El poder de «Los intocables» en Barranquilla se mantiene intacto desde hace dos décadas, gracias a una criminal impunidad que reina en la rama judicial. Nada se les pega. Nadie los puede tocar. Además de peligrosos, han contado con el silencio cómplice de todos los fiscales generales, desde Luis Camilo Osorio Isaza hasta Francisco Barbosa. El magistrado Enrique Camilo Noguera Aarón, quien se enfrentó a uno de ellos, en octubre del 2023 cumplirá 20 años de su asesinato.
Este crimen, al igual que muchos otros de Los Intocables, está rodeado de impunidad, pese a las múltiples pruebas que tiene la misma justicia y que apuntan al empresario palmicultor Alfonso Macías Vargas. El único que está detrás de reja pagando dos condenas por homicidio agravado es Darío Laino Scopetta. Esta es la historia nunca contada del poder de Los Intocables .
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El determinador
De acuerdo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el determinador es quien por cualquier medio incide en otro y le hace surgir la idea de cometer el delito. Para interpretar el concepto de determinador, la Sala propone cinco (5) elementos:
(I) La actuación determinadora del sujeto que induce al crimen. (II) La consumación o tentativa punible del hecho al que se induce. (III) Un vínculo entre el hecho principal y la inducción. (IV) La carencia de dominio del hecho en el determinador. (V) El dolo en el inductor, es decir, la voluntad de producir el crimen.
El protagonista principal de la película de un crimen es el determinador, también llamado provocador, instigador o autor intelectual. Induce a otro para que realice el hecho punible, es decir, el hecho criminal.
Tal es el caso de Salvador Arana SUS, quien fue condenado a 40 años por el asesinato del alcalde de Los Robles, Eudaldo Tito Díaz. Sin que haya participado en la materialización del crimen, la Corte lo halló responsable por ser determinador. Arana está por admitir ser el arquitecto del homicidio de la fiscal especializada Yolanda Paternina. Seguramente Los Intocables han tenido el mismo rol de provocadores o inductores en los crímenes que se les imputa, ¿tendrán la misma suerte de Salvador Arana?
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La historia
El 22 de octubre de 2003, los estudiantes de derecho civil de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, se quedaron esperando a Enrique Camilo Noguera Aarón, expresidente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, jurisconsulto de 60 años y profesor de derecho civil. Ese día fue asesinado por un escuadrón de la muerte al mando de Adán Rojas Mendoza, alias «el Negro Adán». Su único pecado fue haberse atrevido a buscar que la justicia se pronunciara sobre el homicidio de su hermano Juan Noguera ocurrido cinco años atrás. Nadie pudo detener su muerte. Incluso, según se informó en el proceso —que pone de manifiesto el poder de Los Intocables— pocos días antes estuvo en Barranquilla contactándose con Alfonso Macías Vargas, (alias «Comandante M—1») con el fin de aclarar la situación. Pero todo fue vano, su muerte estaba sentenciada.
Al filo de las 8 de la mañana del miércoles 22 de octubre de 2003 cuando salía de Taganga, Santa Marta, un taxi se le atravesó a la camioneta Hilux, color gris de placas BLZ-756, conducida por Rafael Pérez Atencia. En su interior se transportaba el exmagistrado Enrique Camilo Noguera Aarón con destino a la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Acto seguido, salió un comando armado, entre ellos un matón entrenado por el israelí Yair Clain. Dispararon indiscriminadamente al interior de la camioneta. Cuando llegó la policía constató que la víctima fatal era el magistrado. Su conductor había quedado mortalmente herido. Murió en el centro hospitalario donde fue trasladado.
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El poder de «Los intocables»
VoxPopuli Digital resalta las evidencias judiciales que revelan la autoría intelectual de este execrable crimen atribuido al palmicultor Alfonso Macías Vargas, a quien Salvatore Mancuso, exjefe del paramilitarismo, reveló que su nombre de guerra era «Comandante M—1».
El poder de «Los intocables» creció cuando estuvieron en primera línea de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002, cuando éste sufrió el supuesto atentado a la entrada del mercado público de Barranquilla. El vehículo blindado donde se transportaba el próximo presidente es propiedad de uno de Los Intocables: Rafael Matera Lajud, alias «300».
