Ninguno de los excongresistas conocidos como «parapolíticos» ―con excepción de Álvaro García Romero― fue procesado por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los excomandantes del paramilitarismo, como Salvatore Mancuso. Se colige que el 30% de los votos paras que eligió ese congreso fue el mismo que eligió en 2002 al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó por dos períodos y entregó la posta a Juan Manuel Santos con 8 años más de régimen Neobonapartista de derecha. Llama la atención que la justicia no persiguió los bienes de los condenados ni tampoco de los procesados con la extinción de dominio. Ni tampoco sus finanzas.
Hoy, con ese capital mal habido, los exparapoliticos financian sus grandes empresas y las campañas electorales de sus familiares que siguen manteniendo el poder de antes o más.
Así como los «parapolíticos», están los grandes empresarios denominados «terceros civiles responsables», que aunque no participaron directamente de esos delitos, financiaron a los criminales.
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Los «parapolíticos»
Cuando el 14 de mayo de 2007 Reginaldo Montes Álvarez era Senador de la República fue detenido por ser uno de los firmantes del llamado Pacto de Ralito. Un año después (2008) fue condenado a 6 años de prisión. Y después vino una chorrera de condenas y procesados que fácilmente superó el escándalo del «Proceso 8000». Esto ocasionó que el 30% del congreso comenzara a tambalear. Este era el porcentaje de los parlamentarios que hicieron acuerdo políticos con ellos.
En 2013 los nuevos partidos “paras” quedaron sin parlamentarios. Colombia Democrática del senador Mario Uribe, el primo del presidente Álvaro Uribe, desapareció. Lo mismo que Colombia Viva. Uno de sus senadores, Dieb Maloof, fue condenado y vinculado al homicidio del alcalde de Santo Tomás (Atlántico), Nelson Mejía Sarmiento. Hoy es un poderoso empresario de la salud y se señala de ser testaferro de Los Intocables.
Mientras que Mario Uribe vive en un apartamento de alias “Don Berna” en el edificio Saint Ettiene en Medellín. Según Lilia Solano, directora de la Unidad Nacional de Víctimas, ese inmueble estaba destinado para la reparación de las víctimas del conflicto.
La extinción de dominio
La extinción de dominio es una figura jurídica autónoma aprobada con la nueva Constitución Politica colombiana. Se buscó combatir los capitales derivados de los ilícitos del narcotráfico y del conflicto armado. Su primer e incipiente desarrollo legal tiene 25 años.
En ese aspecto, Ámbito Jurídico lo define así:
«Las características normativas de la acción de extinción de dominio, distinguida como una acción constitucional pública, real, autónoma, directa, patrimonial, jurisdiccional e independiente, relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad».
Sin embargo, la ley no ha sido efectiva para perseguir los bienes del narcotráfico, las organizaciones armadas criminales, la parapolitica y la corrupción. Son pocos los procesos grandes que han terminado en extinción.
Ese hecho se complicó más cuando en el 2020 la Corte Constitucional dijo que la carga para demostrar la mala tenencia de la propiedad, le correspondía al propio Estado. Entonces, “¿por qué se le pide a un ciudadano que ha actuado de buena fe que se encargue de este trámite?”
En Colombia, las causales de extinción de dominio se basan en el artículo 34 de la Constitución, que se refiere al origen de los bienes, y en el artículo 58, que se refiere a su destinación. Algunas de las medidas cautelares que se pueden tomar en un proceso de extinción de dominio son:
- Suspensión del poder dispositivo
- Embargo
- Secuestro
- Toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
La ley bien, pero…
Los mismos victimarios hacen uso de los bienes incautado. El ejemplo fehaciente es el caso del exsenador Mario Uribe. Pero el problema no está en la ley sino en la mente torcida de aquellos administradores que están al servicio de la mafia y no de la sociedad.
La extinción de dominio funcionó en Estados Unidos e Italia para combatir a la mafia. Pero en Colombia, es mermelada para los políticos compinchados con la misma mafia. En este caso la justicia no solo tarda sino que nunca llega. Son procesos muy tardíos que la hacen nula.
La clase política busca una aparente solución en reformar la ley. Pero, como se expuso en esta entrega, el problema no reside en el marco legal sino en la mente de sus administradores formados en el tener. Muchos de ellos guiados por la avaricia.
En este seriado periodístico pondremos al descubierto a los parapolíticos y grandes empresarios que financiaron el paramilitarismo y hoy son más poderosos que ayer.