Cuando retornó al país el legendario «Jorge 40» de pagar su pena por narcotráfico, el presidente de la época de Palmeras de la Costa S.A, era Alfonso Macías Azuero (hijo de Alfonso Macías Vargas), sindicado de paramilitarismo. Para esa época, sospechosamente desapareció más de $30 mil millones en un robo continuado sufrido por la empresa. Lo cierto de esta trama, es que los sindicados de delitos de lesa humanidad aún conservan el 10% de esas acciones dentro de dicha compañía sin que la Fiscalía actúe.
Ahora bien, este concierto lo encabeza Alfonso Macías Azuero y sus empresas, como se puede constatar en la compulsa de copia del Fiscal 5 Especializado de Barranquilla. La Fiscalía es omisiva para aplicar extinción de dominio en todos sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, empresas familiares, dentro y fuera del país. Las pruebas están allí. «Los Intocables» siguen detentando todo el poder que implica su capacidad de comprar la justicia y la política.
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Las pruebas
Una de las propiedades insignias del paramilitarismo fue la finca Potosí y aún no tiene la orden de extinción. Sus predios lo utilizaron como campo de entrenamiento, escondite de secuestrados y cementerio privado paramilitar. La toma ilegal del mencionado 10% de su participación accionaria en Palmeras de la Costa SA, casi la arruina.
De esta manera, estos criminales perjudicaron a otros accionistas dentro de los cuales se encuentra el sindicato de trabajadores. Este hecho es similar al de la empresa Triple A. Luego de una auditoría forense, se dieron cuenta que los inversionistas corruptos se apoderaron del 85% de las acciones de Inassa, procedentes de la trama de corrupción de la Triple A.
Extinción al 10%
En consecuencia, surge una pregunta esclarecedora que nos podría ayudar a perseguir los capitales mal habidos de «Los Intocables», los financiadores del paramilitarismo: Si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a las acciones corruptas de la Triple A ¿por qué no lo han hecho con el 10% de las acciones de Palmeras de la Costa que resultaron de los crímenes de lesa humanidad?
Por tanto, para responder a esa pregunta, en nuestro análisis de investigación, despejaremos tres interrogantes orientadores. Orientadores para la Fiscalía, los jueces y, en especial, la justicia de extinción de dominio y lavado de activos. Preguntas que van para la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, quien anunció una lucha frontal contra «Los Intocables».
Suficiente material probatorio
En el caso específico de «Los Intocables», existe todo el material probatorio de Justicia y Paz, testimonios de los postulados y excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Asimismo, compulsas de copia ―como la del pantallazo que se publica― a la justicia ordinaria y a la Corte Suprema de Justicia. Entonces nos preguntamos: ¿Por qué no existe extinción de dominio en contra de todos los bienes y empresas de Rafael Antonio Matera Lajud y Alfonso Macías, si está plenamente demostrado que fueron financiadores y auspiciadores de la organización criminal AUC, como así lo reiteró categóricamente su máximo comandante Salvatore Mancuso?
Cuando en Colombia se creó la ley de extinción de dominio, se pensó que ¡por fin! se iba a tener resultados contra la motivación de la corrupción y las acciones ilegales armadas: el lavado de activos. La OEA puso de ejemplo a Colombia y lanzó un libro denominado Combate al lavado de activo desde el sistema judicial. Uno de los textos era del destacado penalista y fiscal de entonces, Gilmar Santander.
El exfiscal coincidió con otros juristas de Barranquilla en el sentido de que contra el lavado de activos y para la extinción de dominio de Colombia, la emancipación del decomiso con relación al proceso penal, teóricamente incrementaría la eficacia de esa figura. Esto es, la extinción de dominio sin sacrificar las garantías constitucionales y legales del procesado.
¿Ha servido la extinción?
En otras palabras, la separación de la extinción de dominio con el proceso penal, coadyuvaría a combatir eficazmente el lavado de activos. Como se sabe, el fin último de los delitos de lesa humanidad o de cualquier otro delito atroz, es el enriquecimiento ilícito.
Lo anterior implica que no solo se busca una condena contra el agresor sino también la extinción de dominio de sus propiedades mal habidas para reparar a las víctimas. ¿Por qué razón? Sencillo. Con el dinero del narcotráfico, la creación de empresas criminales, la extorsión y la corrupción se facilita la descomposición para corromper la eficacia de la justicia, aumentando la impunidad.
Contrario a la ley
Contrario al espíritu de la ley, la realidad colombiana es otra. El Cartel de la Toga y el caso de «Los Intocables», retratan dramáticamente la evidente verdad de la impunidad, principalmente, en la Fiscalía. Si falla la justicia, falla el Estado Social de Derecho y la sociedad entra en un caos institucional donde solo puede imperar la corrupción y la violencia.
