En peligro $2.124 millones para niños pobres del Atlántico por el «Cartel de la Experiencia». El hecho de que el ICBF del Atlántico haya habilitado a un proponente con una experiencia dudosa para quedarse con un contrato de $2.124 millones, hizo sonar las alarmas entre las personas que defienden el patrimonio público. Al parecer, estamos frente a un verdadero «Cartel de la Experiencia» especializado en presentar experiencias falsas para adjudicarse multimillonarios contratos. En Atlántico, señala la hipótesis, muchos de los contratos con el ICBF adolecen de este mal.
Por ejemplo, VoxPopuli Digital al recavar en la investigación, llegó a la conclusión de que la experiencia anexada por la Fundación para el Desarrollo Social Integral–FUNPRODESI es falsa que salta a la vista. Certifica la existencia del Convenio No 00150 de 2015 que el mismo alcalde de la época manifiesta a VoxPopuli Digital que no existe, que es falso, nunca lo firmó. Pero esta falsedad le permitirá acceder a ese convenio millonario de $2.124 millones, salvo que el director regional Atlántico del ICBF, Benjamín Collante Fernández, se abstenga de hacerlo y denuncie a los contratistas tramposos.
Notificado de la falsedad
Con este escrito, el director Collante Fernández, debe quedar notificado de la falsedad de esa documentación que va en contra de los principios de contratación y viola flagrantemente la ley penal. Si le adjudica el contrato a ese proponente, estaría cometiendo algunos delitos. Pero lo que es peor, los tramposos le timarían a los niños más vulnerables ese dinero que busca promover el desarrollo de la Generación Explora.
Si en el contrato de MINTIC con Centros Poblados presentaron pólizas y garantías falsas, este Cartel está especializado en usar experiencias falsas que aumenta el escore de los participantes en licitaciones y convocatorias públicas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. Es un verdadero cartel que la Fiscalía debe desmontar, tal como lo expresó el mismo exalcalde de Manatí, Abel Devia Viscaíno.
La Fundación para el Desarrollo Social Integral -Funprodesi, con NIT 900.774.178-8, cuya representante legal ahora es Viviana Arrieta Carrascal, fue la ejecutora del Programa de Alimentación Escolar-PAE de Cartagena en 2018 seleccionada por la Bolsa Mercantil S.A. Esto sucedió en el gobierno de Yolanda Wong cuando fungió de alcaldesa encargada.
«Son unos rateros brutos»
Al ser consultado por VoxPopuli Digital sobre la existencia del Convenio No 00150/2015 que usó en varias ocasiones FUNPRODESI, el exalcalde de Manatí , denunció:
«De manera categórica manifiesto a la opinión pública que desconozco a la Fundación para el Desarrollo Social Integral y a su represente legal Yamile García Gutiérrez quien aparece firmando el convenio en 2015, lo cual eso no ocurrió. Ese convenio es falso. No corresponde a la realidad. Esto indica que hay un grupo de contratistas que compran contratos ficticios para ganarse convenios millonarios. La Fiscalía debe poner en cintura a esas personas para que no sigan delinquiendo. Por ese valor menos. Son unos rateros brutos, porque yo no era alcalde en 2016 ni siquiera la visité. Andan comprando logotipos de todas las administraciones para lograr convenios ficticios con la ayuda de algunos funcionarios. Llamo la atención a la fiscalía para que hagan un seguimiento a estas personas».
En efecto, la regional del Atlántico del ICBF mediante las resoluciones No. 2821 del 26 de mayo y No. 5424 del 30 de agosto de 2021 realizó la convocatoria pública para la adjudicación del contrato por $2.124 con el fin de atender a 1600 niños de la zona 2 del programa Generación Explora. A esta convocatoria se presentaron tres organizaciones que se encuentran inscritas en el Banco Nacional de Oferentes (BNO): FUNPRODESI (calificación de 4), UNION TEMPORAL GENERACIÓN EXPLORA 2022 (3.9) y FUNDACIÓN DE EMPRENDEDORES CONSTRUYENDOFUTURO -FUEMCO (2.81). La mejor calificada de esas tres, por supuesto, fue FUNPRODESI. La entidad, como se señaló, sumó cuatro puntos de cinco posibles.
