En una alianza, considerada por algunos como maquiavélica, el alcalde y su concejo privatizarán las vías públicas de Cartagena de India. William Dau Chamat y su coalición mayoritaria aprobaron el proyecto de acuerdo No 66. Esta iniciativa prácticamente permitirá el usufructo privado de las principales vías del Centro Histórico y de todo el casco urbano.
Las Zonas Especiales de Estacionamientos (ZER) se pagarían como se hace con el sistema de concesión de vías, los peajes. El concesionario le pondrá talanqueras a las bermas, bahías y aceras y cobrará una tarifa por cada hora de parqueo. ¿Cuál es la diferencia con los peajes?
Así lo hizo Enrique Peñalosa en Bogotá. En esa oportunidad se adujo que la iniciativa traería la modernización urbana del Distrito Capital. También dijeron que solucionaría el problema de la congestión. Y no fue cierto. Los mismos argumentos presentó la administración del momento cuando puso a consideración por primera vez el proyecto de acuerdo en el concejo de Cartagena en 2011.
¿Sin sustento legal?
La aprobación del acuerdo No 66 podría violar la normatividad vigente y quedaría viciado desde su nacimiento. Cualquier proyecto de concesión y de impacto para el desarrollo de la ciudadanía debe estar sintonizado con el Plan de Desarrollo Distrital (PDD), el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEM).
Aunque los considerandos del acuerdo hablan del POT y del PDD, no específica el objetivo base del proyecto. Esto es, debe pertenecer a unas de las líneas estratégicas del PDD. Si el proyecto no cumple con el POT y PDD sería nulo de toda nulidad y se caería por su propio peso.
Además, la iniciativa no se refiere al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). Esta sería la falla más protuberante, porque cualquier uso de las vías del Centro Histórico debe estar sometida a ese plan. En este caso debería intervenir el Ministerio de Cultura para verificar si el acuerdo se ajusta a la ley y protección del patrimonio histórico y cultural de la humanidad.
¿Privatizarán las vías ilegalmente?
En realidad, aquí lo que asistimos es a un proceso de privatización de las vías, tipo concesión pagadas vía peajes. Le dieron facultades al alcalde para entregar las vías a un concesionario. Este invertirá algunos recursos y tendrá una tasa de retorno vía tarifas, las cuales cobrarán a propietarios de vehículos que usen las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER).
Así lo señala el artículo primero del acuerdo:
«Establecer el sistema Distrital de estacionamiento en vía pública, denominado “zonas de estacionamiento regulado Z.E.R”. PARÁGRAFO: Por Zona de Estacionamiento Regulado -Z.E.R-, se entiende las áreas de las vías habilitadas y definidas por el Alcalde del Distrito de Cartagena, para el estacionamiento de vehículos, previo el pago de una tarifa fijada mediante acto administrativo».
El alcalde tendrá un plazo de doce (12) meses para presentar una reglamentación de las ZER. Así lo señala el artículo dos del acuerdo.
«Conceder al Alcalde del Distrito de Cartagena un periodo de 12 meses a partir de la sanción del Presente Acuerdo para definir la reglamentación específica de las zonas de estacionamiento regulado Z.E.R, previa definición de las zonas donde se autorice el estacionamiento en vía, y la realización de los estudios técnicos de soporte que se coordinarán con la Secretaría de Planeación».
¿De quién es ese negocio, socio?
En efecto, privatizarán las vías. La coalición mayoritaria liderada por el ahijado político de Javier Cáceres Leal, Wilson Toncel Ochoa, aprobó sigilosa —casi que subrepticiamente— el proyecto de acuerdo. En el 2011 lo hicieron por primera vez. Pero contó con la oposición de algunos concejales, entre los cuales estaba el concejal del partido liberal Javier Curi.
En esta oportunidad los ponentes del acuerdo de marras fueron César Pión González y Lewis Montero, de la bancada del partido de la U. El 6 de abril hicieron una audiencia virtual en la cual no hubo la suficiente participación ciudadana. Este tipo de acuerdos necesariamente deben contar con una amplia participación. Se busca que la comunidad tenga la oportunidad de hacer sus respectivos reparos.
Este acuerdo fue un gol a los cartageneros distraído por la espiral alcista de la pandemia y del Paro Nacional. Se da por descontado que el alcalde no objetará el acuerdo. El gobernador de Bolívar, Vicente Blel Escaf, en el control de legalidad, debería objetar el acuerdo. Si no lo hace, podría también estar sujeto a una probable irregularidad.
Por esta razón, hacemos un llamado a la Procuraduría, a la Contraloría y al mismo gobernador para que asuman su papel constitucional y legal respecto a la presunta ilegalidad de este acuerdo. Los líderes sociales y comunales, como la izquierda, deberían sentar su posición sobre este adefesio privatizador. En la próxima entrega nos preguntaremos: ¿Quiénes son los socios de este negocio, socio?
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