En los sótanos de la justicia barranquillera opera una hermandad que ha sobrevivido a todas las purgas, a todos los fiscales y procuradores. Hoy, en el centro de esa red, aparece el abogado Juan Carlos Gutiérrez Strauss, exdecano de Derecho de la Universidad Libre y actual Procurador Judicial II Penal.
Estamos frente a un círculo de poder que se reinventó bajo dos sellos de obediencia que le dieron sentido de pertenencia: la Logia Masona y la iglesia cristiana. Con esas dos falsas banderas —la espiritualidad y la fraternidad—, la Fiscalía y la Procuraduría en el Atlántico fueron infiltradas primero por la mafia política, luego por el narcotráfico, el paramilitarismo y, finalmente, por el hampa organizada.
La trayectoria de Gutiérrez Strauss resume el camino turbio que une la academia, el litigio y el poder mafioso que convirtieron a Barranquilla en el refugio dorado de los testaferros del Caribe. Su discapacidad física fue consecuencia de un accidente de tránsito cuando regresaba a Barranquilla junto a Darío Laino, tras asistir a una diligencia judicial en Santa Marta.
En ese entonces, Gutiérrez Strauss era apoderado de varios jefes paramilitares y empresarios testaferros, entre ellos Rafael Antonio Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas (ya fallecido).
Macías dejó a sus herederos la finca Potosí, un predio donde los paramilitares torturaban, asesinaban y enterraban a sus víctimas.
A pesar de todo, ninguna medida cautelar pesa sobre ese bien.
Name, la génesis
Pero el cerebro del control sobre la justicia barranquillera no estuvo en los paramilitares ni en las bandas criminales que dominan el Atlántico, como cree buena parte de la opinión pública crítica de los Char.
No.
El verdadero cerebro fue David Name Terán, el hombre que diseñó el modelo de captura institucional que inspiró a los grandes barones del poder costeño: Julio Gerleín Echeverría y Fuad Char Abdala.
Name Terán les enseñó cómo lavar dinero capturando el Estado, cómo convertir el poder público en un instrumento privado al servicio de sus negocios y de su impunidad.
El capítulo Asthon: La ruta judicial
Ashton describió con detalle cómo los pactos económicos, políticos y electorales permitieron la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de elecciones y el control político en la Costa Caribe.
Mencionó nombres propios y roles precisos:
Los excongresistas Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo, vinculados en alianzas políticas con estructuras paramilitares. Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, exalcalde de Barranquilla, y su jefe de Planeación, José Pérez Orozco. David Name Terán, empresario y propietario de Consultores del Desarrollo S.S.A. (Condesa), señalado como pieza clave en la articulación empresarial del poder. Trino Luna Correa, exgobernador del Magdalena, y Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como “La Sombrerona”, implicados en acuerdos políticos con las AUC. Rosa Stella Ibáñez, exalcaldesa de Soledad, y su secretario de Educación, Alfredo Noya Zabaleta, investigados por desvío de recursos públicos.
El eco de la comparecencia de Ashton
Con la comparecencia de Álvaro Ashton, al igual que en el caso del exsenador David Char, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP remitió copias de las declaraciones a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Serán estas instancias las que determinen si existen méritos para abrir nuevas investigaciones penales.
Una justicia que protege a los suyos. El caso Ashton es un nuevo capítulo en la novela de la corrupción judicial del Caribe. Lejos de generar sanciones, promete engordar los bolsillos de los mismos jueces y fiscales corruptos. No se trata de una acusación abstracta ni de una teoría conspirativa: es una realidad comprobada en expedientes judiciales y testimonios bajo juramento.
Y aun así, parece que los únicos que no la ven son los fiscales y jueces al servicio del hampa. ¿Lo entiende la fiscal Luz Adriana Camargo?
El pacto sirio-libanés
Tras la muerte del senador José Name Terán, en 2011, se disiparon las viejas tensiones entre las familias Name y Char, las dos grandes dinastías de origen sirio-libanés que han dominado la política y los negocios del Atlántico. El 26 de junio de 2016, David Name Terán y Fuad Char Abdala se reunieron en el búnker de la junta directiva de Condesa S.A., la poderosa firma de ingeniería y consultoría que ha sido clave en los megaproyectos del Caribe.
En ese encuentro —según fuentes empresariales y políticas— se selló un acuerdo para repartirse los grandes megacontratos de la región Caribe que estaban bloqueados por disputas internas: la Ruta del Sol, la Navegabilidad del Río Magdalena, el corredor vial portuario, y otras obras millonarias adjudicadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.