«(…) las actividades delictivas de alto impacto relacionadas con todo tipo de tráfico ilícito, extorsiones, secuestros, lavado de activos, creación de empresas criminales y corrupción, deterioran cada día nuestra sociedad …».
COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DESDE EL SISTEMA JUDICIAL, 2006
La paradoja en Palmeras de la Costa
Bajando al caso concreto de esta entrega, se observa algo paradójico e inadmisible. Dentro de Palmeras de la Costa S.A. cohabitan las acciones de empresarios honestos y del Sindicato de Trabajadores, con el 10% perteneciente a los herederos del paramilitarismo. Movimiento armado de derecha que a finales del 90 y comienzo del 2000 exterminó sistemáticamente líderes sindicales. También desplazaron y despojaron de sus tierras a miles de campesinos.
En ese sentido, se conocen informes financieros sobre las acciones de los financiadores del paramilitarismo que acompañaron las compulsas de copias. Pero, la acción de la Fiscalía es ineficaz, incluso, cómplice. Esta conducta reprochable se le atribuye al poder corruptor de «Los Intocables». Así lo demostró antes y durante la ley 600 de 2000 que buscó ser más garantista para los procesados. Pero la balanza de la justicia se la dejaron a operadores, muchas veces, inclinados por sus necesidades mentales o intereses particulares que los llevaron a vender su conciencia.
¿A quién beneficia esta parálisis de la justicia para atacar el lavado de activo en grandes empresas de la región Caribe y de toda Colombia? Los herederos del paramilitarismo consolidaron una clase empresarial resultante de delitos de lesa humanidad: exterminio, desplazamiento forzado, homicidios a personas protegidas, desapariciones forzadas.
La impunidad del 93,9%
El déficit de justicia está demostrado por el alto porcentaje de impunidad que, según estudios de la Secretaría de transparencia, llega al 93,9%. Este mero hecho, según los entendidos, llevará a un colapso total de la justicia. Así se concluyó en el Conversatorio Nacional del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 20 años del Sistema Penal Acusatorio, que se realizó en Ibagué en el mes de junio. El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, sentenció:
«La crisis de la justicia penal sería muy grave porque trascendería a muchas esferas del orden ciudadano».
Robo continuado en Palmeras de la Costa
A través de una auditoría forense Palmeras de la Costa comprobó multimillonarios robos realizados, supuestamente, por socios de «Jorge 40» y Salvatore Mancuso.
Citaremos, por ejemplo, a Darío Alberto Laino Escopeta condenado por homicidio), Alfonso Macías Vargas (fallecido, pero antes fue condenado en primera instancia por concierto para delinquir), Amparo Azuero de Macías ( esposa de Alfonso Macias Vargas), Carlos Humberto Azuero Cucalón (hijo de alias el capi Azuero), Leónidas Duque Hurtado, Juan Carlos Lobo Silva y José Manuel Orozco Ovalle. Con Alfonso Macías Azuero y sus empresas de fachada, mantienen el 10% de las acciones dentro de la mencionada compañía.
El Tribunal de Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía. Hasta ahora no pasa nada. Solo anuncios de prensa. Solo promesas oficiales que terminan en impunidad. Por esa razón, se confía en que la actual Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por fin haga justicia.
De la misma manera, para que no quepa la menor duda, existen sentencias condenatorias del 18 de diciembre de 2018, y 16 de diciembre de 2019, proferidas por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que comprometen gravemente a Los Intocables. Y tampoco pasa nada.
¿Falla en el servicio?
El nuevo sistema se inició el 1.º de julio de 2005. Desde el año 2010 hasta julio de 2024, la Fiscalía redactó (¡óigase bien!) 19’024.859 noticias criminales. Más de 19 millones de denuncias de hechos delictivos. Once millones de ellas fueron archivadas sin investigación. Más de tres millones se están investigando. Cinco millones se resolvieron por a través de sentencia, preclusión, preacuerdos o principios de oportunidad.
Según análisis de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), durante 2023, el 86,5% de las denuncias inactivas terminaron en archivo. Fue superior a la del 2022, cuando fue del 82%. En 2021, del 79,9%, En 2020, del 79,5 por ciento. O sea, que la impunidad en vez de bajar, viene subiendo escandalosamente.
¿Esta es una falla en el servicio del Estado para impartir justicia? ¿Se justifica una inversión de $83,3 billones para una Fiscalía inoperante? ¿Se justifica toda la inversión en justicia de paz cuando sus sentencias son un acto a la bandera, contrario al principio de reparación y no repetición? Se abre el debate con el caso de la infiltración de Palmeras de la Costa por parte del paramilitarismo.
En la próxima, responderemos a la siguiente pregunta: ¿Por qué los financiadores del paramilitarismo continúan activos amasando grandes fortunas sin que la justicia los toque?