En ese hecho, es decir, en el supuesto atentado contra Álvaro Uribe Vélez, nació no solo la presidencia de Primero Colombia, sino también el poder de Los Intocables y de todos aquellos empresarios emergentes asociados al conflicto armado colombiano.
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El crimen del magistrado y el poder de Los Intocables
El hecho conmocionó a la región, y fue noticia internacional, porque Noguera Aarón había sido presidente de la Sala Civil del Consejo Superior de la Judicatura.
A los pocos días fue asesinado el conductor del taxi de nombre Jaime Luis. En la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, el jefe paramilitar que dirigió el doble asesinato, revelaría que la muerte del taxista era para evitar un testigo presencial de los hechos.
Macías, el determinador
El crimen fue ejecutado por el Clan de los Rojas de Adán Rojas Ospino y sus hijos Adán, José Gregorio, Camilo y Rigoberto Rojas Mendoza. Las autoridades la calificaron como una organización que siempre vivió de y para la guerra. De acuerdo con la confesión de «el Negro Adán» el crimen tuvo una remuneración económica para sus perpetradores y fue materializado por su hermano José Gregorio Rojas Mendoza, alias Goyo.
«La orden fue dada a «Goyo» por alias «Felipe» (jefe logístico de las AUC). (…) El hecho fue ejecutado por integrantes del frente Resistencia Tayrona que se encontraban a mi mando como comandante de ‘La Urbana’. En este hecho participó un taxista de nombre Jaime Luis que a los dos días fue desaparecido por la organización para no dejar evidencia sobre la comisión del hecho».
Como lo señalamos en las pasadas entregas, Los Intocables lo constituye un grupo de empresarios residentes en Barranquilla. Su fortuna está asociada y amasada con crímenes de lesa humanidad durante una década de terror: 1996-2006 en el Atlántico, Magdalena y Cesar. Lo inaceptable de esta criminalidad es que hoy, pese a las múltiples pruebas allegadas en diferentes procesos, Los Intocables siguen amasando fortuna sin ser procesados por sus delitos contra la humanidad. Esto prueba la criminal impunidad que reina en la rama judicial, gracias al poder político de los determinadores de los grandes crímenes de esa fatídica década que dejó miles de asesinatos y millones de víctimas en la región Caribe.
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«El Negro Adán» señala a Macías
A manera de ejemplo, fíjese este testimonio de «el Negro Adán» que aparece en la sentencia contra el Clan de los Rojas::
«El magistrado Noguera Aarón era quien acosaba esos proceso para que estos señores fueran capturados. Tan es así que al señor Alfonso Macías le dictaron órdenes de captura pero ellos con su prudencia lograron evadir por un tiempo dicha orden, y de allí depende la muerte del señor magistrado».
Testimonio de«el Negro Adán». (Sentencia No 08-001-22-52-002-2014-81400 de 2017 Tribunal Superior de Barranquilla, mag José Haxel de la Pava Marulanda)
Macías ¿un empresario criminal?
La información judicial que no sabía el exjefe paramilitar era que en agosto de 2003 Alfonso Macías fue condenado a 11.4 años de cárcel. (Véase cuarta entrega de Los Intocables). Pero, en una forma extraña, el Tribunal Superior de Santa Marta revocó dicha sentencia. Sin embargo, pasó a revisión de la Corte Suprema de Justicia. (Sobre esto versará la sexta entrega).
El poder de Los Intocables en esta región está incólume. La mano de la justicia no le ha llegado a este grupo de empresarios criminales que se enriquecieron con el crimen. La macrocriminalidad detectada en esta subregión, liderada por Jorge 40 desde 1996, tenía como finalidad el afianzamiento económico a través del narcotráfico, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, los homicidios agravados y las amenazas de muerte. La idea era provocar un vaciamiento territorial de indígenas, campesinos, afros y reemplazarlos por una población que solo le servía a sus propios intereses económicos.
«(…) se ha conocido que pueden continuar en la impunidad presuntos criminales, probablemente investidos de legalidad y operando en la sombra de la clandestinidad, bajo la fachada de empresarios exitosos. (…) Por lo tanto, proyectando la continuidad de las logísticas de control económico y territorial de las extintas AUC, garantizando la protección de sus economías ilegales que permiten la expansión de la criminalidad organizada que desafortunadamente hoy día siguen actuando en los territorios nacionales generando interminables ciclos de guerras en el país».