El negocio y la justicia en el mismo escritorio
Más allá de los contratos, la reunión tuvo un propósito estratégico: pactar el control político y jurídico de la Costa Caribe. David Name —según testimonios recogidos por VoxPopuli Digital— era el verdadero dueño de la Fiscalía en el Atlántico y mantenía influencia directa en el Tribunal Administrativo y en el Tribunal Superior de Barranquilla. Este control le garantizaba impunidad a su red de aliados políticos y empresariales.
Los alfiles de Name en los tribunales
Uno de los nombres que sobresale en ese entramado es el del magistrado Luis Eduardo Cerra, del Tribunal Administrativo del Atlántico, considerado uno de los principales alfiles de David Name Terán.
Fue Cerra quien en 2014 reintegró a la cuestionada fiscal Betzaida Guerra, conocida por mantener comunicación directa con jefes del hampa y por intervenir en procesos sensibles para la clase política local.
De acuerdo con un litigante que alguna vez trabajó para esa cofradía, Cerra llegó al cargo sin haber ejercido como juez municipal ni del circuito, un ascenso meteórico que solo puede explicarse por el padrinazgo de Name Terán y su red de favores judiciales.
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La logia que infiltró la Fiscalía
Hace dos décadas, los Name Terán dominaban los negocios y la política del Atlántico. Fue el primer califato sirio-libanés en la historia política de Barranquilla: nada se movía sin su consentimiento, como hoy sucede con los Char. Ellos ya tenían en su bolsillo a la justicia.
A finales de los noventa, una cofradía encabezada por el megacontratista David Name Terán, masón de grado 33, copó los principales espacios de poder judicial en la región. Así como habían capturado la Universidad del Atlántico —de donde surgieron sus cuadros técnicos y operadores políticos—, también impulsaron desde la Universidad Libre a un grupo de juristas que, con el tiempo, terminó alineado con los intereses del paramilitarismo.
Cuando el Bloque Norte de las AUC, bajo el mando de Jorge 40, se tomó la Costa Caribe en 1999, esa red judicial se puso al servicio de los nuevos “empresarios” del crimen: Rafael Matera Lajud, Alfonso Macías Vargas, Édgar Fierro, Darío Laino Escopetta y Eder Perneth Caicedo, entre muchos otros.
La corrupción judicial del Atlántico tiene raíces profundas en esa hermandad que confundió el poder con la impunidad.
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El cerebro del califato
Como se ha documentado en esta serie, el cerebro de esa infiltración fue David Name Terán. Un estratega nato —según personas que trabajaron con él y hablaron con VoxPopuli Digital—, tenía un olfato excepcional para amasar fortunas y manipular instituciones. Era el verdadero poder detrás del apellido Name.
Junto a su hermano, el senador José Name Terán, fueron los amos y señores de Barranquilla durante los años 70, 80 y 90. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI, conforme sus aliados del paramilitarismo fueron legalizando sus fortunas, los Name Terán empezaron a perder terreno frente a los nuevos ricos de la guerra.
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El asesinato de Losada: el principio del fin
El punto de quiebre para el califato Name fue el asesinato de su socio Eduardo Losada Manotas, un narcotraficante reconocido que fungía como gerente de Métodos y Sistemas. Losada era también hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) dentro de la administración del entonces alcalde Guillermo Hoenigsberg Bornacelly.
El exsenador Álvaro Ashton confirmó ante la JEP las alianzas criminales y políticas que VoxPopuli Digital viene denunciando desde que comenzaron a configurarse en Barranquilla. Ese mismo entramado fue la causa directa de mi desplazamiento forzado.
En realidad, Métodos y Sistemas era un negocio conjunto entre Jorge 40 y David Name, creado para controlar el recaudo del impuesto predial en Barranquilla. Solo en el último trimestre de 2007, la empresa giró más de 2.000 millones de pesos, en lo que se considera uno de los saqueos más descarados del erario local.
Luego, el negocio fue capturado por Alejandro Char tras asumir la alcaldía en 2008. Hoy, el recaudo predial asciende a $418.316 millones en el primer trimestre de 2025, una cifra que muestra cómo ese sistema de recaudo se consolidó como una maquinaria de poder financiero y político que hoy manejan los Char.
El nuevo califato: Char–Daes
Paradójicamente, el poder que antes concentraban los Name Terán hoy lo ostenta el califato Char–Daes, una alianza que supo adaptarse a los tiempos de la posguerra paramilitar. Ellos lavaron y legalizaron sus capitales, muchos de ellos provenientes —según evidencias judiciales, testimonios de Justicia y Paz y fallos de la justicia norteamericana— de alianzas non sancta con el narcotráfico.
Son sucesos documentados, aunque envueltos en sombras, que se confunden con el rumor popular. VoxPopuli Digital ha revelado varios de estos hechos judiciales que explican la continuidad del poder mafioso en el Caribe.
