Acaba de ser publicado el informe «Verdades en Convergencia». Es el resultado de un esfuerzo analítico y de recopilación del Consejo de Estado y la Comisión de la Verdad que dirige el sacerdote jesuita, Francisco de Roux. Aquí se estudia la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia en contextos de normalidad y de conflicto armado interno.
La responsabilidad extracontractual cumple una importante función de legitimación y fortalecimiento del Estado constitucional de derecho. Permite garantizar una justa reparación que va más allá de lo meramente económico, de cara a la restitutio in integrum. Es decir: Restablecimiento en la integridad de un derecho, volviendo a su titular a la situación anterior a la violación. Este daño es producido por afectaciones ilegítimas con sus consecuentes perjuicios materiales e inmateriales.
«Verdades en Convergencia»
«Verdades en Convergencia» también tiene la rubrica de la presidenta del Consejo de Estado Marta Nubia Velásquez. La investigación fue adelantada por un equipo compartido entre el Consejo de Estado y la Comisión de Paz. Es caracterizado como un análisis compartido de esos dos entes. Un diálogo que sirve de insumo para conocer el derecho a la verdad desde la jurisprudencia de lo contencioso administrativo.
Marta Nubia Velásquez Rico, en la presentación del informe, dijo:
«En la obra que se presenta y hemos acordado denominar VERDADES EN CONVERGENCIA, cada sentencia refiere un caso en particular, pero para Convergencia el país constituye, además del mensaje de que el Estado no puede repetir
estas conductas que generan responsabilidad y dan lugar a indemnización, un aporte al esclarecimiento de la verdad en todas sus complejas dimensiones, como uno de los presupuestos más importantes para superar civilizadamente los conflictos y construir decididamente una sociedad y un Estado realmente democráticos; pero también un homenaje público a todas las víctimas que no tenían por qué serlo».
En tanto el presidente de la Comisión de la Verdad, Pacho de Roux, expresó:
«El aporte del Consejo de Estado para garantizar que no haya impunidad, al unirse con la misión de la Comisión de la Verdad, que trabaja con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el objetivo de la construcción de una paz estable y duradera, eleva la verosimilitud de los hallazgos que en el conflicto armado interno encuentra la Comisión y aporta una base institucional interna para mostrar el lugar de las responsabilidades históricas y de ética pública que corresponden al Estado y a sus instituciones».
El informe
En ese sentido se hizo un análisis jurídico desde 1896, año en el cual se produjo una sentencia donde se responsabilizó al Estado por la muerte de varios ciudadanos a manos de la Policía.
A raíz de una petición realizada por la Comisión de la Verdad en diciembre de 2019, el Consejo de Estado presentó tres informes: (1) ejecuciones extrajudiciales, (2) violencia sexual y tortura; (3) desaparición y desplazamiento forzado.
El informe (léalo dando clic) «Verdades en Convergencia» comienza con una introducción de la presidenta del Consejo de Estado señalando lo siguiente;
«Este año de 2021 tiene una especial significación para el país por la conmemoración de los primeros 30 años de la expedición de la Constitución de 1991, la cual ha producido grandes cambios en las relaciones Estado-sociedad, al fortalecerse el Estado de derecho bajo el modelo del Estado constitucional, social y democrático, acorde con los más importantes desarrollos jurídico políticos contemporáneos».
Jurisprudencia de la responsabilidad extracontractual
De tal manera que la Marta Nubia Velásquez expuso tres dimensiones jurisprudenciales del Consejo de Estado en la responsabilidad extracontractual del Estado en lo que va corrido de la ejecución de la Constitución de 1991:
(1) La consolidación de una cláusula general de responsabilidad pública que comprende todas las funciones estatales y abarca la protección de todos los derechos y bienes jurídicos reconocidos. (2) La apertura e incorporación en Colombia de importantes instrumentos de derecho internacional público, en especial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. (3) La incorporación de los estándares de reparación integral de víctimas de daños antijurídicos, a través de medios más allá de los estrictamente pecuniarios, que buscan, en lo posible, la restauración de su dignidad y la no repetición de los eventos generadores del daño.
Esas tres dimensiones se encuentran en las numerosas sentencias del Consejo de Estado sobre control de reparación directa y la acción de grupo.
De tal forma que podemos resaltar, como consecuencia de las acciones del Consejo de Estado, la ratificación y ampliación de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta está dirigida por el Consejo de Estado, como la justicia especializada que controla las diversas conductas estatales que se manifiestan en actos, operaciones, hechos, omisiones o extralimitaciones, las cuales pueden afectar el orden jurídico o vulnerar los derechos de los asociados.
Ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos»
Uno de los capítulos que más llama la atención es el que se refiere a los mal llamados «falsos positivos». Es un capítulo muy duro para la institucionalidad democrática del país. Pero también, es uno de los genocidios cometidos por el Estado en contra de personas inocentes que no estaban involucradas en el conflicto.
Ese capítulo es calificado por el análisis como gravísimo fenómeno de violación de los derechos humanos. Pues, se despreció la dignidad de la vida. Se considera la máxima degradación del conflicto armado por parte de “agentes estatales que estaban obligados a respetar y proteger a la población civil”. Presentaron ejemplos de diferentes partes del país Apartadó (Antioquia) o Chiriguaná (Cesar), hasta Tello (Huila), Cajibío (Cauca) o Nunchía (Casanare). El lugar común era dar la apariencia de ir ganando la guerra con un falso indicador de resultados: número de bajas del bando contrario. El período más crítico fue durante los dos períodos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Se presentaron como enfrentamientos armados con el fin de ocultar los crímenes de guerra.
El aporte de «Verdades en Convergencia»
En síntesis, se trata de un aporte fundamental del Consejo de Estado y la Comisión de la Verdad que ofrece una visión pormenorizada sobre cómo se han protegido los derechos humanos, a partir de la toma de conciencia de los jueces como primeros protectores de las garantías fundamentales. Lo resalta uno de los coautores de la obra, el abogado Camilo Umaña, hijo del emblemático defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, cuando sostiene que se trata de una investigación para ampliar a los jueces su perspectiva de protección, con los contextos y las visiones adecuadas después de consultar múltiples archivos y casi 40 años de sentencias.
Desde el Consejo de Estado, el trabajo fue coordinado por el magistrado Ramiro Pazos Guerrero, con apoyo de Rubén Darío Revelo, Marcela Cifuentes Santander y Karina Margarita García. Desde la Comisión de la Verdad lo hicieron el comisionado Carlos Martínez Beristaín, el abogado Camilo Umaña Hernández y Natalia Zuluaga Acevedo. En diálogo con el derecho internacional, además de aporte para construir verdad y memoria, se envía un mensaje inequívoco, reafirmado por la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez: el Estado no puede repetir conductas que generan responsabilidad si quiere superar el conflicto y construir un Estado democrático.
Te puede interesar: