¿Mañana martes será un nuevo día? Todo indica que la consulta de Petro es un «mete mono». O sea, como se dice en la región Caribe cuando una persona o cosa aparenta ser algo, su verdadero sentido es instrumentalizar la participación ciudadana desde el poder presidencialista. Ya lo hizo Álvaro Uribe cuando fue presidente. Si queremos reformas sociales profundas que beneficien a los trabajadores y a la sociedad, y, al mismo tiempo, se dé un salto cuántico para una democracia directa, la vía es la Asamblea Nacional Constituyente―ANC. Esta sería una solución radical, más democrática y expresión culmen de la democracia directa.
En ese sentido, coincidimos con el constitucionalista y expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, excandidato presidencial. En una consulta popular convocada por el gobernante, el pueblo no es soberano. En este caso, el soberano es el presidente. Es el único autorizado para preguntar. O sea, que de popular solo tiene el voto para decidir la pregunta diseñada por el jefe de Estado.
¿Quién pregunta?
El experto Araújo Rentería, participó en una disertación virtual con un grupo de líderes sociales. Esta instancia de deliberación fue coordinada por el constitucionalista Nixon Torres para discutir el tema. Araújo manifestó que en una consulta de origen presidencialista, el pueblo no es soberano. Porque quién hace la pregunta es el presidente y no la ciudadanía.
No puede consultarse sobre un proyecto de norma, un articulado, ni tampoco sobre una decisión que implique para su ejecución una modificación de la Constitución.
Desde el punto de vista procedimental, las dificultades son mayores. Hay dos obstáculos que debe superar. El primero, es el senado. La consulta junto con la pregunta diseñada por el presidente debe contar con la aprobación del senado. Es decir, la mitad más uno de la sesión deberá votar favorablemente. Para esto, tiene un plazo determinado por la ley.
En ese punto, surge una pregunta orientadora. Si las reformas fracasaron en el congreso, especialmente en el senado, ¿cambiarían las circunstancias con la consulta popular? No. Pero, si el senado no aprueba la consulta popular, el presidente puede convocarla vía decreto mediante un documento que contenga las preguntas redactadas de acuerdo con la ley.
El segundo obstáculo: la validación popular. Desde el comienzo, se debe aplicar el artículo 103 de la Carta Magna y se desarrolla en el Título V de la ley 134 de 1994 y 1757 de 2015. Según la Registraduría, el último censo electoral es de 40’963.370 personas habilitadas para votar. Cada pregunta debe tener una participación de 13’654.457 personas. El Sí, debería contar con al menos 6’827.229 apoyos.
¿Vía para reformar?
Y es que una consulta popular de origen gubernamental no sería la vía para sacar adelante las reformas a la salud, la laboral o romper el bloqueo del congreso. O enfrentarse a la Corte Constitucional en el eventual caso que declare inexequible la reforma pensional. Es el peor escenario para buscar la transformación que necesita el país. Solo fortalece el presidencialismo dominante y, paradójicamente, menoscaba la democracia directa.
En ese sentido se entiende que la participación ciudadana no debe estar sometida a la voluntad del gobernante, sea de izquierda o de derecha. Las masas no pueden ser seguidistas de gobernantes carismáticos.
Por el contrario, ellos deben seguir los designios del pueblo como soberano en una democracia moderna. La ciudadanía es la mandante que delega parcialmente su poder en su representantes. Pero, desafortunadamente, cuando estos ya están elegidos, actúan por sí solos traicionando los designios del pueblo.
En otras palabras, no se puede utilizar los mecanismos de participación ciudadana para mostrar poder popular del gobernante. Los líderes sociales, sindicalistas y populares deben entender que el mandante es la ciudadanía. Que si se quiere reformas poderosas, se debe apelar a otros mecanismos de origen ciudadano y no necesariamente del gobernante de turno.
Así como el presidente Álvaro Uribe convocó protestas contra las FARC, el presidente Petro lo hizo contra la Corte Suprema de Justicia y el congreso de la República. Esta conducta solo muestra un desprecio de la autonomía popular y de la importancia de que el poder democrático reside en la decisión popular y no en la decisión populista del gobernante.
Próxima entrega: el ABC de la consulta popular