«Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) y los oficios perdidos de la Fiscalía garantizaron dos décadas de impunidad. Ellos no creen en la justicia, porque lo demuestran con su propio ejemplo de impunidad. Que hasta se mean (¡literal!) en sus propias narices. Solo creen en el poder de su dinero y de sus armas. En el período más enlutado del paramilitarismo ―1996 a 2003― manipularon con su dinero malhabido a la Fiscalía General de la Nación hasta cooptarle. Ninguno de los fiscales que precedieron a Luz Adriana Camargo Garzón cogieron por los cachos al toro de la impunidad.
Por esa razón, cuando se cumple este 30 de agosto de 2024, un año de la supuesta compulsa de copia del macrofallo contra el frente «José Pablo Díaz», VoxPopuli Digital presenta los oficios perdidos de la Fiscalía como soporte probatorio de que esa cooptación criminal sigue vigente. Así se configura un posible prevaricato por ocultamiento de pruebas. Es el delito recurrente de sus altos funcionarios que pusieron al ente investigador como instrumento del crimen organizado y del enriquecimiento ilícito.
El frente «José Pablo Díaz» tiene entre pecho y espalda 400 homicidios y los terceros responsables poseen más de $20 billones como producto de esa empresa criminal. En tanto que la declaración de Salvatore Mancuso fue reveladora para hallar a los terceros civiles responsables.
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La mentira
«Una mentira puede dar la vuelta al mundo mientras la verdad todavía se pone los zapatos».
Mark Twain:.
Los oficios perdidos en la bruma de la impunidad
Un megadelito
La no remisión de esos oficios perdidos o el ocultamiento de las compulsas de copia de Justicia y Paz, hicieron de los procesos de paz, una forma brutal de reciclar la guerra, revictimizar a sus víctimas y garantizar impunidad a sus determinadores que aún detentan el poder económico y político. Ellos se mueren de viejo como Alfonso Macías Vargas, compañero de crimen de Rafael Antonio Matera Lajud, financista paramilitar, conocido de auto. Los dos fueron investigados por la Fiscalía Especializada de Santa Marta y Valledupar, respectivamente.
La Fiscalía respondió a un derecho de petición de 2007 diciendo que Matera Lajud tenía la investigación No 145723/06 por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y homicidio. Los dos últimos en concurso homogéneo.
Pero, Macía murió, al parecer, con una bolsa recolectora de sus excretas en sus manos antes de que se hiciera justicia terrenal. La colostomía que le hicieron no evitó que la parca se lo llevara para el otro mundo. Si bien había sido condenado en primera instancia por el delito de concierto para delinquir en el asesinato (27 de octubre de 1998) de Juan Aarón Noguera, hermano del magistrado Camilo Enrique Aarón Noguera, al parecer, fue absuelto en segunda instancia.
Pero, ¡tampoco! ese fallo de absolución aparece en los archivos de la Fiscalía. Todas las evidencias probatorias indicaron que él determinó el asesinato del magistrado dos meses después de ese histórico fallo condenatorio de primera instancia. (Ver: ¿Macías determinó asesinato de Noguera Aarón?).
Ante los medios de comunicación y el mundo de la justicia se anunciaban las compulsas de copia para investigar a terceros civiles responsables. Pero, luego dichos oficios los refundían en las calendas griegas. Y no es un caso de mandos medios. No. Está probado que existe un direccionamiento político de altos directivos de la Fiscalía para garantizar impunidad al bando que está en el poder. ¿Quiénes fueron o están procesados por este megadelito? La palabra la tiene Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general.
Los oficios perdidos y el prevaricato
En Colombia, el delito denominado prevaricato por omisión es un somnífero suave pero efectivo para denegar justicia. La duerme lentamente hasta hacerla ineficaz. Tiene el mismo efecto que la negligencia e inoperancia dominante en el poder estatal.
«El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.»
Entonces, el prevaricato es uno de los delitos más suave, pero efectivo a la hora de la impunidad. En estos casos de «Los Intocables», hace parte de un delito mayor: concierto para delinquir. El efecto superior: la impunidad en delitos de lesa humanidad. Significa omitir, olvidar, dilatar, prolongar, hasta hacer inocua la justicia. Es decir, hacerse la vista gorda hasta esperar que los términos se venzan para no procesar a los grandes criminales. Y, según relataron algunos litigantes, es un delito bien pagado por «Los Intocables».
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Estos son los oficios perdidos
En la Fiscalía no dan cuenta de los oficios perdidos. ¿Qué los hicieron? ¿Cuál es su trazabilidad? Por ejemplo: ¿Dónde está el oficio No 3730 del 30 de agosto de 2023 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla dentro de la comparecencia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso?
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¿Estos son los responsables de la omisión?
Ese oficio, firmado por el secretario de la Sala, Jorge Alberto Sequeda Peralta, remitió la compulsa de copia del material probatorio que se desprendió del proceso radicado en la Sala de Justicia y Paz con el No 08-0001-22-52-004-00007. Está dirigido a los siguientes altos funcionarios de la Fiscalía que deberían abrirle un proceso, por lo menos, por prevaricato por omisión:
Los funcionarios que deberían responder ante la misma Fiscalía:
- Liliana Patricia Donado Sierra, Directora Especializada de Extinción de Derecho de Dominio de la Fiscalía.
- Luz Ángela Bahamón Flórez, Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.
- Pedro David Berdugo Saucedo, Director Especializado de Investigaciones Financiera de la Fiscalía.
- José Salomón Strusberg Rueda, Director de Justicia Transicional de la Fiscalía.
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¿Qué o quién falla, señora Fiscal?
Esta es una de las frases más impactantes y efectista pronunciadas por la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón en su discurso desde la fría Bogotá. La Fiscalía conmemoraba los 19 años de la Ley de Justicia y Paz.
“Desde la Fiscalía hoy somos conscientes de las principales deudas del modelo de Justicia y Paz con la sociedad, la falta de resultados en la investigación de los financiadores del paramilitarismo, en la persecución de bienes con fines de reparación a las víctimas y en el hallazgo e identificación de las víctimas de desaparición forzada”.
Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
¿Falla el Estado o los humanos? El concepto de justicia fue creado por el ser humano, supuestamente, para defender a la sociedad del crimen. Y para ello cimentó un aparato llamado Estado que monopolizó la justicia.
En el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la justicia es el eje de la filosofía de los derechos humanos, por ser la virtud que orienta las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el individuo, y porque la justicia implica una igualdad.
¿Son virtuosos nuestros administradores de justicia que se dejan comprar por un plato de lentejas? ¿Qué igualdad puede existir en una sociedad donde el victimario es quien detenta el poder de la justicia? No son los discursos que deben diferenciar a los servidores públicos sino sus acciones.