Díaz Puello fue herido en los hechos por los cuales se presentó la denuncia penal contra la policía.

Con la denuncia penal contra la Policía y sus altos mandos, el Colectivo de Derechos Humanos DhColombia responsabiliza al ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo y otros altos mandos policiales, sobre los abusos de autoridad de la jornada «9S». Así mismo, en Cartagena, familiares de las tres personas que resultaron heridas en la madrugada del 8 de diciembre por fuerzas especiales de la policía (GOES) presentaron otra denuncia penal.

De igual manera, instaurarán denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General contra el brigadier general Henry Armando Sanabria Cely. Consideran que el alto mando de la MECAR hasta ahora, no ha esclarecido los hechos sucedidos el pasado 8 de diciembre en el barrio La Esperanza.

En tanto el 11 de diciembre el colectivo DHColombia radicó una denuncia en contra del ministro Carlos Holmes Trujillo y otros altos mandos policiales ante la Fiscalía General. El móvil de la denuncia estriba en la inoperancia del alto mando para establecer responsabilidades de los hechos violentos y casos de abuso de autoridad registrados el pasado 9 de septiembre de 2020 en la capital de la República. Estas jornadas violentas, donde murieron varios jóvenes, se conoció como 9S. Las personas protestaban por el asesinato en una estación de policía de Javier Ordóñez, un estudiante universitario de derecho.

El abuso en Cartagena

El 14 de diciembre, Carmen Pérez Jiménez, esposa de uno de los heridos a bala por la policía del GOES, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por abuso de autoridad en acto arbitrario. La denuncia va dirigida contra los patrulleros de la policía que participaron en un operativo realizado en la madrugada del pasado 8 de diciembre en una residencia del sector Obrero del barrio La Esperanza, adyacente a la Ciénaga La Virgen.

En ese operativo, los agentes penetraron a la residencia de las víctimas, destruyeron los enseres de la casa. En el acto hirieron a bala a Fernando José Díaz Puello. Recibió un impacto de bala a la altura del tobillo de la pierna derecha que lo mantiene incapacitado. Es el único sustento de la casa, como lo revela a este medio su esposa, la denunciante de estos hechos.

Pero además del Díaz Puello, también resultaron heridos por la acción de miembros del GOES, Jesús Pérez Jiménez, Eduardo Jiménez Arroyo, y una menor de 15 años, de apellidos Pérez Pacheco. La menor es sobrina de la denunciante, Carmen Pérez Jiménez.

Narración de los hechos

Los hechos ocurrieron a la 1.30 de la mañana del 8 de diciembre. Así lo narra CARMEN PÉREZ JIMÉNEZ:

La denuncia penal contra la Policía

Carmen Pérez presentó la denuncia ante la Fiscalía el 14 de diciembre. Esta semana la presentará ante la Procuraduría y Defensoría del Pueblo de Bolívar. Pide solidaridad por las consecuencias psicológicas y materiales que sufrió con esta agresión flagrante de la policía del GOES, tal como la denunciante lo señala en este audio:

CARMEN PÉREZ: ¡Necesito solidaridad! 

Carlos Herrera Vargas

Así fue velado el joven Carlos Herrera Vargas, barrio La Esperanza, según testigos, asesinado por agentes de la MECAR. Por este hecho hubo una denuncia penal contra la Policía.

Un caso que causó indignación en Cartagena fue el asesinato del joven domiciliario Carlos Herrera Vargas, quien el 21 de septiembre resultó gravemente herido a manos de la policía luego de una fuerte discusión con los agentes del CAI de la Vía Perimetral en el barrio de la Esperanza.

Carlos Herrera Vargas murió el 25 de septiembre como causa directa por las heridas a bala y golpes sufrida en el operativo de los agentes del CAI. La policía por este caso fue denunciada penalmente. Se espera que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría informen de cómo va la investigación por este homicidio.

El otro muerto de la Policía

Fidel Jiménez, en VoxPopuli Digital, narró los hechos ocurridos en el barrio La Esperanza a las 12:15 de la madrugada del 21 de septiembre de 2020.

El 9S en la impunidad

Hace tres meses se produjo una noche oscura para la misma policía en Bogotá. A raíz de la muerte de Javier Ordoñez, propiciada por los mismos agentes de la Policía Nacional en la Estación de Policía de Villa. Se produjo una jornada de protesta contra los abusos de policía. La acción de la Policía prodijo varias muertes y heridos.

Para el Colectivo DHColombia, todavía existen muchas preguntas sobre lo que pasó. Los mandos policivos hasta ahora no han aclarado la situación. El punto central de la denuncia penal es la incapacidad de los altos mandos de preservar el control y orden en el uso de la fuerza oficial.

En este sentido la responsabilidad es de la línea de mando. Fueron incapaces de detener el accionar indiscriminado de los efectivos de la Policía. La Inspección de General de Policía debió investigar y hallar a los responsables de los hechos denunciado, pero hasta ahora no lo ha hecho. Frente a una inminente impunidad, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el director de la Policía Nacional, Oscar Atehortúa.

Los responsables

Además de los altos mandos, la denuncia va dirigida contra el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, Luis Alfredo Sarmiento Tarazana; el comandante de la Policía de Cundinamarca, Necton Lincon Borja Miranda; el comandante de la Estación de Usaquén, Roberto Carlos Sánchez; y contra cuatro comandantes de seguridad ciudadana y a los comandantes del CAI Verbenal, Suba y Kennedy.

De acuerdo a la denuncia, los altos oficiales estarían comprometidos en los hechos. Así se señala en la acción penal solicitada.

«Serían responsables por las ejecuciones extrajudiciales colectivas (masacres), tortura, privación ilegal de la libertad y lesiones personales que se ejecutaron esa noche. Por tanto, el propósito de dhColombia es que, finalmente, se adelanten investigaciones y se determinen las responsabilidades de lo que pasó».

Human Rights Watch

 

En el mismo sentido se pronunció la Human Rights Watch. En varios casos, la policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas «menos letales» durante operaciones antidisturbios.

«Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la fuerza pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados».

Cabe recordar que entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 26 víctimas de abusos, familiares de víctimas, abogados de derechos humanos y funcionarios gubernamentales; corroboró videos difundidos en redes sociales; revisó informes médicos y denuncias penales; y solicitó información a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la Nación. Human Rights Watch también se reunió en Bogotá con funcionarios gubernamentales, incluidos el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el director de la Policía Nacional Oscar Atehortúa Duque y el entonces fiscal general, Fabio Espitia.

Uno de estos casos es el del homicidio de Dilan Cruz, de 17 años. El 23 de noviembre, un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparó a Cruz en la cabeza con una munición conocida como “bean bag”, diseñada para ser disparada a los brazos o las piernas. Cruz participaba de una manifestación en el centro de Bogotá y falleció dos días después.

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