El control inicial de la Fiscalía
El control de la Fiscalía fue encomendado, inicialmente, a la llamada “fiscal de hierro”, Lina Canedo Londoño, una funcionaria que no pensaba: obedecía, como relató a VoxPopuli Digital un reconocido litigante del Atlántico que la conoce desde que comenzó a integrar esa cofradía de fiscales.
Juan Carlos Gutiérrez Strauss
El caso del abogado Juan Carlos Gutiérrez Strauss sintetiza el tránsito oscuro entre la justicia y el crimen. En los noventa fue Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla, pero pronto se vio relacionado con los paramilitares que debía investigar.
A partir de 2000 empezó a litigar a favor de empresarios vinculados al Bloque Norte: Rafael Matera Lajud, dueño del matadero Camaguey; Alfonso Macías Vargas, condenado por homicidio; y Adolfo Guevara Cantillo (alias Alejandro 101), mano derecha de Jorge 40.
En 2017, bajo la administración de Margarita Cabello Blanco, fue designado Procurador Judicial II Penal, y la Universidad Libre le rindió homenaje por “sus aportes al derecho”.
El sistema recompensa la lealtad con los poderosos, no la ética.
Los 40 falsos empresarios del Caribe
En agosto de 2023, VoxPopuli Digital reveló la existencia de 40 falsos empresarios sindicados por Justicia y Paz como determinadores y financiadores del paramilitarismo. Entre ellos figuran los defendidos por Gutiérrez Strauss: Matera Lajud y Macías Vargas.
El magistrado Gustavo Aurelio Roa Avendaño, que compulsó copias para investigarlos, fue amenazado. Su denuncia sigue archivada en la Fiscalía.
Mientras tanto, Barranquilla continúa siendo la vitrina social de quienes se enriquecieron con el terror. La ciudad, convertida en paraíso judicial, recibe a los responsables del despojo con honores de empresarios.
La justicia local se transformó en el escudo invisible del poder mafioso.
El blindaje político y los pactos familiares
Nada de esto sería posible sin el blindaje político que protege a la red. En 2014, Gutiérrez Strauss aportó dos millones de pesos a la campaña del senador José David Name Cardozo (Partido de la U). Su tío, David Name Terán, fue copropietario de Métodos y Sistemas, empresa usada para lavar dinero público y financiar campañas durante el dominio del paramilitarismo, según las confesiones de David Char ante la JEP.
Esa alianza de apellidos —Name, Matera, Macías— consolidó un sistema de autoprotección entre empresarios, políticos y funcionarios judiciales.
En Barranquilla, la justicia no castiga: protege a los suyos.
La herencia de Luis Camilo Osorio
El primer gran operador del poder mafioso en la Fiscalía fue Luis Camilo Osorio Isaza, fiscal general durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Su despacho archivó procesos contra aliados del paramilitarismo, como el del gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, hoy condenado a 40 años por el asesinato del alcalde de El Roble, Tito Díaz.
Arana, que fijó residencia en Barranquilla, representa el símbolo de la impunidad costeña: condenado, poderoso y protegido.
Declaraciones de Mancuso, Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella confirmaron ante la Corte Suprema que Osorio servía al proyecto paramilitar.
De ahí surgió la matriz de una Fiscalía de bolsillo, diseñada para garantizar la impunidad de los aliados del poder.
Los Intocables siguen delinquiendo
La macro sentencia contra 25 miembros del Frente Pivijay de las AUC ordenó a la Fiscalía acelerar las investigaciones contra los civiles que auspiciaron el paramilitarismo.
Nada ha ocurrido.
En audiencias recientes de Justicia y Paz (2023), Salvatore Mancuso confirmó que Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías fueron financiadores directos de las autodefensas, en coordinación con miembros del Estado y la Fuerza Pública.
Los mismos apellidos del pasado siguen firmando contratos en el presente.
El desafío de Luz Adriana Camargo
La nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, enfrenta una tarea monumental: romper el blindaje de Los Intocables.
El problema no está solo en los altos despachos, sino en las seccionales de la Fiscalía, donde se incubó la corrupción paramafiosa que aún controla la justicia regional.
Transformar esa estructura no será fácil.
Si no logra desmontar las redes de poder que conectan a fiscales, procuradores y empresarios del crimen, la Fiscalía seguirá siendo el santuario del poder mafioso en el Caribe colombiano.
El desafío de Camargo no es judicial: es moral. Y el tiempo será testigo de si el Estado es capaz de derrotar a sus propios fiscales.
Antes de hablar de renovación política, se impone un barrejobo total en la justicia barranquillera y atlántica. Sin esa limpieza profunda, ninguna reforma será posible. Este seriado expone, con nombres y documentos judiciales, las claves de cómo la mafia capturó la justicia y la convirtió en su principal herramienta de impunidad.