Mediante acción directa, las comunidades de pescadores y campesinos rechazaron la adjudicación del Canal del Dique a la única oferente de la licitación que se tiene prevista para el próximo jueves 4 de agosto. Esta acción se hizo con las “marchas de las canoas” y la toma directa de los puentes de Gambote, Calamar y Soplaviento.
En efecto, líderes representativos de las comunidades, organizaciones solidarias que respondieron el llamado de la Alianza para la Defensa del Canal del Dique, se dieron cita este 1 de agosto a lo largo del Canal del Dique desde Calamar hasta Pasacaballos. Lanchas, canoas de todo tipo, transportaron a las comunidades.
Así fue la protesta
Duque insiste en adjudicación del Canal del Dique
Pese a estas acciones de inconformidad de las comunidades afectadas, el gobierno saliente del presidente Iván Duque se empecina en continuar con el proceso de adjudicación del Canal del Dique. Lejos de establecer puentes de diálogos, se ha mostrado indiferente. Todo indica que ya tienen cocinada la licitación que se la adjudicarán definitivamente a la firma española Sacyr. Una firma que ha sido cuestionada por proyectos de obras civiles, como es el caso del puente de Hisgaura (Santander).
En esa obra el Fondo de Adaptación debió pagar adicionalmente $24 mil millones y tuvo un retraso de 18 meses. Estado y gobierno debieron ir a un Tribunal de Arbitramento que falló a favor de Sacyr. Duque debió pagar otros $10 mil millones como indemnización y costas del proceso. ¿Por qué razón? Sencillo, el sujeto que elaboró y redactó los estudios previos fue el Fondo de Adaptación. Hubo un problema de mal diseño, según el Tribunal.
Declarar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, que el FONDO ADAPTACIÓN incumplió su obligación contractual de entregar diseños que garantizaran la calidad, durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras del Puente Hisgaura.
Cláusula octava fallo del Tribunal de Arbitramento. (Cortesía LR)
Un proyecto económico
El macroproyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” fue concebido para atender los embates del cambio climático. Ha sido vendido por el gobierno de Duque como la apuesta más importante en este sector. Pero, en realidad, es un proyecto netamente económico. Si uno observa el pliego, el aspecto social es una añadidura, lo cual debe ser lo contrario.
La propia ministra del Transporte, Ángela María Orozco, así lo corroboró en los diferentes escenarios donde se refirió al macroproyecto.
“El Canal del Dique es uno de los proyectos más importantes en temas ambientales y de conectividad para el país, pues garantiza el comercio fluvial y fortalece el multimodalismo, tan necesario para garantizar un mejor transporte de carga y principalmente la conexión de los colombianos”.
O sea, que lo ambiental es un medio y no fin. Por esta razón disfrazaron el proyecto económico como una apuesta ambiental para enfrentar el cambio climático. Pero el objetivo de la iniciativa es una vía 5G para el transporte fluvial turístico y comercial del río Magdalena con fines económicos. De esta manera evadieron la licencia ambiental y pretendieron desconocer las consultas previas.
Acciones directas y judiciales contra adjudicación del Canal del Dique
Desde hace dos años Duque puso a liderar el proceso a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y a la ANI. Ante la insistencia de adjudicar el Canal del Dique en forma atropellada, a la comunidad no le queda otra alternativa que las acciones directas como la de ayer y las acciones judiciales. Solo se espera que los jueces sean conscientes de que el proyecto, tal como está pensado y diseñado, le violaría los derechos fundamentales a más de 150 mil hombres y mujeres de las subregión más afectada por el proyecto. (Leer: En Cartagena preparan acciones judiciales contra APP Canal del Dique).
Pero las comunidades, a través de tutela, obligaron a la ANI a cumplir con la convocatoria de las consultas previas. Es un requisito de procedibilidad, porque son territorios ancestrales. Realizaron 16 consultas cuando, por lo menos, debieron ser 36, ya que las demás comunidades se verán afectadas directamente. Recordemos que el Canal del Dique es la unión de un complejo cenagoso. Una obra que se construyó en la época colonial por parte de indígenas y negros esclavizados.
El presidente Duque pretende dejar licitada la obra, cuyo costo realmente no está establecido. Al principio se hablaba de $5 billones, luego se redujo a $3,3 billones. Pero el gobierno no explicó las razones de esta ambivalencia. Lo cierto es que hubo cambio en el diseño. En vez de hacer la gran apuesta al cambio climático, lo cual es costoso y de más largo plazo, lo redujo a las obras de infraestructura. Esto permitirá el tránsito de los grandes planchones tipo panamax y los barcos turísticos.
A menos de dos días de ser adjudicada la licitación, el presidente Duque está corriendo contrarreloj. Solo una acción judicial podría detener la ambición de Duque de entregar el Canal del Dique sin tomar en cuenta el parecer y la voluntad de la humanidad asentada en este afluente artificial del río Magdalena, cuyas aguas y sedimento tiene varios siglos que llegan a la Bahía de Cartagena ocasionando un daño a sus ecosistemas. ¿Será la medicina peor que la enfermedad?