Condena de Edgar Ignacio Fierro y otros, pag. 1739
Empresarios criminales ante la JEP
Ese modelo macrocriminal fue calcado de la zona de Urabá y Córdoba algunos ejecutivos de grandes empresas palmicultoras. Esta semana la JEP citó a los empresarios Héctor de Jesús Iñigo y su esposa Katia Sánchez Mejía, Urapalma S.A., y Héctor Duque Echeverry, de Palmadó S.A., fueron condenados en 2013 por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, y ocupación de tierras de especial importancia ecológica de Riosucio, Chocó.
«El éxito de esa empresa criminal en el Urabá-Darién se extendió a la Costa Atlántica, Norte de Santander y otras regiones como los Llanos Orientales y Putumayo. Ello fue posible gracias a la licencia legal y social. Y a los aportes voluntarios de bananeros, ganaderos, madereros, palmicultores, comerciantes, narcotraficantes y servidores públicos de los niveles nacional, regional y territorial».
Macrocriminalidad con licencia legal.
De todos los crímenes cometidos en ese período, ninguno de los autores intelectuales fue llevado a juicio, excepto Alfonso Macías Vargas en 2003. Pero, como lo señalamos en la entrega anterior, cuando fue condenado por concierto para delinquir, dos meses después, por retaliación y venganza ordenó el asesinato del exmagistrado, hermano de Juan Noguera Aarón. Esta aseveración está en la sentencia macro de la Sala de Justicia y Paz donde condenaron a varios jefes del Frente Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El único empresario llevado a juicio
¿Por qué Alfonso Macías fue el único empresario financiador y determinador de crímenes llevado a juicio? El fallo condenatorio tiene como fecha el 11 de agosto de 2003. Fue posible porque el hermano de la víctima era el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Enrique Camilo Noguera Aarón. Empujó fuertemente esa investigación. Pero esto le costó la vida hace 19 años. Fue el precio que pagó para que se hiciera justicia.
Sin embargo, hasta ahora, esa justicia se ha desvanecido en el entramado de corrupción y criminalidad que rodea a la misma Fiscalía dominada por los herederos del paramilitarismo. ¿Será vana esa muerte? ¿Qué dicen los administradores de justicia? ¿Serán capaces de procesar y condenar a los determinadores de los grandes crímenes del paramilitarismo y la guerrilla como sucedió en 1985 en la Argentina de Raúl Alfonsín contra la Junta Militar que gobernó ese país con dictadura militar?
De Osorio a Barbosa y el poder de «Los intocables»
En Colombia, en ese entonces —como ahora el narcotráfico— el poder judicial ya había sido penetrado por el paramilitarismo. La Fiscalía, en cabeza del antioqueño Luis Camilo Osorio Isaza, puso a la institución al servicio del proyecto paramilitar, según denuncias documentadas por Richard Maok Riaño Botina, ex agente del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y conocido como el hacker de la Fiscalía. Osorio tiene 47 procesos por prevaricato que duermen el sueño de la impunidad.
En 2002, Luis Camilo Osorio pudo determinar que la Fiscalía dictara auto inhibitorio a favor del empresario Alfonso Macías Vargas por el crimen de Juancho Noguera Áaron, y solo se le procesara por concierto para delinquir agravado. El Juzgado Penal del Circuito Especializado lo condenó por este delito el 11 de agosto de 2003. Pero el Tribunal Superior de Santa Marta revocó el fallo que ahora la Corte Suprema deberá revisar.
Uno de los 47 delitos por prevaricato que se le sindica a Osorio Isaza es haber propiciado un auto inhibitorio a favor del general (r) Rito Alejo del Río por la masacre de “Operación Génesis”. En agosto del 2012 del Río fue condenado a 312 meses de prisión por el “homicidio agravado en calidad de autor mediato” de Marino López, con cuya cabeza, los paramilitares jugaron fútbol.
Sin excepción alguna, los demás fiscales generales hasta llegar a Francisco Barbosa Delgado (2020-2024), han bebido de la misma copa de los criminales. Mientras tanto, el poder de «Los intocables» se mantiene intacto y sus grandes crímenes quedan bajo el manto de la criminal impunidad.