El comité evaluador no verificó
El comité evaluador cometió una omisión al no revisar y verificar la experiencia presentada. Este Comité está integrado por Adolfo Ramírez Moreno, Vicente Barceló Capdevilla y Yaelly Londoño González. Este comité decidió:
«En correspondencia con lo anterior y, con base en los resultados obtenidos en el proceso de evaluación realizado, se informa que el oferente que cumple con los criterios establecidos según procedimiento y se encuentra en el primer lugar de la tabla de resultados es LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL –FUNPRODESI con NIT 900774178. De no presentarse el oferente dentro de los términos y con el lleno de los requisitos y documentos establecidos, se continuará el proceso en el orden de los resultados obtenidos».
De esa manera, el comité de evaluación de la Regional Atlántico tomó en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria y en concordancia con las resoluciones citadas para la zona 2 del Atlántico. Se señaló que, de acuerdo con la experiencia acreditada en el Banco Nacional de Oferentes IP-001-2021- ICBFSEN de la Dirección de Infancia por parte de cada uno de los oferentes, se generará un índice entre 0 y 1 punto. El puntaje se establece teniendo en cuenta un índice que permita comparar la experiencia acreditada en términos de SMMLV de cada uno de los oferentes habilitados en el Banco Nacional de Oferentes durante el proceso de conformación del mismo- El mayor puntaje (1 punto), se otorgará a quien acredite el mayor valor de experiencia acreditada, en términos de SMMLV. Por esta razón el «Cartel de la Experiencia» se encarga de buscar los contratos falsos, los cuales acomóda por fechas y valores, de tal manera que logren el mayor puntaje.
- Experiencia acreditada 0-1
- Experiencia territorial 0-1
- Capital de trabajo 0-1
- Sanciones 0-1
- Actividades desarrolladas para el fortalecimiento de habilidades 0-1.
Como se puede observar, la experiencia acreditada y la experiencia territorial suman dos (2) puntos. Al presentar una certificación falsa, le permitió a FUNPRODESI ser mejor calificada. Por tanto, se hará merecedora de que le adjudiquen el contrato por la suma de $2.124 millones para atender a 1.600 niños y niñas de edades comprendida de 6 a 14 años.
¿Certificaciones falsas?
La duda de las certificaciones que presentó FUNPRODESI se desprende de dos hechos irrefutables que hace presumir que son certificaciones que falsean la realidad de la experiencia de esa entidad.
Primero hecho. La organización mencionada anexó en SECOP II una certificación de experiencia firmada por el exalcalde del municipio de Manatí-Atlántico, Abel Devia Viscaino. VoxPopuli Digital habló con el exalcalde y dijo tajantemente que esa certificación es falsa. Para ello dijo:
La certificación que me presentaron y que anexaron al ICBF es falsa. Primero, no es mi firma. Segundo, ese contrato del cual habla la certificación nunca lo firmé ni lo ejecuté. Tercero, es evidente que para esa fecha (30 de abril de 2016), ya no era alcalde. Cuarto, le dije al ICBF que esa certificación era falsa.
Abel Devia Viscaíno
Si uno lee con atención la certificación anexada en la convocatoria No IP-001-2021 y subida en SECOP II se evidencia una falsedad burda. ¿Por qué? La fecha tomada en la certificación, 30 de abril de 2016 correspondía a la alcaldesa de ese entonces Kelly Paternina Sanjuán (2016 – 2019). Algo curioso, el 30 de abril cayó sábado. Devia Viscaíno dejó de ser alcalde el 31 de diciembre de 2015. Después de dejar el cargo, según él, nunca portó por la alcaldía.
El valor que presenta el convenio es de $482.244.837. La falsedad es tan burda que en la misma certificación en el Banco Nacional de Oferente le colocaron la suma de $398 millones. Las dos certificaciones con diferentes valores presentan el mismo convenio No 00150-2015. Se reitera, el exalcalde Devia manifiesta que no existe ese convenio. ¿La razón? El aumentar cerca de $100 millones le permit a FUNPRODESI acreditar experiencia en el territorio.
