Donald Trump está dando pequeños golpes contra supuestas lanchas del narcotráfico en la cuenca del Caribe cerca de las costas de Colombia y Venezuela. Hasta ahora son 43 muertos o capturados que han dejado estas acciones ultramarinas. Ahora ordenó un movimiento táctico del portaviones Gerald R Ford hacia aguas continentales preparándose para acciones directas contra instalaciones de producción de cocaína y las rutas del narcotráfico dentro de Venezuela.
Así lo revelaron a CNN tres fuentes del gobierno estadounidense. No es una amenaza retórica: hay «planes sobre la mesa» que la Casa Blanca considera, aunque todavía no se ha tomado la decisión de ejecutarlos.
Ante esta escalada surge una pregunta urgente: ¿Bajo qué marco legal y con qué límite político se autorizarían operaciones dentro de un país soberano?
¿Y la vía diplomática?
Al mismo tiempo que se prepara para acciones militares, la administración Donald Trump no descarta la vía diplomática para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos; paradójicamente, esa posibilidad coexiste con el abrupto cierre de conversaciones con Nicolás Maduro en las últimas semanas. Es decir: se negocia y se prepara la guerra a la vez.
Fuera de los despachos, las señales sobre el terreno ya hablan de escalada. El Pentágono ordenó el relevo del grupo de ataque del portaviones Gerald R. Ford hacia la cuenca del Caribe. Este movimiento añade músculo militar a una retórica que pasó de la amenaza al posible empleo de fuerza.
«El objetivo del gobierno es desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo».
Según tres fuentes de CNN
Las microagresiones de Donald Trump
En paralelo, fuentes periodísticas señalan que Trump autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas vinculadas a estos esfuerzos. Esto eleva la opacidad sobre quién decide, cómo y con qué responsabilidad ante el derecho internacional. La combinación ―fuerza naval en la región, ataques en alta mar, y operaciones encubiertas― dibuja un escenario donde la presión militar y la acción secreta se convierten en instrumentos de política antidrogas y, para algunos en la administración, de cambio de régimen.
No menos grave: desde septiembre, una campaña de ataques en aguas internacionales ―presentada por la Casa Blanca como golpes contra «narcoembarques»― ha dejado decenas de muertos. Son justificadas públicamente como parte de la lucha contra grupos etiquetados por la administración Donald Trump como «narcoterroristas». El hecho de calificar al presidente colombiano Gustavo Petro de líder del narcotráfico» e incluir a su familia y personas cercanas en la lista Clinton, indica
Donald Trump Policía y juez internacional
Esos mismos ataques ponen sobre la mesa dilemas jurídicos y éticos: ¿puede un Estado lanzar munición letal contra sospechosos en alta mar sin capturarlos ni someterlos a juicio? ¿Qué precedentes estamos normalizando?
Sobre el supuesto papel de Venezuela en la cadena mundial de la cocaína hay una tensión real que conviene subrayar: organismos internacionales y reportes oficiales ubican los cultivos de coca mayoritariamente en Colombia, Perú y Bolivia; Venezuela no figura como productor líder en los informes públicos. Aun así, el Gobierno de EE. UU. insiste en ligar a Maduro con el narcotráfico ―recordando la acusación federal en su contra de 2020― y usa ese relato para legitimar medidas que de otro modo serían impensables. ¿Es la lucha antidrogas la razón real o el pretexto para presionar políticamente a Caracas?
Por último, la Casa Blanca afirma que «no tiene prisa»: Trump está ocupado con su viaje a Asia y con negociaciones internacionales. Pero esa calma formal contrasta con declaraciones públicas del propio presidente ―y con la disposición declarada a actuar incluso sin una autorización parlamentaria amplia― que obligan a preguntar quién controla, y quién limita, la respuesta militar en el hemisferio. Si el Ejecutivo puede «matar a quienes traen drogas» sin consulta real, la escalada dejará de ser una posibilidad para convertirse en política exterior permanente.