Omisión de la dirección nacional del ICBF
El segundo hecho. Lo curioso de todo esto es que el ICBF le adjudicó a esta entidad dos contratos con esa misma certificación falsa en diferentes regionales. pero modificada según la necesidad. Por ejemplo, para constituir el Banco Nacional de Oferentes 2019 (BNO), anexó la misma certificación pero con ciertas modificaciones y firmada supuestamente por Devia Viscaíno. La diferencia es que en esta aparece con la fecha del 31 de diciembre de 2015 y por un valor de $398 millones. O sea, el último día de gestión del alcalde. Esta certificación la habilitó para ejecutar contratos en 2019 y 2020. (Vea la certificación firmada por Angie Joahana Reyes Tovar, directora de contratación del ICBF).
El BNO es constituido bajo la dirección de la directora General del ICBF, Lina María Arbeláez, por lo cual las entidades que allí se encuentra clasificadas, presumen legalidad. Con esta conducta existe una omisión por parte de los funcionarios nacionales que están llamados a verificar la información anexadas por los proponentes.
Sin embargo, el exalcalde Devia dijo que en ese año su administración no ejecutó ningún contrato con ese objeto social y muchos menos con el costo. Resulta que el convenio aparece con un valor de $398 millones que supuestamente fue ejecutado entre el 12 de enero al 12 de diciembre de 2015.
El supuesto contrato los obtuvo con 4 meses de haberse constituido en la Cámara de Comercio bajo el folio 37107 del 06 de agosto de 2014. De todas maneras, Los contratos adjudicados fueron hechos sobre la base de certificaciones falsas,
Nueva certificación de Majul
De otra parte, debemos decir que la Secretaria General de la alcaldía de Manatí, Adriana Majul, expidió otro documento que tiene (pique para leerlo) fecha del 10 de noviembre de 2021 con el mismo objeto social del convenio certificado falsamente donde aparece la firma del exalcalde Abel Devia. La diferencia es que Majul no certifica la ejecución del contrato sino la «existencia de una carpeta donde reposa el convenio No 00150 de 2015, cuyo objeto social es:».
Programa de promoción y prevención de la violencia sexual, el consumo de sustancias psicoactivas y el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por los grupos armados al margen de la ley y de grupos organizados de delincuencia en el municipio de Manatí.
Pero la certificación actualizada no certifica si el contrato se ejecutó, durante qué tiempo y costo del mismo. Es decir, el documento de la Secretaria General actual de Manatí, se presume, quiso darle un viso de certeza a la certificación falsa que FUNPRODESI presentó al ICBF para ganarse el contrato de $2.124 millones. Esta situación se la hicimos saber a Majul, pero ella indicó que si hay alguna falsedad, que se debe presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.
Una “generación explora” en peligro
El convenio que está a punto alzarse la fundación FUNPRODESI busca implementar el Programa para la Promoción del desarrollo de niñas y niños “Generación Explora”, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días. Se trata de fortalecerlos junto con sus familias a través de la promoción de las habilidades del siglo XXI. De igual manera pretende desarrollar conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de vulneraciones y la construcción de su proyecto de vida a partir de la exploración de sus vocaciones, intereses y talentos.
¿Cuántos miles de millones de pesos se les ha adjudicado a contratistas tramposos? ¿Por qué existe similitudes al contrato de Mintic para adjudicar a los Centros Digitales dirigidos a los niños pobres del país? ¿Por qué Barranquilla presenta este modelo especial para quedarse con los multimillonarios contratos?
Esta situación debe poner a la directora general del ICBF, Lina María Arbeláez, en alerta y pronunciarse públicamente. ¿Estamos asistiendo a un verdadero «Cartel de la Experiencia»? ¿Así se burló al BETTO? En esta época electoral, senadores y representantes a la cámara reciben como parte de su cuota política multimillonarias contrataciones. ¿Serás esta una forma de robarse el dinero de la infancia más vulnerable?